Intensas, memorables y numerosas fueron las batallas que se dieron para arribar a la democracia. Se libraron éstas a lo largo de varias décadas, particularmente a partir de finales de los años 80. En el frente electoral fue donde se dieron los combates más duros. En él coincidieron —y en no pocas ocasiones— haciendo causa común, militantes de distintas posiciones doctrinales.
Con gran esfuerzo y tesón, porque aquellas batallas no fueron fáciles, finalmente se pudo transitar de un régimen férreamente autoritario a otro de signo democrático. Porque era en la política, y concretamente en la arena electoral, donde el otrora oficialismo priista solía ser más intolerante e implacable. Fue por tanto un gran logro alcanzar la alternancia en el año 2000 y avanzar en la transición a la democracia.
El antiguo régimen, como aún muchos deben recordar, se caracterizó por la existencia de un partido de Estado, con autoridades electorales sumisas y abiertamente parciales, autoridades que no dudaban en acudir a los peores métodos para asegurar la hegemonía del partido oficial, sin importarles que ello implicara el atropello a la voluntad popular manifestada en las urnas.
Me corrijo. No todos están en condiciones de recordar lo que ocurría en aquellos tiempos, porque no conocieron lo que entonces sucedía o quizá ni siquiera habían nacido. Sin embargo, con grandes esfuerzos se logró dar vigencia a la democracia electoral, como lo acreditan las numerosas alternancias de partidos en el poder registradas en las últimas dos décadas desde la Presidencia de la República —donde van tres— hasta los municipios más pequeños o remotos, y la casi total ausencia de conflictos postelectorales graves, tan comunes en un tiempo.
Veamos un dato, entre otros porque no es el único, que ha resultado clave en la vigencia de la democracia política. Es el relativo al padrón electoral. En contraste con lo que antes sucedía, cuando el padrón contenía un alto porcentaje de falsos votantes, hoy son realmente mínimos los errores que registra, explicables por tratarse de una tarea humana de enormes dimensiones, de casi 100 millones de ciudadanos, fotografía incluida.
Un dato al canto sobre lo anterior lo dice todo: Hasta hace no muchos años, nadie, y menos aún la banca comercial, por ejemplo, aceptaba la credencial de elector como documento idóneo para la identificación personal. Hoy todo el mundo la acepta y aun la exige.
Bueno, pues a pesar de lo anterior, en los últimos tiempos la autoridad electoral federal, es decir, el INE, ha sido objeto de una feroz campaña de desprestigio. Francamente no se justifica. Porque es probable que el INE tenga desaciertos u omisiones, como toda obra humana, pero de que ha cumplido con razonable eficacia las funciones que la Constitución y la ley le asignan, de ello no hay duda.
Afirmar lo contrario es mezquino. Señalarle, por el tono como se hace, las percepciones de algunos de sus funcionarios, es miserable. Alegan sus detractores que debemos tener una democracia “más barata”. No se les ocurre razonar que no hay democracia más cara que la que no existe. Ojalá esto nunca lo lleguemos a comprobar en la práctica.
¿A qué obedece tal actitud del régimen frente al INE y la ferocidad con que se manifiesta? Muy sencillo: los resultados de la elección federal intermedia, la de junio de 2021, en la que Morena y sus aliados obtuvieron dos millones de votos menos que los de la oposición en su conjunto, sin duda hicieron que el oficialismo entrara en pánico. Supone éste y con razón, que no será remoto que en 2024 pierda la Presidencia de la República y la mayoría en ambas Cámaras. ¿Qué hacer? El camino que han escogido es el de dinamitar el organismo que conduce los procesos electorales.
Ante esta realidad, que ya no es una simple amenaza sino una clara estrategia oficialista en plena ejecución, ¿qué corresponde hacer a los ciudadanos? No queda otro camino que salir en defensa —enérgica, activa, intensa— del INE. Como se hizo el pasado 13 de noviembre con las multitudinarias marchas en más de 50 ciudades, pero ahora multiplicados los participantes por diez, por veinte, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Para que ello no se olvide, se propone adoptar, como se hace en el ámbito gubernamental, en todos nuestros espacios de comunicación, a manera de lema, lo siguiente: 2023 AÑO DE LA DEFENSA DEL INE.