“Andrés Manuel no es un
demócrata, no es liberal,
bueno, no es ni de
izquierda”
Roger Barta
La ambición del presidente López Obrador es eliminar todo equilibrio, contrapeso, institución u organismo del Estado mexicano, que limite o contenga los excesos del Ejecutivo.
Es, se ha dicho hasta el exceso, la nostalgia del hiperpresidencialismo de los años 60 y 70. Cuando los presidentes no solo ejercían la titularidad ejecutiva del país, sino que eran lo más cercano a los monarcas, tlatoanis, autoridades absolutas de la nación.
Todas las dimensiones eran manejadas desde el Ejecutivo, el Congreso, la Corte, las gubernaturas estatales, el gabinete, el servicio exterior, bueno, hasta los sindicatos y sus líderes.
Control total, absoluto, sin cortapisas ni contrapesos.
Eso hoy se llama autoritarismo exacerbado; se llama una incipiente dictadura, como la célebre frase de Mario Vargas Llosa en los 90, en aquel Coloquio de Invierno: “la dictadura perfecta”, es la que ejercía el PRI sin ambages ni disimulo.
Eran los amos. A eso quiere regresar López Obrador.
Él y los suyos, controladores totales del país.
Pero las contradicciones son enormes, porque buena parte de las instituciones creadas en los últimos 25 años, la autonomía del INE (piso parejo y autoridades independientes para las elecciones, no el gobierno administrando los triunfos y las derrotas), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (demanda ciudadana) y todos los que vinieron después: INAI, Cofece, Cofetel —hoy IFT—, CRE, CNH, etc. Buena parte de estos contrapesos del Estado con categoría —varios de ellos— de autonomía constitucional, fueron creados, promovidos, diseñados y votados por la izquierda.
Desde la izquierda se construyeron —junto con otras fuerzas políticas— estos mecanismos democráticos para evitar a un presidente amo y señor del país. Vaya traición a esa izquierda progresista.
Eso es lo que hoy AMLO quiere eliminar.
Control total para no rendir cuentas a nadie, para fomentar la opacidad administrativa, para evadir la transparencia, la competencia libre, el acceso a la información, a la regulación de la energía.
Andrés, en su megalomanía, pretende bajo la entelequia del pueblo y del servicio al pueblo, y del pueblo primero —puras patrañas— que él designe, controle y administre todo: los contratos —ya lo hace, 83 por ciento de los contratos con el gobierno son de asignación directa, sin concursos ni licitaciones— los cargos, los puestos, los jueces y magistrados, los ministros, los senadores, todo. El país entero.
La falacia de la elección popular de jueces y ministros no es otra cosa que un vulgar instrumento de control y manipulación: su partido y sus jerarcas aprobarán las listas y exigirán —como hoy— lealtad absoluta. Adiós a jueces independientes o que se atrevan, como AMLO ataca todas las mañanas, a fallar en contra del gobierno.
Hay algunos ingenuos, siempre tranquilizadores del “calma, no pasa nada… no es un peligro para México”, y esas expresiones de desconocimiento e ignorancia, que afirman que la democracia no está en riesgo.
Juzgue usted: cómo se le llama a un régimen donde el titular del Ejecutivo posee, controla, administra todos los hilos del poder, los nombramientos, los fallos, el gasto del presupuesto: Congreso sometido, organismos autónomos en peligro de desaparecer —cero contrapesos, cero diques que limiten los excesos— y también Corte y Poder Judicial a modo. Se acabó. Ya no hay democracia, hay la voz de un solo hombre, partido, movimiento.
Eso no es una democracia, no es una República en respeto y tolerancia de minorías y mayorías, en la búsqueda de balances y equilibrios.
Control total es lo que pretende imponer el presidente, y si ya no para sí mismo —porque afortunadamente el tiempo de su gobierno se le agota—, para su sucesora o sucesores.
Nada de que el Congreso no aprueba, o de que la Corte rechaza por inconstitucional una iniciativa —”no me vengan con que la ley es la ley”—.
Aquí la ley es lo que yo digo que es… pareciera parafrasear a Trujillo, a Vargas y a tantos otros profetas del liderazgo popular latinoamericano, convertidos en caciques y dictadores de cuarta… transformación.
En la defensa de la democracia, el futuro político de 2024 deberá incluir en la agenda prioritaria, el rechazo total a su reforma al Poder Judicial para convertirlo en un instrumento administrativo del Ejecutivo; y la defensa a carta cabal de los organismos autónomos. Todos.
Construir esta incipiente e imperfecta democracia ha tomado poco más de tres décadas. No podemos traicionarla y tirarla a la basura por el deseo absolutista de un solo hombre.