Ya lo sabíamos. Estaba muy anticipado. Si Donald Trump ganaba una vez más la presidencia de Estados Unidos, se otorgaría el autoperdón para desechar todos los casos judiciales en su contra. No fue necesario. Los jueces, investigadores y fiscales presentaron mociones para cerrar los casos.
Una ley desde 1973, los convulsos años del Watergate, impiden cargos penales en contra de un presidente en funciones.
En los hechos, Donald Trump fue electo por una amplia mayoría de la población estadounidense, portando ya un veredicto de culpabilidad por el jurado en Nueva York por el juicio promovido por la actriz porno Stormy Daniels. En este juicio, estaba prevista la sentencia fijada para hoy martes 26 de noviembre.
El juez Juan Merchan había aceptado una moción por parte de los abogados de Trump de aplazar su sentencia hasta después de las elecciones del pasado 5 de noviembre.
De la misma forma, el juez Merchan tenía previsto emitir una decisión acerca de la inmunidad de un presidente en funciones. Aquella decisión polémica de la Corte Suprema que facultaba a un presidente en la Oficina Oval a actuar prácticamente como quisiera.
El juez tenía que pronunciarse en este sentido, puesto que pendía la sentencia después de que el jurado lo dictaminó culpable.
Ya no sucederá. Juan Merchan aceptó la moción de la defensa –los abogados de Trump– para desestimar el caso: en los hechos, cerrarlo y mandarlo al archivo.
Lamentablemente lo mismo sucederá con los otros juicios pendientes.
El de manipulación electoral en el estado de Georgia había sido desestimado y archivado desde hace meses.
El de la sustracción de papeles confidenciales de la Casa Blanca, que fueron incautados por el FBI en su residencia de Mar-a-Lago, también fue prácticamente sobreseído.
Y el último y más delicado, el ataque al Capitolio, la insurrección promovida y dirigida a impedir la validación electoral del triunfo de Biden en 2020, recibió la solicitud del fiscal especial, Jack Smith, a la juez Tany Chutkan, de Washington, DC, quien ayer mismo desestimó el caso y lo mandó al archivo.
Se cierra así una de las peores lecciones jurídicas en la historia de Estados Unidos.
La lentitud de los fiscales, la presión política de los republicanos conservadores fieles a Trump, más la amenaza y el temor de su regreso al poder, inhibieron el trabajo eficaz y expedito de la justicia estadounidense. Un día vergonzoso para un país que pretende darle lecciones al mundo de su aparato de justicia.
Desde que Nancy Pelosi, al frente de la Cámara de Representantes, realizó desde 2021 las sesiones abiertas de testigos e involucrados en el ataque al Capitolio, había suficiente evidencia para condenar a un expresidente que intentó asestar un ‘golpe suave’ a la democracia estadounidense.
Entiéndase golpe suave como la versión más sutil de un descarrilamiento del poder y la vida institucional, sin el uso del Ejército o las Fuerzas Armadas.
Trump se fue invicto. Derrotó a todos los fiscales, a todos los jurados y jueces que, por momentos, parecieran imponerse sobre un truhan manipulador, violador sistemático de la ley, mentiroso sin escrúpulos.
Nadie pudo. Esa es la verdad. Todos se doblegaron ante el inmenso movimiento (MAGA) que movilizó a millones a su favor el pasado 5 de noviembre.
Hoy quienes lo acusaron y señalaron como culpable están en riesgo. La brillante, talentosa y valiente fiscal general de Nueva York, Letitia James; el propio juez Marchan, que lo sancionó en innumerables ocasiones durante el caso de Daniels, y el de los 34 cargos por desvío de fondos y precios inflados en su emporio de bienes raíces.
La historia no permite los ‘hubiera’, sólo consigna los hechos. Pero si Trump hubiese sido condenado en uno o más de esos juicios, ¿qué podría haber pasado el 5 de noviembre?
Debo confesar que, personalmente, tenía esperanzas en la sentencia final de los jurados y los jueces. Estuve convencido y defendí, por casi dos años, que lo alcanzaría la justicia, a pesar de su influencia, poder de persuasión, capacidad de crear versiones alternas y alteradas de la realidad.
Me equivoqué: ganó Trump, a pesar de su largo historial criminal. De las aplastantes evidencias en los casos de los documentos apilados en un baño de su mansión en Florida (así lo consignó el FBI). O de la grabación de audio en que le pide al secretario de Gobierno de Georgia en las elecciones de 2019: “Me faltan 3 mil votos; consíguelos”.
Los americanos, golpeados por la inflación y olvidadizos del rescate económico del que fue responsable Joe Biden durante la pandemia; ofendidos por la ola de inmigrantes que inunda sus ciudades, creyentes ciegos en la retórica trumpista de migrantes malos, delincuentes y narcotraficantes; esos mismos de la doble moral, que condenan a los maridos con amantes, pero perdonan al candidato por cínico y vulgar, por misógino y delincuente.
Ganaron los que la ley no les parece lo más importante, aunque lo canten y lo pregonen; ganaron los que prefieren un presidente fuerte y atrabiliario, aunque aplaste la ley y anule la democracia.
Esos son los tiempos que vivimos. Sus abogados ahora lanzan afirmaciones para blindarlo pospresidencia en 2028. Será muy tarde para reabrir los casos, aseguran.
El criminal convicto perdonado despachará en la Casa Blanca desde el 20 de enero.