Hoy martes hacia las 4 de la tarde de Miami (3 de la tarde en Ciudad de México) Donald Trump comparecerá ante un tribunal federal de esta ciudad, para escuchar la acusación en su contra por 37 cargos criminales en el caso de los documentos de Mar-a-Lago.
Si usted no está familiarizado con el caso, tiene que ver con cientos de documentos confidenciales que Trump sustrajo ilegalmente de la Casa Blanca en enero de 2021, cuando tuvo que abandonar el cargo después de su derrota en noviembre de 2020 frente a Joe Biden.
La ley señala que debía entregar todo documento confidencial, sensible, de seguridad nacional a los Archivos Nacionales, para su clasificación y resguardo.
Trump violó la ley y se los llevó.
Durante los siguientes 16 meses recibió solicitudes y después citatorios judiciales, para entregar dichos documentos que el expresidente sistemáticamente negó tener en su posesión.
Hoy sabemos, por la acusación publicada por el Departamento de Justicia, que Trump no sólo mintió al negar su posesión, sino que además instruyó a sus ayudantes para esconderlos, ocultarlos y/o destruirlos.
Sabemos que al asistente al que giró tales instrucciones, Mike Nauta, responsable de mover la ubicación de los documentos dentro de la residencia (entre un salón del hotel, un baño, la habitación de Trump y otros sitios), mintió al Departamento de Justicia al negar la existencia de tales documentos.
De los 37 cargos, hay 31 relacionados con la retención intencional de información de seguridad nacional. Éste es el tema altamente delicado, puesto que Trump mantuvo en su posesión información sensible respecto a “la capacidad armada de defensa de Estados Unidos”, que incluye programas nucleares y los puntos débiles y vulnerabilidades del sistema de defensa.
La acusación señala que en dos ocasiones (hay registro de las personas y la conversación) Trump mostró dichos documentos a personas ajenas al sistema de defensa o al nivel de seguridad y confidencialidad para tener acceso a dicha información.
Llegó a mostrar un plan militar para un ataque estadounidense al extranjero, localidad no revelada en la acusación.
William Barr, fiscal general de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, declaró este fin de semana: “Trump no es una víctima en este caso; está equivocado al pensar que él tenía derecho a mantener esos documentos en su posesión”.
El equipo legal de Trump enfrenta graves retrocesos: este viernes, los dos abogados penales titulares del equipo del expresidente renunciaron. Jim Trusty y John Rowland, cabezas del equipo legal, presentaron su renuncia, provocando un grave impacto a la defensa del aspirante republicano.
Hasta ayer lunes se sabía que buscaban desesperadamente abogados penales con licencia en Florida (un abogado en Estados Unidos requiere haber aprobado el examen de la Barra de Abogados en cada estado para poder ejercer en dicho territorio) para enfrentar el juicio hoy martes.
La rutina de hoy consiste en la lectura de los cargos, a la cual el acusado, presente en el tribunal con sus abogados –si encuentra–, se declarará inocente, y la juez fijará la fecha de inicio del juicio, los testigos, la integración del jurado y todos los procedimientos.
Trump, en su estilo cínico y fanfarrón, declaró en mítines políticos este fin de semana que se trataba de una cacería de brujas y que era una víctima del sistema de justicia, al que prometía “limpiar” si alcanza una vez más la Casa Blanca en 2024.
Además de estos juicios, el expresidente enfrentó ya dos en el estado de Nueva York, de los que fue señalado culpable: uno civil, por defraudación contable y fiscal, al elevar artificalmente el valor de sus propiedades inmobiliarias, y dos, una acusación por violación de una periodista hace 30 años en un almacén departamental, del que fue señalado culpable de abuso sexual y sentenciado a pagar una indemnización de 5 millones de dólares. El equipo legal de Trump impugnó la multa y hoy se encuentra en tribunal de apelaciones.
Otro trascendente juicio penal con implicaciones políticas tiene que ver con su intento por manipular y desconocer el resultado electoral en el estado de Georgia en 2020. También estuvo en manos de un gran jurado, que está muy próximo a dictar veredicto, muy probablemente culpable, puesto que existen grabaciones telefónicas de Trump desde la Oficina Oval dando instrucciones para cambiar el conteo de los votos.
Y tal vez el más importante, el que pudiera impedir su candidatura y potencial elección, e inhabilitarlo de por vida para un cargo público, es el del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, del que se señala como responsable, orquestador, coordinador y líder.
Si ese juicio, cuyos cargos incluyen sedición, conspiración, insurgencia y rebelión, concluyera en su contra, Trump estaría impedido de ser candidato y presidente.
Sin equipo legal al frente, con abogados en Nueva York, Florida y Washington desistiendo de su defensa por el daño reputacional que pudieran tener, Trump enfrenta un auténtico calvario judicial, del que muy probablemente saldrá dañado, aunque su popularidad y respaldo electoral siguen por las nubes.
Grave reto al sistema de justicia de Estados Unidos, cuando planteará, a partir de hoy, si un político con amplio respaldo popular se encuentra –como él mismo piensa– por encima de la ley.