Juan Antonio Garcia Villa

Ahora impresentables al servicio exterior

Son claramente impresentables quienes recientemente anunció el presidente López Obrador que va a proponer como embajadores o cónsules generales de México en cuatro países.

Hace algunos años, no muchos, se empezó a usar con especial connotación el adjetivo ‘impresentable’, particularmente en el ámbito de la política. Se aplica éste a personajes de perfil tortuoso, de biografía oscura, por lo general pillos o sinvergüenzas que saben aprovechar las circunstancias o valerse de la protección de alguien poderoso para obtener beneficios, gajes o prebendas. Como cargos públicos para los que carecen de la preparación o habilidades necesarias para desempeñarlos siquiera medianamente bien.

Así, son claramente impresentables quienes recientemente anunció el presidente López Obrador que va a proponer como embajadores o cónsules generales de México en cuatro países. Es decir, que llegan impresentables de golpe, en número hasta ahora desusado a un mismo tiempo y precisamente al sector de la administración pública federal que se ha caracterizado por tener el mejor servicio profesional de carrera. No puede ser.

Es cierto que el titular del Ejecutivo tiene la facultad de nombrar (artículo 89- III de la Constitución) a los embajadores y cónsules generales. Pero también es cierto que tal facultad presidencial está sujeta a que las designaciones sean ratificadas (es la expresión que se lee en el artículo 76-II Constitucional), aprobadas (así dice el artículo 89-III) por el Senado de la República.

Como la Carta Magna no dice expresamente qué mayoría de votos requieren esas aprobaciones o ratificaciones de embajadores y cónsules generales, se entiende que son por mayoría simple de los senadores presentes cuando esas solicitudes son sometidas a votación. Mayoría que cómodamente completan los senadores de Morena, el partido del Presidente.

Lo relativo al personal diplomático del país, en cuanto a su ingreso al servicio, capacitación, promociones, etcétera, se rige por una ley denominada del Servicio Exterior Mexicano (LSEM). Este ordenamiento establece que su personal será básicamente de carrera, aunque abre la posibilidad de que excepcionalmente no lo sea. Y está bien, obviamente siempre que se trate de mexicanos de excepción por su preparación, honorabilidad y prestigio. No de exgobernadores de larga cola que como priistas favorecieron a los candidatos de Morena a sucederlos y ahora de esta manera se les retribuye su traición, de liderzuelos que más que a una embajada deberían ir a la cárcel o de personajes resentidos, borrachos y acosadores. No puede ser.

La LSEM establece en su artículo 19 que la designación de embajadores y cónsules generales “la hará el Presidente de la República PREFERENTEMENTE entre los miembros del servicio exterior de carrera”. Será interesante conocer las razones que López Obrador invoque para justificar ante el Senado no haber designado a personal de carrera y sí a cinco impresentables para las embajadas en España, República Dominicana, Panamá y Venezuela, y en el consulado de México en Barcelona. Seguramente no expondrá el Presidente razón alguna y de anunciarla ni remotamente podrá ser convincente.

A su vez, el artículo 20 de la mencionada LSEM dispone que “el Instituto Matías Romero [órgano desconcentrado de la SRE cuyo objetivo es preparar al personal diplomático] ofrecerá cursos en materia de política exterior a aquellas personas que sean designadas para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al Servicio Exterior”.

Por pura curiosidad, no necesariamente malsana, será interesante saber, luego de medir su nivel de conocimientos, qué cursos les ofrecerá el Instituto Matías Romero a los impresentables exgobernadores de Sinaloa, Campeche y Sonora, al turbulento agitador oaxaqueño y al ebrio-acosador. ¿O serán tan soberbios que dirán que no requieren capacitación ni curso alguno?

Lo más grave es que el Presidente y una mayoría de senadores actuarán, en estos casos, con total y absoluta irresponsabilidad, pues los nombrados serán aprobados, fatalmente, por el Senado. Será más factible que los países para los que han sido propuestos los rechacen, a que no se les ratifique en el proceso interno. ¡Qué vergüenza!

Ojalá el ciudadano-votante, cuando llegue el momento (que sin duda llegará), tenga presente éstos y otros tantos casos similares de los que a diario somos testigos.

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