Benjamin Netanyahu, premier israelita, anunció ayer que piensa posponer la vital votación en el Parlamento con la que busca modificar los términos, alcances y funcionamiento del Poder Judicial. Una reforma que ha provocado enormes protestas y manifestaciones en todo el país por lo que ciudadanos y oposición consideran un ataque a la democracia.
El sistema de gobierno israelita consiste en una sólida democracia parlamentaria: eso quiere decir que gobierna el partido que alcanza el mayor número de asientos en el Parlamento, como en buena parte de los modelos europeos.
La Corte Suprema, cabeza del sistema judicial, representa el gran contrapeso a las decisiones del Parlamento y del gobierno, que son controlados por la misma mayoría.
En este caso Netanyahu construyó una alianza de fuerzas políticas y partidos del ala conservadora, de derecha y, en algunos casos, de ultraderecha.
Netanyahu ha gobernado Israel y ha entrado y salido del gobierno en múltiples ocasiones durante los últimos 15 años. Político muy experimentado, originalmente de centro-derecha, que al paso de los años y por la integración de coaliciones de gobierno, se ha inclinado hacia la derecha más rancia, conservadora y extremista.
Este es el gobierno que hoy pretende restringir derechos y alcances al sistema judicial, limitar sus funciones de Estado en el control y contrapeso del gobierno y del propio Parlamento. Incluso, punto central de las protestas, la reforma pretende controlar el proceso mediante el cual se designan a jueces y magistrados, para filtrar perfiles acordes a su ideología y política conservadora.
Algo muy semejante a lo que impulsó Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cuando desiginó a tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, rompiendo una tradición de equilibrio entre liberales y conservadores. El Partido Republicano, guiado por Mitch McConell desde el Senado, promovió la designación de jueces y magistrados conservadores en todas las cortes del país durante los últimos cinco años, provocando, en los hechos, un viraje del sistema de justicia americano. Para prueba, la contrarreforma en materia del aborto recientemente aprobada.
Y si comparamos con México, sucede algo muy semejante. Cuando un presidente pretende tomar control de todos los organismos y poderes autónomos de un país, mediante la designación de responsables y titulares afines a su proyecto político. Ahí tiene usted a los ministros de la Corte designados por AMLO, a la presidenta del Banco de México (sin experiencia monetaria alguna) y del anunciado atentado con los aspirantes a consejeros electorales del INE.
El titular del Ejecutivo puede valerse de todos los recursos y alcances para torcer el curso de la democracia de un país. Para instalar un grupo que gobierne por muchos años, y por establecer un curso único, indubitable e indebatible, impuesto por un grupo político.
Es de gravísimas consecuencias.
Esto pasa hoy en Israel, que se han encendido en inflamadas protestas en múltiples ciudades, con personas marchando por las calles y enfrentando a las fuerzas policiacas.
No se trata de una crisis por las diferencias políticas, religiosas y territoriales con Palestina y los territorios ocupados, como tantas veces en el pasado.
Esta vez se trata de una crisis política interna, detonada por la imposición de un gobierno frente a un sistema democrático. Se trata de una amenaza a la democracia más sólida de Oriente Medio, paradójicamente –como sucede en los tiempos que vivimos–, gestada desde el interior, en la cuna del propio gobierno.
Las lecturas en torno a la posposición anunciada por Netanyahu son múltiples: la primera, según él mismo, dar tiempo al debate y la discusión de fondo. La segunda, comprar tiempo para desactivar la creciente oposición ciudadana en las calles, al tiempo que sorprenden con una votación sorpresa.
Una más es que ha tomado el pulso de la oposición callejera, y ofrecido la tregua para tranquilizar a las extremistas de su coalición en el gobierno.
Nadie sabe cuál será el desenlace, pero desde Londres varios analistas pronostican la potencial caída del gobierno, si insiste en llevar la reforma adelante. Veremos.