Con creciente preocupación, con cuidadosa observación y, en otros casos, con franca alarma, los ojos del mundo se dirigen a México. Los motivos son diversos y van desde el respeto al comercio internacional, a las inversiones extranjeras, a la multicitada lucha contra la corrupción o al tráfico de armas. Las políticas del actual gobierno han sido tan contrastantes a una lógica liberal, democrática, respetuosa del marco de derecho, que en más de un gobierno han levantado las cejas con extrañeza.
La reciente visita del presidente López Obrador a Washington dejó, en general, un balance positivo. No hubo estridencias, se eliminaron las ocurrencias tropicales, el tono del mensaje fue sensato, maduro, conciliatorio y, por momentos, hasta con visión de Estado.
Ayer lunes, el canciller Ebrard, en el Consejo de Seguridad de la ONU, presentó la propuesta mexicana en contra del tráfico de armas. Recordemos que México ya había iniciado un litigio en contra de compañías fabricantes de armas en Estados Unidos en una corte federal. Ahora extiende su propuesta en el plano diplomático e internacional. Ambos aciertos de una acción estratégica.
En contraste, observamos señalamientos de organismos y medios internacionales que debieran, por lo menos, generar preocupación al gobierno acerca del prestigio y reputación a la baja de nuestro país en el mundo.
Ayer lunes, Human Rights Watch, este observatorio global de derechos humanos en el planeta, externó una seria llamada de atención en torno al discurso del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en los actos conmemorativos del aniversario de la Revolución, el pasado sábado.
El general secretario, rebasando los límites de su rol constitucional, pronunció un discurso político, en el que se pliega al gobierno en turno y a la 4T. Hace un llamado a respaldar el proyecto del Presidente: “Es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”, con lo que interviene de facto en política partidista y de gobierno. El Ejército mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional son órganos del Estado mexicano, no del gobierno actual, anterior o futuro; sus obligaciones están determinadas por la Constitución y no por su simpatía o militancia partidista. Muchos años hacía que en México no teníamos a un militar con aspiraciones políticas. Más de 50 para ser preciso.
Desde Santa Ana no teníamos tampoco un uniforme de gala con tantos galones y bordados en oro; ningún general secretario se había colgado tantas medallas, bandas y condecoraciones en tiempos recientes.
Human Rights Watch, con precisión certera, apuntó: “Cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra”.
Otro señalamiento internacional preocupante está en el reportaje publicado por el diario británico Financial Times, que exhibe, en la voz de múltiples expertos mexicanos, que la lucha contra la corrupción anunciada y difundida por el gobierno de López Obrador carece de sustancia ante la débil eficacia de condenas, sentencias y casos juzgados. Nada que presumir, dice el Financial Times, al señalar que los muy contados casos tienen más un matiz político que judicial.
No sabemos aún, se sabrá en días próximos con toda probabilidad, si los líderes de América del Norte (Biden y Trudeau) externaron a López Obrador su preocupación por el curso de su reforma eléctrica, que atropella derechos y garantías de inversiones internacionales, al tiempo que contamina el medio ambiente y fortalece un monopolio.
La propaganda no alcanza para todo; al contrario, tarde o temprano se desmorona.
Podrá haber mucho discurso contra la corrupción, aquí en el circo matutino diario o en Nueva York, pero carece de sustento con casos sólidos, investigaciones transparentes y dictámenes infalibles. No hay nada de eso. Como hemos dicho en varias ocasiones, la carencia de instituciones nulifica el combate a la corrupción.
Más aún, el gobierno emite disposiciones para iniciar proyectos estratégicos sin permisos, licencias ni dictámenes (Diario Oficial de la Federación 22/11/2021). Todo por decreto, en beneficio de las empresas que el gobierno señale. ¿Cuál combate a la corrupción?
Apenas la semana pasada se hizo del conocimiento público el otorgamiento de contratos por parte del Ejército a empresas fantasma. Reforma, Latin Us y otros han documentado la poca transparencia en los miles de millones de pesos otorgados el Ejército para lo que este gobierno califica como obras de infraestructura prioritaria.
Con toda razón, el general secretario manifiesta su apoyo irrestricto al proyecto gubernamental y pide el respaldo de la ciudadanía.