Tuve un hermano militar. Alcanzó el grado de Teniente Coronel a lo largo de una carrera de 27 años antes de pasar a retiro. Recuerdo de niño acompañarlo en algunas de sus asignaciones por distintas ciudades del país: Cuernavaca, Oaxaca, San Luis Potosí. Me impresionaba entrar con él a los cuarteles y que se cuadraran los soldados al paso de un oficial. Experimentaba esa sensación infantil de admiración y sorpresa por la firmeza y la disciplina del Ejército. Me gustaba. Me sentía orgulloso.
En mi familia crecimos con un enorme respeto por las Fuerzas Armadas, su devoción y compromiso con México.
Años después, ya en ejercicio profesional, tuve oportunidad de conocer a muchos oficiales, comandantes de zona, titulares de la Defensa y la Marina: asistir a ejercicios navales o militares, atender reuniones con los altos mandos en informes especiales a los medios sobre inteligencia, lucha contra el narco, grupos armados en México. Visité emocionado el histórico Colegio Militar de Popotla, al que mi hermano asistió como cadete muchos años antes. Los directores y comandantes fueron generosos al mostrarme el pequeño museo que en esas instalaciones se construyó, con las generaciones de ahí egresadas.
Son grandes instituciones de nuestro país tanto el Ejército como la Marina. La Fuerza Aérea la conozco menos, pero también me parece admirable su trabajo y desempeño.
Hoy observo con tristeza la degradación de esos principios y compromisos inquebrantables con México. Están siendo comprados, sobornados, corrompidos por la política, por los intereses partidistas del presidente López Obrador.
Esta semana que termina se dio a conocer una votación inexplicable en la Cámara de Diputados donde se modifica la Ley de Ciencia y Tecnología para incluir a las secretarías de la Defensa y la Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
A lo largo de los últimos dos años, bajo el ambiguo precepto jurídico de que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hemos sido testigos de la lenta, a veces discreta, incorporación de marinos y soldados a tareas ajenas y distintas a su función de origen. El presidente, en un juego político riesgoso, ha entregado a Defensa y Marina una serie de asignaciones para las que, en sentido estricto, no están preparados, no corresponde a su cuadro de formación académica y profesional y escapa, además, al marco jurídico de su responsabilidad.
Les encargó la construcción de un aeropuerto (Felipe Ángeles de Santa Lucía, porque se trata de la conversión de una base militar en un aeropuerto civil), el desarrollo de tramos completos del Tren Maya, la administración de puertos y aduanas de la República, la distribución –que no se concretó– de vacunas, la construcción de sucursales bancarias, la persecución y contención de migrantes, y ahora los incorpora al Consejo de Ciencia y Tecnología.
Acompañada a cada asignación, ha venido una considerable partida presupuestal para ambas secretarías. Miles de millones de pesos se han sumado a sus presupuestos, etiquetados –hipotéticamente– para cada proyecto.
El presidente ha violado la Constitución al exceder las funciones y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, les ha entregado presupuestos gigantescos sin la menor rendición de cuentas. La propia Auditoría Superior de la Federación –hoy tan vapuleada y amenazada por su informe de costos del aeropuerto de Texcoco– ha señalado en múltiples ocasiones acerca del oscurantismo que rodea los presupuestos del Ejército y la Marina: no le rinden cuentas a nadie, ni explican sus gastos o la comprobación de los mismos.
El fuero militar ha impedido que ningún militar haya sido procesado por tribunales civiles por malversación de fondos, peculado o lavado de dinero.
¿El Ejército produce ciencia? ¿Hace investigación científica? ¿Registra patentes y tiene avances en materia tecnológica más allá de la exclusiva a su función natural que es la militar? ¿Qué hace en el Consejo de Ciencia y Tecnología?
Bajo la escurridiza premisa de la transformación del país, el general secretario y los altos mandos han rebasado los límites de su servicio a México y su obediencia total al jefe del Ejecutivo. Primero porque están impedidos de participación política en servicio activo, militancia partidista, postulación a cargos de elección popular. Compartir el proyecto político del presidente los hace en los hechos, simpatizantes e integrantes de Morena.
Más aún, aceptar toda asignación o tarea presidencial los convierte en “todólogos” que no son, en expertos en áreas y materias que no corresponden a su formación y especialidad.
Pero lo más bajo, me parece, es que se dejan comprar y corromper por un sistema decadente, con partido amorfo y sin premisas, y la ocurrente reinvención de la patria.
Lamentable del cuerpo institucional que alguna vez tuvo el mayor respeto de los mexicanos.
Por último, esto construye un enorme problema político para la democracia mexicana, a la que las Fuerzas Armadas habían apoyado y fortalecido en las últimas dos décadas con ejemplar institucionalidad. Porque cuando se vaya el señor López Obrador, y los mexicanos elijan a otro presidente, quién va a ser el guapo que les dirá a los señores generales y almirantes: “regresen ustedes a sus funciones de origen”, abandonen los negocios del aeropuerto y el tren, se retiran de las aduanas –muy rentables entradas de dinero– y de las múltiples tareas adicionales.
Grave, irresponsable, anticonstitucional y corrupto es el comportamiento del presidente en relación al Ejército y la Marina Armada de México. Se han convertido en socios de un gran negocio y de un proyecto político del que, soldados y marinos, debieran permanecer ajenos y neutrales.