El actual gobierno de Netanyahu busca promulgar una ley que permita a la Knéset (Parlamento) anular las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría mínima de 61 votos, dar a la coalición gobernante el control sobre el Comité de elección de jueces y limitar la autoridad de los asesores del gobierno. De acuerdo a una reciente encuesta de Start-Up Nation Central, con sede en Tel Aviv, Israel, la gran mayoría de empresas e inversionistas prevén que tendrán dificultades para recaudar fondos y hacer negocios en Israel.
De hecho, esta reforma judicial ya ha provocado la salida de fondos de Israel y varias empresas han anunciado su intención de dejar el país.
Cabe destacar que los líderes de la comunidad empresarial israelí y los principales economistas han advertido a Netanyahu las consecuencias negativas de las propuestas de su gobierno.
Las empresas israelíes recaudaron 14,900 millones de dólares en inversiones en 2022, la segunda cifra más alta de su historia; en la segunda mitad del año el ritmo de las inversiones disminuyó debido al alza de intereses, caídas en Wall Street, el aumento de los precios de energía y otros factores macroeconómicos. Los analistas prevén nuevas bajas este año, incluso sin tener en cuenta la reforma judicial.