Esa es la instrucción, no petición, no sugerencia, es la demanda del presidente de la República al más obsequioso y complaciente de los fiscales: Alejandro Gertz Manero.
Hace tres semanas se vio llegar a Palacio Nacional al señor fiscal ‘independiente’ de la República. Tuvo audiencia privada con el titular del Poder Ejecutivo en el despacho presidencial.
Ese mismo día y los subsiguientes, columnistas y redes sociales cuestionaron la presencia del fiscal. ¿Acaso fue a recibir instrucciones? ¿Presentó un informe confidencial de una investigación en proceso a los ojos del presidente? ¿Pasó a saludar?
Fueron los días en que se destapó la supuesta investigación en contra de Ricardo Anaya, que muchos criticamos por falta de sustento y el evidente matiz político del tema.
En este mismo espacio escribimos ‘Justicia selectiva’ para señalar la carencia absoluta de imparcialidad y la vergonzosa actitud del presidente al perseguir judicialmente a sus opositores. Como respuesta fui honrosamente incluido en la ridícula ‘Quién es quien de las mentiras’ que la chillona voz de la señorita Vilchis -ignorante absoluta de los géneros periodísticos- hizo favor de citar la mañana siguiente.
Pero Ricardo no es el único.
El presidente mandó llamar a Gertz -quien acudió presuroso en pleno ejercicio de su independencia constitucional- para girar la siguiente instrucción: cuatro cabezas de figuras públicas deberán enfrentar encarcelamiento obligatorio a la brevedad posible.
En primer lugar, Ricardo Anaya. El presidente no se conforma con que no exista elemento probatorio alguno de que el excandidato presidencial recibió dinero para aprobar la reforma energética, según las vagas, imprecisas y falsarias acusaciones del señor Caraveo, ayudante de Emilio Loyola. Más aún, las dos casas de las que se le señaló como producto de ese hipotético acto de corrupción, se comprobaron como donaciones familiares, propiedades cuyas escrituras estaban a nombre de la madre de Anaya por más de 25 años.
El segundo personaje exigido por el presidente para ser internado en la cárcel es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en contra de quien las acusaciones federales no han prosperado, como tampoco el intento parlamentario de destituirlo y retirarle el fuero. Extrañamente en una de esas jugadas inexplicables de la 4T, o del franco fuego interno que se ha desatado, la reforma política aprobada en el Senado esta semana, salió hacia la Cámara de Diputados en sentido contrario al interés presidencial. La reforma pretendía establecer la preeminencia del Congreso federal, por encima de los 32 locales, para destituir y desaforar a cualquier Ejecutivo local. La reforma tenía destinatario, y era Cabeza de Vaca. Por razones aún no especificadas, la reforma ratificó la autonomía de los congresos locales en esta materia.
El tercer personaje es el señor Ancira, de Altos Hornos de México. El presidente se siente burlado después de que liberó al empresario bajo el compromiso firmado de regresar más de 200 millones de dólares al tesoro nacional, por la venta de aquella célebre planta de AgroNitrogenados que el Pemex de hoy dice que no sirve, y el Pemex de ayer (bajo el rufián de Lozoya) pago en sobreprecio. Ancira salió de la cárcel, se escondió en sitio desconocido, y según el gobierno no cumplió su compromiso de pago, acusación que los abogados del empresario desmintieron. Ahora AMLO lo quiere tras las rejas a toda costa para enviar un mensaje inequívoco: de nosotros no se burla nadie.
Y finalmente la cuarta presa que ocupará la cacería de la Fiscalía en las próximas semanas será el padre de Samuel García, nuevo gobernador electo de Nuevo León, recientemente perdonado por el Tribunal Electoral y señalado, en múltiples ocasiones, por tener vínculos con el narco.
Según los reportes de que dispone el presidente, el canal de comunicación, control y financiamiento de grupos criminales al nuevo mandatario García, es justamente su padre, y cortará el hilo por la parte más delgada y frágil, puesto que el gobernador tendrá fuero y protección constitucional en unos días.
Cuentan los testigos y cercanos al cónclave, que Gertz intentó persuadir al presidente de desechar el caso y la investigación contra Anaya. El fiscal le dijo que no era conveniente para su gobierno y que saldría dañado políticamente.
El presidente fue implacable: en la cárcel los quiero antes de terminar el año, fue la vertical instrucción en pleno ejercicio del poder que tanto disfruta López Obrador.
Gertz ahora enfrenta el problema de cumplirle al presidente: no sólo construir los casos, encontrar evidencias probatorias, armar sólidos expedientes que no puedan ser rechazados por un juez. Sino además, mantener contento al presidente. Vaya reto.
Cuatro cabezas en la mira y la estrategia política del presidente López Obrador: Anaya, Cabeza de Vaca, Ancira y García.
Tres de ellos cumplen con la expectativa estratégica de dañar y desprestigiar a la oposición hacia 2024; el empresario por su cuenta es la encarnación de los malos que se robaron el dinero del pueblo. ¿Y Lozoya? En pantuflas, declarando desde su casa como consentido del régimen.
Así la justicia que procura la administración, así la independencia del fiscal y su acatamiento a las disposiciones del ejecutivo.
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