El líder nacional del PRI es el blanco de una frontal ofensiva por parte del gobierno y de la 4T.
Los expedientes en su contra, las evidencias de manejos turbios en la adquisición de múltiples propiedades en su natal Campeche durante su ejercicio como gobernador, y las grabaciones difundidas por la actual gobernadora, Layda Sansores, apuntan a una estrategia coordinada, diseñada y ¿letal?
El blanco: Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
El objetivo: destruir su liderazgo, posición y carrera política, incluso –si es necesario– con acusaciones judiciales y penales en su contra.
La causa: no cumplió su acuerdo de apoyar las reformas constitucionales del presidente desde la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, especialmente la reforma eléctrica de AMLO.
Ese es el escenario. Los expedientes existían años atrás. La evidencia de operaciones sospechosas en el mercado de bienes raíces campechano, con la entrada y salida intermitente del entonces gobernador y su señora madre, adquiriendo, renovando, remodelando y vendiendo propiedades múltiples, sumaba un negocio nada despreciable de varias decenas de millones de pesos.
Las grabaciones con la voz del propio gobernador girando instrucciones de compra, venta, depósito en cuenta de su mamá, y luego traspaso a su favor, no dejan duda del modus operandi.
Incluso él mismo ha declarado que sí hizo esas operaciones, que son legítimas y que compró y vendió a precios muy baratos.
Suena a transa, clásica desde el ejercicio del poder.
A diferencia de su colega y contemporáneo Roberto Borge en Quintana Roo, Alito Moreno no expropió con notario en mano, propiedades a particulares para apropiarse de ellas.
Sólo las compró, es decir, pagó por ellas, a precios ‘ganga’ y ¿con recursos provenientes de dónde?
Pero los expedientes en manos de la UIF y del SAT no concluyen ahí. Hay cuentas, lavado de dinero, trasnferencias al extranjero, retiros multimillonarios en efectivo, evasión fiscal y muchas, muchas cosas más.
Es uno de esos casos híbridos que incluyen extorsión y persecución política desde el poder y el gobierno, con una larga cadena de abusos, excesos e ilícitos que van desde la operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, desvío de recursos públicos y sume usted.
Como recientemente me compartió una senadora de la República, “el problema es que tienen mucha cola que les pisen, están sucios, y se convierten en objeto de extorsión y chantaje desde la Presidencia”.
Alito subió a las redes la comprometedora conversación telefónica con su amigo y socio Manuel Velasco –exgobernador de Chiapas– ‘Sheshito’ (el güero) en el argot del sureste, donde le transmite el mensaje de advertencia de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, intermediario del jefe mayor: “se van a ir con todo”.
Alito, astuto como es, sabedor de su propia grabación, hace declaraciones valerosas, nacionalistas, de “primero está México hermano” y por el estilo.
Alejandro Moreno es responsable de un pobre liderazgo en el PRI, cuyos resultados electorales los últimos dos años reportan la derrota en 13 gubernaturas estatales. Todas. No ha ganado una, salvo Durango en alianza con un candidato propio.
Debe facturas a AMLO porque le prometió respaldo en reformas que a la hora crucial no cumplió. Lo que estamos viendo, las grabaciones, los expedientes, es resultado de esa promesa incumplida.
Otra cosa es el impacto que esta persecución en su casa y propiedades tiene en el contexto político general.
Organismos del Estado mexicano lanzan una operación para acorralar, neutralizar, doblegar y, eventualmente, eliminar –vía la cárcel o interminables litigios– al presidente de un partido de oposición. No es cosa menor. Se trata de golpear y debilitar a la oposición, fragmentarla, dividirla, con miras a procesos electorales vitales en el 2023 (Coahuila y Estado de México), todo como antecedente para 2024.
Para Va por México, Alito está a segundos de convertirse en un lastre impresentable ante las urnas y los electores.
Alito se juega el todo por el todo. Su larga carrera como negociante desde el poder, su fortuna y propiedades, versus la tensión con la 4T. ¿Quién ganará?
Pareciera que ante el rechazo a la reforma presidencial, AMLO está decidido a eliminar al PRI: cobrar la factura. Absorber sus corrientes más simpatizantes a la 4T y reducir el resto a un partido bisagra, rémora. La renuncia de Alito de por medio, para atender su defensa legal por los amplios expedientes en su contra.
¿Y el resto del PRI? ¿Y los jerarcas que el pasado martes se reunieron y le pidieron su renuncia? ¿Aguantarán la degradación de la otrora fuerza dominante en el escenario político mexicano?
¿Contra cuántos otros priistas –quiénes– ha acumulado expedientes el gobierno?
La llamada ‘entrega’ dócil y sin reparos de Oaxaca e Hidalgo por Murat y Fayad, apuntaría a un pacto de impunidad y protección: nadie los investigará ni presentará acusaciones ni auditorias de su gestión, a cambio de la victoria morenista. La ruta Peña, que algunos de sus fieles y protegidos paracen seguir a pie juntillas.
El PRI se desmorona y el nuevo partido hegemónico de México (Morena) asume sus lecciones, hereda sus prácticas, y aprieta las tuercas a base de expedientes, evidencias y pruebas incriminatorias. ¿Quién podrá defenderlos?