Mienten de forma escandalosa y cínica.
El secretario de Gobernación, el presidente de la República, las y los legisladores de Morena.
Su iniciativa de reforma a leyes secundarias en materia electoral (plan B), no cumple con ninguna de las afirmaciones que ellos sostienen:
No reduce la burocracia y la duplicación de funciones.
No reduce significativamente el gasto.
No fortalece la democracia.
Todo es mentira, una falsedad insultante para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), entorpecer la realización de comicios libres, profesionales, transparentes y, finalmente, controlar al árbitro electoral.
Sin contemplar los futuros recursos judiciales de inconstitucionalidad que organizaciones, partidos, legisladores o ciudadanos interpongan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si esta ley es aprobada como está, representa un grave retroceso democrático.
Las consecuencias pueden ser anticipadas en materia electoral, pero no hemos visto nada aún del impacto que esto puede llegar a tener en la reputación de México en el mundo, en credibilidad financiera y en inversión extranjera directa (IED).
Debilitar la democracia mexicana puede tener un grave efecto en múltiples esferas: en relaciones internacionales, binacionales con México y Estados Unidos, en respetabilidad institucional. Un país que destruye lo construido en derechos y avances democráticos, no es bien visto en el mundo.
La iniciativa plantea cancelar el 84 por ciento de las plazas que hoy forman el servicio civil de carrera, es decir, los profesionales del INE que realizan todos los procesos electorales. Las personas que instalan casillas, urnas, capacitan a funcionarios ciudadanos, insaculan a auditores, presidentes y secretarios de casilla. Es decir, el andamiaje de la democracia electoral mexicana.
Para quienes no tienen memoria, México tuvo elecciones por más de 50 años (1940-1997) en las que todos sabíamos de antemano quién era el ganador. El sistema de partido-gobierno que dominaba todos los sectores de la vida política del país, incluidas las elecciones, designaba a los ganadores en todo comicio de todo el territorio.
El acudir a elecciones competidas, auscultadas, transparentes, contabilizadas, es un fenómeno relativamente reciente: los últimos 25 años.
Y eso se debe al IFE primero, y al INE después.
Debilitar al instituto, disminuir sus funciones, reducir su personal y presupuesto es un torpedo a la línea de flotación de todo el sistema democrático mexicano.
Sin personal calificado, ¿quién realizará las elecciones? ¿Quién capacitará a los funcionarios de casilla y garantizará la limpieza del proceso? ¿Los siervos de la nación al servicio de Morena y de AMLO? Usted piensa que esos “servidores públicos” que realizan labores partidistas de proselitismo electoral pagados con nuestros impuestos desde el gobierno federal y locales ¿actuarían con neutralidad?
López Obrador miente al afirmar que todo este intento sólo pretende “mejorar la calidad democrática”, “evitar que haya fraudes” —por cierto inexistentes desde que el INE es responsable de los procesos—. Miente al decir que tendremos una democracia más barata, sin excesos, ni altos sueldos.
Miente su esbirro Adán Augusto en su activa campaña en redes, en sus visitas amenazantes al Senado y a la Cámara de Diputados, para doblegar voluntades y presionar por cumplir el capricho presidencial.
Como ya sucedió en Pemex o en múltiples secretarías de Estado con el arribo de la 4T, miles de trabajadores y personas con largo servicio público, perderían el derecho por antigüedad a sus pensiones y coberturas médicas en retiro.
La pérdida de eficiencia y efectividad en los procesos electorales, coloca a los ciudadanos mexicanos a merced de una fuerza política dominante, como fue el PRI por décadas. Morena y AMLO han avanzado en su estrategia de tomar control de múltiples organismos, instituciones y mecanismos del edificio democrático de México.
Contrapesos construidos a lo largo de dos décadas para brindar equilibrios ciudadanos a los poderes institucionales, y también a los fácticos.
Eliminar al secretariado que organiza elecciones, a los órganos internos de consulta, capacitación, de lo contencioso electoral, no hace sino convertirlo en un instrumento al servicio del gobierno, del partido y del presidente. No desaparece el INE, pero se convierte en una sombra operativa incapaz de garantizar transparencia y equilibrio en la competencia electoral.
López Obrador “no es de izquierda, no es un liberal, y mucho menos en un demócrata” (Roger Bartra —La Silla Roja— julio 2021) sentencia inequívoca del intelectual mexicano que hoy alcanza una relevancia trascendente.
No puede ser demócrata quien atenta contra la democracia; no puede ser demócrata quien reduce derechos y garantías para el voto ciudadano; no puede ser demócrata quien jode la democracia —bajo ningún motivo o razón— para reducir condiciones de piso parejo y competencia confiable.
Dominará el partido en el poder (Morena) para quedarse muchos, muchos años.
Joder la democracia, bajo la engañosa bandera de fortalecerla, defenderla y blindarla.
Una auténtica patraña del señor que gobierna este país.