El pasado 20 de diciembre, en la última sesión de Pleno del INAI, las y los comisionados del Instituto decidimos, por unanimidad, designar a María Esther Azuela Gómez y a Sergio López Ayllón, como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que analizará y valorará los perfiles y trayectorias de las y los aspirantes a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por los tiempos que vivimos, la responsabilidad que tiene nuestro Instituto es mayúscula. Precisamente, con profunda seriedad y compromiso quienes integramos el Pleno del Instituto hicimos la selección de candidatos y candidatas, buscando ante todo perfiles con reconocida trayectoria profesional, con capacidad profesional e integridad personal.
El desarrollo académico y trabajo de Azuela Gómez y de López Ayllón, tanto en el sector público como en el privado, así como el rol que han jugado desde la sociedad civil, respaldan perfiles que abonan con su experiencia a la imparcialidad y objetividad en la tarea que llevarán a cabo. De igual modo, como lo marca la ley, ninguno desempeña actualmente un cargo de elección popular (tampoco han sido postulados a algún puesto público ni han sido dirigentes de partidos políticos en los últimos cuatro años).
El artículo 41 de la Constitución faculta al INAI a elegir dos de los siete integrantes de este Comité que evaluará a las y los candidatos a consejeros del INE. Dos ya fueron nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y permanecen tres integrantes pendientes que le corresponden a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
La tarea que le corresponde al INAI, a la CNDH y a la Cámara de Diputados no es menor dado el contexto político en el que nos encontramos: hace unas semanas, el Senado de la República aprobó el llamado “plan B” de la reforma electoral, el cual ha generado polarización en el espacio público al considerar que tal medida podría poner en riesgo la autonomía y la independencia del INE. Será en el año 2023 cuando se definirá la situación del instituto electoral.
El que participen dos órganos autónomos como el INAI y la CNDH en este proceso, busca garantizar que las designaciones a consejeros no estén supeditadas a una lógica partidista y que se garantice la independencia y eficiencia de las autoridades electorales del país. Las instituciones debemos tener una visión de largo plazo que respete el Estado de derecho y fortalezca la democracia, construida a cuentagotas desde la sociedad civil durante las últimas tres décadas.
Antes del 6 de enero del próximo año deberá quedar instalado el Comité Técnico de Evaluación; del 9 al 20 de enero de 2023 se llevará a cabo el registro de los aspirantes a consejeros; y el día 23 de enero el Comité comenzará su labor. Para el 22 de marzo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) recibirá las listas de aspirantes para renovar las cuatro vacantes a consejeros. A finales de marzo e inicios de abril, conoceremos los resultados finales.
Hace unos días, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que, en su desarrollo, el Comité Técnico de Evaluación debe: actuar de manera autónoma de la JUCOPO; respetar las reglas en materia de paridad de género; y distinguir con claridad los perfiles propuestos para presidente o presidenta del Consejo General del INE y de las otras tres consejerías electorales a ocupar.
Seguiremos atentos a este proceso, pues respetamos la Constitución y las leyes que de ella emanan. Las democracias modernas funcionan por la existencia de controles en el ejercicio del poder. No se debe permitir que los contrapesos y equilibrios se debiliten. En este sentido, se debe igualar la balanza y no perder de vista el proceso que realizará el Comité de Evaluación. Todas y todos debemos convertirnos en contralores sociales para cuidar nuestra joven democracia mexicana.