Todo iba bien. Señales favorables en la economía, disminución en la tasa de inflación, tasas del empleo a tope de crecimiento, un Senado bajo control con no sólo uno, sino dos asientos de ventaja y una Cámara de Representantes opositora y altamente hostil que podría ser neutralizada en términos legislativos por el propio Senado.
Y de repente… documentos confidenciales en la oficina personal de Biden en Delaware, su estado natal y sede de su casa familiar.
Es el inicio de una pesadilla para el presidente Biden, que hasta este incidente, podría trazar la segunda mitad de su administración, considerando si presentarse o no para las siguientes elecciones. Especialmente cuando no hay figuras demócratas de enorme peso o de reconocimiento nacional.
El hallazgo de estos documentos, cuyo contenido se desconoce públicamente, coloca al presidente Biden en la “misma categoría” que su antecesor Donald Trump.
Recuerde usted que el FBI hizo un cateo a la propiedad en Florida y residencia actual del expresidente (Mar-a-Lago) hace unos meses, para requisar cajas de documentos con material no sólo confidencial, sino secreto, propiedad del gobierno de Estados Unidos.
La Ley de Archivos Nacionales establece que todo servidor público de alto rango, especialmente el presidente de la nación y el vicepresidente, que por sus funciones tienen acceso a los documentos más delicados en materia de seguridad nacional, espionaje, inteligencia, logística militar y muchas otras cosas más, deben entregar al Archivo Nacional toda esa información al dejar su oficina y cargo.
Trump se hizo famoso por negarse a entregar múltiples documentos, incluso bajo solicitud expresa del Congreso y después del Departamento de Justicia. El resultado fue la orden de cateo firmada por un juez, para entrar a su residencia y requisar todo material propiedad del gobierno federal, especialmente información confidencial y comprometedora.
Hoy la Fiscalía General estudia si presenta cargos criminales o no por la sustracción de esos documentos en contra de Trump, quien, por cierto, se valió de múltiples artimañas judiciales –como solicitar un investigador especial autónomo– para impedir que esos documentos se revisaran, o que se le acusara de algo.
En este contexto, aparecen seis hojas –aparentemente– en el garaje de una oficina personal de Biden en Delaware. Documentos confidenciales, sin determinar aún al nivel o la clasificación de “secreto” que pudiesen tener.
Biden ha dicho que ignoraba la existencia de esas páginas y, más aún, su contenido, como tratando de explicar que su equipo olvidó entregarlas cuando dejó de ser vicepresidente, en 2016.
El problema es que, a la luz de la investigación firmemente justificada en contra de Trump, a quien por cierto le requisaron 11 cajas con miles de hojas, el olvido, la falta o la omisión de Biden y su equipo se convierten en un instrumento político de enorme valía para los republicanos.
El fiscal general, Merrick Garland, quien está en la lista de blancos y objetivos de ataque por parte del nuevo liderazgo republicano en la Cámara baja, tuvo la inteligencia de designar a un fiscal especial de origen absolutamente republicano para investigar el caso de Biden.
Ahora tendremos que esperar el resultado de ambas investigaciones, la gravedad de las faltas y las sanciones que se puedan imponer.
Pero lo que resulta evidente, es que para el señor McCarthy –nuevo presidente de la Cámara de Representantes– el tropiezo de Biden será un ariete enormemente poderoso en contra del presidente de Estados Unidos, a quien pretenden someter a un proceso de destitución –impeachment– como venganza a los dos juicios a los que la misma cámara –entonces bajo el liderazgo demócrata de la recientemente retirada Nancy Pelosi– sometió a Donald Trump.
La Casa Blanca ha pasado a la defensiva, cuando las primeras palabras y declaraciones habían sido para minimizar el hecho como tangencial y secundario.
Ahora Biden enfrentará la pesadilla de que, si acusan a Trump, como seguramente sucederá por sustraer, esconder, negar la entrega y ocultar miles de documentos, a él lo puedan colocar en la misma condición.
Peor aún, los republicanos en el Congreso tienen ya un argumento político para negociar la eliminación de todo cargo en contra de Trump, a cambio de no acusar formalmente al presidente.
Vaya rompecabezas judicial, que incluye al propio fiscal y a los investigadores.