Vivimos como país un momento de tensión y aspereza con Estados Unidos.
Esto contradice el discurso oficial del presidente López Obrador, quien afirma que hay un muy buen entendimiento y trabajan juntos en múltiples áreas. Eso es parcialmente cierto, porque también existen crecientes puntos de tensión y desencuentro.
El más notable sucedió el viernes último con la detención, secuestro y desaparición de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas.
Los hechos están registrados en video, que se mostraron ampliamente en Estados Unidos. Sangre en el piso, cuerpos inertes –nadie sabe si con vida o no– de dos afrodescendientes arrastrados por el piso y, finalmente, el grupo completo subido a la caja de una pick up antes de desaparecer.
Corren versiones no comprobadas de que los ciudadanos americanos que viajaban en una camioneta con placas de Carolina del Norte venían a México a comprar “medicinas” o algo más. Los malosos mexicanos, aparentemente, los confundieron con integrantes o agentes de otro cártel y se presentó el secuestro.
Ayer lunes acudió Ken Salazar a Palacio Nacional para sostener una reunión de dos horas con AMLO. Dijeron, sin comunicado ni declaración, que trabajan juntos para encontrar a los desaparecidos y detener a los responsables.
Tamaulipas dio a conocer la formación de un grupo especial que incluye a todos (Ejército, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Comisión Nacional de Búsqueda y otras más).
Pero en Estados Unidos los temas se complican: dos legisladores del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado pretenden impulsar la ley, propuesta en enero, para declarar “terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico”. Esa clasificación otorga poderes y facultades al presidente de Estados Unidos para utilizar violencia militar, táctica y estratégica en contra de dichas organizaciones en cualquier rincón del planeta donde se encuentren.
Es decir, imagine usted a un Grupo Delta de marines o Boinas Verdes del Ejército americano en operativos a bordo helicópteros camuflados sobre los cielos de Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Guanajuato o donde usted quiera, con el fin de aprehender, detener y eliminar a células delictivas que trafican sustancias y, especialmente, fentanilo a Estados Unidos.
Esto no es nuevo. Hace meses que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pretendió hacerlo a nivel estatal –sin ninguna repercusión– y luego presionó para llevarlo a nivel nacional.
Estados Unidos está a punto de arrancar un proceso electoral competido rumbo a los comicios federales de 2024 (noviembre). Esto quiere decir que habrá elecciones primarias (al interior de cada partido para designar a sus candidatos) tan pronto como noviembre de este año. La pelea será intensa, especialmente en el terreno republicano.
En ese contexto, los republicanos usarán todo recurso a su alcance para golpear al gobierno de Biden y a los demócratas, para demostrar que han sido incapaces de detener la crisis del fentanilo (causante de la muerte de 108 mil estadounidenses en 2022) y la corriente migratoria hacia su territorio. Serán ejes temáticos y narrativos de la campaña.
Por ello, para México se convierte en un tema esencialmente delicado. Estamos a punto de convertirnos –una vez más– en la piñata favorita en la contienda por la Casa Blanca, como sucedió en 2016 (Trump vs. Hillary Clinton).
Por si faltaran elementos, están otros extremadamente complicados: los conflictos comerciales. Han solicitado ya en Washington el inicio formal de consultas para determinar si México viola o no el T-MEC al prohibir la entrada de maíz transgénico amarillo a nuestro territorio; una nueva demanda en materia laboral por la queja interpuesta en la planta Unique Fabricating en Querétaro, por supuestamente denegar derechos laborales a los trabajadores.
Aún no resolvemos el complejo tema energético, ni el del gas, cuando ya estamos involucrados en otra disputa.
Apenas la semana pasada el Departamento de Estado hizo un señalamiento en el sentido de observar con extrema atención la “reforma electoral” y sus consecuencias para la formación de instituciones democráticas sólidas. Y después Blinken hizo otra declaración en el mismo sentido.
Hacía muchos años que no teníamos –como país– tantos frentes abiertos con nuestro vecino del norte. El tema comercial seguirá su curso, el migratorio también, pero el de la seguridad resulta, tal vez, un tema de seguridad nacional para Estados Unidos por la incesante muerte de sus conciudadanos por sobredosis de una poderosa sustancia que proviene de Asia, pero entra a su país por nuestro territorio.
Por supuesto que el gobierno federal o el estatal en Tamaulipas no son responsables por los hechos en contra de estos cuatro ciudadanos americanos, pero del clima creciente de violencia, inseguridad y territorios extendidos bajo control de organizaciones criminales, sí lo son, y esto puede provocar expresiones desbocadas por parte de los conservadores estadounidenses, como cuestionar si el presidente de México representa a los ciudadanos o a los criminales. Muy delicado.
Mientras aquí se lanza la ofensiva en contra del narco-Estado de Calderón y el juicio y veredicto de culpabilidad de García Luna, hoy el gobierno de México será sometido a una metralla de acusaciones desde Estados Unidos por la ausencia de combate al narco, por la sospechosa cercanía de López Obrador con los Chapos y Chapitos, y por la ola violenta en aumento que vive México.
Nada que del otro lado sea bien visto.