La tecnología digital y los dispositivos móviles —como los teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y laptops— son herramientas que se consideran indispensables en la mayoría de las interacciones. No obstante, en los espacios educativos el debate supone mayor complejidad, pues el uso de determinadas tecnologías conlleva implicaciones para el desarrollo, seguridad, integridad y privacidad de las personas.
En ese sentido, deben advertirse diversas consideraciones para asegurar los derechos humanos y que la tecnología tenga como centro al ser humano: especialmente para los menores de edad, uno de los grupos poblacionales más vulnerables ante el uso de Internet. Desde las autoridades y como sociedad en general, vale la pena reflexionar a qué edad es adecuado que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un dispositivo personal conectado a Internet o si esta tecnología debe estar presentes en las aulas.
Alrededor del mundo, autoridades educativas locales y nacionales han impuesto prohibiciones para el uso no académico de los teléfonos celulares en las instalaciones escolares, o para evitar su uso en el alumnado menor de 15 años. Por ejemplo, en los Países Bajos se prevé una iniciativa que impediría su uso en aulas de educación básica y media superior, pues se consideró que éstos interrumpen el proceso de aprendizaje. En esta directiva nacional que podría comenzar a operar en el año 2024, se exceptuarán casos en los que los teléfonos se utilicen por razones médicas o debido a una situación de discapacidad.
En consideración a este fenómeno, un reporte emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó que la tecnología —esto incluye el uso de teléfonos inteligentes— sólo sea utilizada en clase cuando respalde los resultados de aprendizaje. A través del Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2023: tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?, UNESCO reconoció que la tecnología evoluciona vertiginosamente, lo cual dificulta empatar la evaluación de sus impactos en la educación, así como la toma de decisiones informadas para la legislación, regulación y el establecimiento de políticas en la materia.
En el contexto de este regreso a clases, debemos advertir que, en el panorama nacional no se cuentan con disposiciones que establezcan restricciones para el uso de dispositivos en las aulas. No obstante, entre las diversas iniciativas, se ha recomendado que cada escuela —en acuerdo donde se considere al personal docente, directivo y las familias— cuente reglas claras para su uso. Lo cual, representa un ejercicio de gobernanza y una buena práctica para considerar reglas que favorezcan y se adapten a cada contexto sociocultural, a las particularidades de cada centro educativo y a su alumnado.
En la construcción de las políticas y medidas para el uso responsable y adecuado de los dispositivos electrónicos, resulta relevante observar que, la protección de los datos personales y la privacidad son materias que todos los actores involucrados no deben dejar de lado. Las pautas que se establecen en la normativa en materia de datos personales, tanto del sector público como del privado, son útiles para guiar a todas las personas en el buen uso de la información de carácter personal. Además de que resultan una obligación para las autoridades y responsables a fin de gestionar adecuadamente la privacidad y los derechos de todas y todos.
En el INAI, como organismo constitucional autónomo garante de este derecho fundamental, reconocemos que la protección de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital debe ser una responsabilidad compartida que incluya a todas las partes, y seguiremos trabajando en ello. Contamos con herramientas de facilitación para cuidar la privacidad de niñas, niños y adolescentes, les invitamos a conocerlas en la página del INAI y en el micrositio: https://micrositios.inai.org.mx/clic/.