El avasallador presidencialismo que caracterizó al sistema político mexicano del siglo XX tuvo un contrapeso no en los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, no, sino en los llamados organismos constitucionales autónomos (Banco de México, CNDH, INE, Coneval, etc.), a través de los cuales se trató de contener el poder omnímodo del Ejecutivo.
El esquema se replicó en los estados, en los cuales el gobernador prácticamente decidía todo. Los Congresos y los tribunales locales eran -y en no pocos casos aún siguen siendo- meras figuras decorativas. Por eso también fueron surgiendo en las entidades federativas sendos organismos constitucionales autónomos. Y en esta materia Coahuila no fue la excepción. En su Carta Magna local se cuentan siete de dichos organismos, en materia electoral, de derechos humanos y de acceso a la información, entre otros.
Y por disposición del art. 3°, fracción VII, de la Constitución federal, goza de ese mismo rango la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). Y es precisamente en esta entidad académica donde –curiosa, grotescamente- encontramos una institución con autonomía al cuadrado. Vamos a llamarla así, por no encontrar otro concepto técnico-jurídico que defina mejor su naturaleza: Autonomía al cuadrado.
Antes de decir cuál es, procede señalar que ninguna institución o figura, así tenga el más acabado diseño plasmado en el marco jurídico que le da vida, está exenta de ser prostituida. Como ha sucedido con la que voy a mencionar, producto de la mente perversa de quien propuso su creación.
Es el caso de la llamada "Academia Interamericana de Derechos Humanos" de la UA de C, creada a todas luces para satisfacer caprichos del anterior gobernador y del actual, así como para favorecer con sumas millonarias a cierto personaje. Es por eso que en el presupuesto estatal de egresos para el próximo año 2019 se le pretenden asignar 40 millones de pesos. Cantidad por cierto superior al monto (38.5 millones de pesos) propuesto para la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
En efecto, en el art. 40 del proyecto de presupuesto estatal para el año entrante se le fija esa cantidad a la mencionada "Academia" en razón de que, se dice, se trata de "un instituto de investigaciones jurídicas de la UA de C, creado (por una ley) para asegurar el desarrollo permanente y sistemático sobre el estudio, investigación, docencia, asesoría y consultoría en materia de derechos humanos, a través de su cuerpo académico, sus órganos y sus actividades". Que por ello "gozará de una autonomía interna de organización y gestión" y se le dotará en 2019 de los mencionados 40 millones de pesos, monto que "formará parte del presupuesto asignado a la UA de C."
En otras palabras, como la UA de C es autónoma recibirá un presupuesto que, pase lo que pase en el curso del año, no se le podrá disminuir ni regatear. Como tampoco a la llamada "Academia Interamericana de Derechos Humanos", que a su vez es autónoma de la institución, también autónoma, que la cobija. Es decir, goza de autonomía al cuadrado.
Investigando al respecto resulta que la ley que crea esa "Academia" apareció publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de agosto de 2017, apenas tres meses antes de que concluyera su periodo el anterior gobernador Rubén Moreira.
Y en efecto el art. 4 de ese ordenamiento dispone que la dicha "Academia" es un ente universitario que "goza de autonomía presupuestal y administrativa en los términos de esta ley". Y el art. 7 dice que "gozará de autonomía interna de organización y gestión para garantizar los fines académicos de sus actividades". En otras palabras, se le otorga una autonomía adicional a la de la UAC para que ésta no atente en contra de una de sus partes. Autonomía al cuadrado, pues.
No cabe duda: mentes tortuosas, como la de los últimos gobernadores de Coahuila, son capaces de llegar a esos extremos de perversión. Y de estupidez.