La política en una democracia debe tener la virtud de la inclusión de las fuerzas sociales y políticas que respetan la mesa democrática, pero también el realismo para consolidar su responsabilidad de Estado que es proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía. En ese objetivo la capacidad de prevención se convierte en un baluarte de seguridad nacional, es decir, de los vectores que permiten que los elementos constitutivos del Estado continúen con eficiencia para preservar una gobernabilidad democrática real, no de discurso. El antiguo palacio de Cobián en Bucareli en CDMX, sede de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) debiera tener esa misión, más allá de los gobiernos en turno, no obstante, los actuales bloqueos en carreteras nacionales por legítimas causas en el agro, la inseguridad de los transportistas, el drama de los desaparecidos, entre otras causas a la que se tiene que sumar la declaratoria de que la jefa del Ejecutivo federal “no habla con la oposición, porque ella dialogo con el pueblo” rompe el cauce que SEGOB debe mantener en el contacto permanente e interlocución con todos los institutos políticos y colectivos sociales, incluyendo los de la oposición política real.
Si algo demostró la fortaleza del viejo régimen y de facto se constituyó como una vicepresidencia, fue la SEGOB. Diversos titulares gozaron del aura de la sucesión. Las excepciones de Adolfo López Mateos o de José López Portillo que brincaron al Palacio Nacional desde la Secretaría del Trabajo y la de Hacienda y Crédito Público, no hicieron perder fuerza al equivalente de un Ministerio del Interior. En el paso a la “nueva” disputa por la nación, la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto que detonó tres presidencias: Miguel De la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (que inició en esa cartera), no debilitó a SEGOB sino que profundizó su responsabilidad ante la apertura de las compuertas al pluralismo político que marcó la reforma política de 1977 encabezada por Jesús Reyes Heroles como titular en Bucareli.
La reforma al artículo 82 constitucional que exigía que sólo mexicanos con padres nacidos en México podrían ser mandatarios, liberó una loza para algunos, pero sin querer dio un mensaje contundente: el mejor titular de SEGOB es el que no tiene aspiraciones presidenciales. Reyes Heroles al tener ese candado supo que su papel era el de un transformador del régimen y profundizó en la larga vía de la democratización del sistema. Por cierto, la declaración de mea culpa de todas las fuerzas políticas sigue esperando, en especial las que fueron gobierno, para reconocer que muy pocos secretarios de Gobernación han sido dignos de recordar y de respetar.
Ante tres alternancias presidenciales, frente a las demandas de una sociedad diversa y bajo la necesidad de tener una secretaría de Estado y no “del movimiento” como cree la actual titular, volver a tener un titular de tiempo completo, sin aspiraciones presidenciales y con plenas capacidades de articulación y mando como sugiere ser “un jefe de gabinete”, es crucial. La desazón de la 4T con titulares de SEGOB que en la mirada de los hechos han sido “meros floreros” o un consentido casi hermano de AMLO que contaminó su labor política institucional por sus aspiraciones presidenciales, como lo hizo Adán Augusto López Hernández, refleja una miopía del ejercicio de saber gobernar además de mostrar una anémica falta de cuadros políticos para desempeñar las tareas de una secretaría, otrora poderosa.
Un titular de Gobernación, que se supone es cabeza del diálogo político con todas las representaciones políticas y sociales de una sociedad como la mexicana, tiene una camisa de fuerza para llevar una gobernabilidad democrática cuando sus intereses personales y aspiracionales por la presidencia de la república trastocan los de su misión que es crear puentes de entendimiento, anticiparse a las crisis, tener capacidad de prevención y de articular esfuerzos con otras áreas del Estado, la sociedad y los dos órdenes de gobierno.
El final de la Comisión Federal Electoral, que la hizo juez y parte de los procesos electorales federales, fue un triunfo democrático de todas las fuerzas políticas, incluyendo al viejo partido hegemónico y las diversas expresiones de la izquierda. Lo que fue un avance para la democracia como bien de todos, hoy pretende, ante la toma del INE, ser una reedición de una época superada alentada por la SEGOB en siete años de la mal llamada 4T. El ápice del poder que tuvo Bucareli para convocar a la certeza y democratización del voto, ahora es el montículo para el desarme de la república, tanto en el sufragio como en una serie de regresiones autoritarias como la intrascendencia de una debilitada CNDH o la incursión para inflar mayorías parlamentarias en un poder ajeno como el Legislativo.
Pocos observadores han advertido que la SEGOB tiene sus responsabilidades asignadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOADP) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 1976, es decir, de una ley con casi medio siglo reformada en diversas posiciones, entre ellas, las funciones de Gobernación y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública que ha tornado diversos nombres. La SEGOB, hoy está sin dientes y sin capacidad de resguardar el poder civil ante la militarización de la seguridad pública. La desaparición del CISEN, que fue el primero organismo de Inteligencia civil que sustituyó al oprobio de la Dirección Federal de Seguridad, no ha dado los frutos para una Inteligencia que identifique los retos para que el Estado tenga legítima autoridad y gobierne, es decir, que el Estado sea Estado, no policía política del régimen en turno. La propia LOAPF establece en su artículo 30 Bis, fracción XXVII, que será la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) la encargada de “Organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, el cual operará tareas de inteligencia en términos de la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, alcanzar la paz social, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno”. Desarticular el tema de seguridad nacional, que muchos políticos lo siguen viendo como sinónimo de seguridad pública de SEGOB con la SSPPC, ha derivado en un vacío de instrumentación además de conflictos inter burocráticos impulsados por las personalidades de cada secretaría o por el espejismo de creer que un secretario lo puede todo, incluyendo las rivalidades con el mando militar que cada día se acentúan.
Hoy la diatriba, el enfrentamiento verbal innecesario, el revanchismo desde el poder de todo lo que no sea 4T y el propio actuar de su titular que es capaz de presentar una bitácora de reuniones con grupos inconformes, pero sin seguir resolviendo la quimera de la paz social, son realidades que hacen ver a la SEGOB, más que como puente del gobierno, como un acorazado militante y represor. La secretaria podrá irse, pero el deber político exigirá repensar la arquitectura de SEGOB y su vínculo con la seguridad nacional, su reinvención para hacer política democrática -por más que sea una utopía en la 4T- que más temprano que tarde urge realizarla, de lo contrario la realidad será contundente en señalar que más que sus titulares sean un florero, será la propia secretaría un ornato, sin forma ni fondo, en el gabinete. Mientras, si primer deber inscrito en al artículo 27 de la LOAPF que dice que debe “Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”, es en los hechos, letra inerte.