Quien participe en este proceso electoral debe estar limpio. Lograr esto significa pasar del discurso a los hechos. Todas y todos los servidores públicos –y las candidaturas a cargos de elección popular– debemos de hacer públicas nuestras declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, y plasmar la verdad, porque quienes no declaran o lo hacen en cero generan más dudas que certezas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona que: “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los servidores públicos”. Esto significa que, al aceptar el cargo para trabajar en el servicio público, también aceptamos informar sobre nuestro patrimonio.
Este punto llegó a generar gran polémica con posturas a favor de la rendición de cuentas y otras en contra de vulnerar la privacidad. Sin embargo, hoy la realidad apunta a un consenso generalizado. Las declaraciones de situación patrimonial se ven como una herramienta para brindar confianza a la ciudadanía respecto a las decisiones y el desempeño de servidores públicos. Éstas sirven para documentar que los bienes con que cuenta un servidor correspondan con los ingresos económicos que recibe.
El principal supuesto es que hay incentivos asociados a la corrupción que se ven reflejados en un mayor patrimonio. En otras palabras, si conocemos cuánto tiene un servidor público podemos alertar ante un crecimiento inexplicable de sus bienes.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cada año promovemos que nuestro personal cumpla en tiempo y forma con esta obligación. A través de nuestra plataforma llamada DeclaraINAI, cargamos la información sobre propiedades, cuentas y participaciones en empresas. Además de señalar si estamos bajo una situación de conflicto de intereses por nuestras funciones, y debemos demostrar que hemos cumplido con nuestra declaración fiscal. El buen juez por su casa empieza.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es el ente encargado de recabar las declaraciones patrimoniales y advertir cuando algún servidor público no ha cumplido. Una situación polémica sucedió en 2020 cuando se presentó una vulneración a la base de datos con más de 830 mil declaraciones en posesión de la SFP.
Cabe puntualizar aquí que hay versiones públicas de estas declaraciones y que en la base se encontraban datos personales como CURP, RFC, domicilios particulares, número telefónicos, inversiones, bienes inmuebles y más. Desde el INAI dimos seguimiento al caso, ya que la SFP no notificó a los propietarios de los datos sobre la vulneración. En sesión del Pleno instruimos a que se mejorara la seguridad del portal Declaranet y se capacitara al personal responsable.
Por otra parte, en este proceso electoral, diversos medios de información consultan las declaraciones de las personas candidatas. Entre las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados encontramos en la fracción XII la referencia a publicar las declaraciones patrimoniales y ponerlas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias a esto, los medios exponen inconsistencias entre lo que se observa en las campañas y lo que refleja el papel.
Por eso es importante tener presente que del 1 al 31 de mayo se deberá presentar la declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación. Esta es una oportunidad para contribuir al proceso constructivo de la confianza en nuestro trabajo y las instituciones para la sociedad.
Nada te da más tranquilidad que transparentar tu patrimonio. Debemos cuidar el cargo cumpliendo con lo estipulado en la ley y cuidar la vocación de servir a la sociedad haciendo uso responsable de sus recursos para los fines que fueron recabados.
El que nada debe, nada teme.