El presidente se equivoca. Insiste tenazmente en que periodistas y comunicadores ‘famosos’, dijo, deben revelar sus ingresos. ¿Por qué, presidente?
Los periodistas no somos sujeto responsable, no somos servidores o funcionarios públicos que estamos sometidos a la regulación vigente en materia de empleado gubernamental, legislativo o del Poder Judicial. Tampoco, como usted insiste en señalar, se nos paga con fondos públicos del Estado mexicano.
A los periodistas nos pagan las empresas mediáticas para las que prestamos nuestros servicios. Esas empresas obtienen la mayor parte de sus ingresos de publicidad, principalmente privada, aunque también pública. Y otro porcentaje proviene de suscripciones, afiliados, etcétera.
El presidente hubiera tenido razón de hacer este señalamiento, en los tiempos en que el gobierno federal entregaba cantidades monumentales de recursos a los medios bajo el mecanismo de publicidad gubernamental. Según cifras aproximadas, el gobierno de Peña Nieto invirtió en medios de comunicación privados la cantidad récord de 60 mil millones de pesos en su sexenio. Algo así como 10 o 12 mil millones por año, calcule usted unos mil millones al mes, entre radio, prensa y televisión de coberturas nacionales.
Esta fórmula fue reproducida por múltiples gobernadores y empresarios de medios, quienes exigían, casi extorsionaban a los gobiernos estatales para pagar por un ‘buen tratamiento’ en la información. Esto es una realidad.
Pero este insigne gobierno bajo el liderazgo de AMLO, terminó con esa práctica nociva. Bueno, en términos generales, puesto que subsisten algunos consentidos como La Jornada, Proceso en los primeros años, y hasta Epigmenio Ibarra, beneficiado con créditos multimillonarios, aunque formalmente no es medio, pero sí productor y generador de contenidos. Está en la lista de los consentidos afines al régimen, y por ende, beneficiado.
Pues bien, ese viejo escenario de arreglos y componendas entre empresarios y concesionarios de medios con el poder político, concluyó gracias a la decisión presidencial de cerrar la llave de los dineros.
¿Por qué entonces el presidente miente al decir que a los periodistas se nos paga con dineros públicos? Es falso.
¿Por qué Loret, Carmen, Ciro, Joaquín, Jorge Ramos o cualquiera tendría la obligación de mostrar públicamente sus ingresos?
Le voy a explicar a usted por qué la necia insistencia de Andrés Manuel.
AMLO quiere construir la percepción pública de que todo periodista crítico e independiente obedece a intereses oscuros. Ellos tienen –en la óptica presidencial– una agenda oculta, perversa, aliada con los conservadores y toda esa cantaleta patética de los buenos y los malos que tanto daño le ha hecho a México.
Insiste en los ingresos individuales, en franca violación al derecho y a la ley, por esta otra perversa noción de que quienes ganan dinero y hacen un patrimonio con su trabajo, están manchados por la corrupción, por intereses mezquinos e inmorales.
Finalmente, insiste en ello para desacreditar a informadores profesionales que han mantenido, con valor y entereza, la independencia en su trabajo.
Ataca el presidente al acusar a periodistas de que “no representan al pueblo” y no han contribuido al cambio. Tiene razón.
Los periodistas de cualquier rincón del planeta no son representantes populares, no son activistas políticos ni sociales. No encabezan movimiento alguno de movilización en ningún sentido, porque no les corresponde. Los periodistas somos cronistas de la realidad cotidiana, fotógrafos y narradores de sucesos, cuyo trabajo esencial consiste en consignar hechos, registrarlos, reportarlos y, en la medida de lo posible, darles contexto, comparación, información complementaria.
La meta es informar a la sociedad, no representarla en ninguna dimensión o instancia, para eso están tantos otros en las democracias modernas: legisladores, funcionarios electos, líderes sociales, activistas.
Se equivoca el presidente cuando quiere adjudicar a los periodistas roles de transformación y de cambio. No hay mayor efecto transformador que conocer la verdad diaria en la voz de sus protagonistas, trabajo en el que se empeñan muchos periodistas.
Su ofensiva contra periodistas radica en el espíritu crítico e independiente de los informadores, que no se pliegan a contar y repetir la narrativa del poder. Le molestan las preguntas, las explicaciones a fondo acerca de decisiones que con frecuencia, parecen improvisadas.
Ataca para doblegar, para callar, para difamar y desprestigiar a líderes de opinión que cuestionan la inconsistencia de sus actos, políticas, decisiones y hasta integrantes de su familia.
Las inexplicables casas de su hijo José Ramón López Beltrán en Houston prueban no sólo la falsedad de su discurso moralista, de su retórica antiaspiracionista, de su superioridad ética frente a opositores presentes o pasados; además exhiben agudos conflictos de interés en prácticas oscuras de su gobierno, Pemex, Vidanta, sus empresarios consentidos y su familia.
La necedad por exhibir los salarios de los periodistas es uno más de sus esfuerzos circenses por distraer el debate y la atención ciudadana. Hay temas serios, graves, que él se rehúsa a responder. Contratos entre Pemex y Baker Hughes; servicios de su nuera, la señora Adams, en dichos contratos y más aún, en la operación de compraventa de la refinería Deer Park. Mejor que le explique a México, en vez de satanizar a comunicadores que solamente han hecho su trabajo, con rectitud y profesionalismo.