La semana pasada, en las pláticas entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, apareció un tema sobre la mesa del que nadie, incluido el canciller, han querido hablar.
A Washington asistieron el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal Alejandro Gertz y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, además de los secretarios de Defensa y Marina.
Se habló de seguridad fronteriza y de decomisos de armas –un tema vital para el gobierno mexicano–, que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirma que se han incrementado.
Los representantes americanos, Antony Blinken, secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas, de Seguridad Interna, señalaron la relevancia de detener el flujo de fentanilo a territorio estadounidense.
Hasta ahí, todo muy bien. Funcionarios de primer nivel de ambos gobiernos, sentados a la mesa, analizando soluciones conjuntas y rutas de acuerdo para problemas sensibles.
No conocemos, y tal vez no lo hagamos en el futuro, el tono privado de las conversaciones, salvo, tal vez, alguna filtración en medios americanos.
Pero entre todo este espacio de diálogo y entendimiento se mencionó, casi de forma colateral, que México recibiría inmigrantes venezolanos y nicaragüenses en territorio nacional, a cambio de un mayor número de visas de trabajo para mexicanos.
Así como, tangencialmente, sin que acaparara muchos reflectores, se dejó de lado la mención, sin que ningún funcionario explicara los términos y las condiciones.
La Cancillería mexicana no ha ofrecido mayor información, pero sabemos la postura oficial: México no es “tercer país seguro”, el estatus que Washington asigna a aquellas naciones que pueden recibir inmigrantes a Estados Unidos, cuyos trámites de asilo, visado o estatus migratorio están pendientes o en proceso.
El gobierno mexicano ha sido enfático en señalar que no asumimos esa categoría ni responsabilidad, pero en los hechos, desde el gobierno de Trump ha sucedido.
Cuando las caravanas centroamericanas llegaron en los últimos tres años a la frontera sur de la Unión Americana, según los “acuerdos” y chantaje de Trump a cambio de no imponer aranceles ni castigos, México aceptó que muchos de esos migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador –principalmente– permanecieran en nuestro país.
Hoy, cuando existen múltiples y concurridas corrientes migratorias provenientes de Venezuela y de Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos nuevamente solicita –¿impone?– a México que los resguarde en su territorio.
En los hechos, somos un tercer país seguro, aunque Ebrard y AMLO digan lo contrario.
En las pláticas de la semana pasada no se informa cuántos son; es decir, cuántos ciudadanos de Nicaragua y Venezuela recibiremos en los puntos fronterizos del norte, mientras las autoridades norteamericanas definen cuotas de aceptación y estatus legal.
Tampoco el gobierno de México ha informado acerca de las condiciones, el periodo de “refugio” o “asilo” y, una vez vencido ese plazo, quién se hará cargo de enviarlos de regreso a sus países de origen.
Es un tema delicado, que nadie ha querido explicar.
Aceptar grupos numerosos provenientes de distintos países en ciudades del norte del país modificará la integración demográfica y social. El caso de Tijuana es tal vez el más representativo, cuando miles de migrantes esperan por meses la oportunidad de “cruzar” y permanecer en Estados Unidos. Se modifica la dinámica social, la convivencia, el fenómeno criminal de la trata de seres humanos, el comercio, el hospedaje y muchos otros temas.
De hecho, el Instituto Nacional de Migración en México desconoce con exactitud cuántos migrantes de Centro, Sudamérica y países asiáticos han entrado a nuestro territorio y permanecido en él, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
La frontera entre México y Estados Unidos, la más rica, diversa, porosa y cruzada del planeta, tiene 29 ciudades fronterizas y 41 cruces en total, por el número múltiple de garitas que más de una ciudad acumula. Es enorme.
Por ello, determinar dónde, por cuánto tiempo, en qué cantidad y bajo qué condiciones México recibe y acoge a migrantes que Estados Unidos no acepta –ni, eventualmente, aceptará– ayudaría enormemente a mejorar nuestras relaciones bilaterales.
Pero, sobre todo, a cuidar y mejorar las condiciones de nuestras ciudades fronterizas, muchas de ellas invadidas, deterioradas y con altos índices de criminalidad ante la incapacidad de recibir y acoger a más migrantes.