Mucho se ha escrito y advertido de las consecuencias de un triunfo absoluto de Morena en las próximas elecciones del 2 de junio. Su insistente ‘carro completo’ puede representar serias consecuencias para la vida política, económica, social, democrática y liberal del país.
Si Morena conquista la presidencia de la República, más la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el gobierno de la Ciudad de México y siete de las nueve gubernaturas en disputa —resultado ideal para AMLO y Morena—, la posibilidad de continuar con un proyecto democrático en México ciertamente se vería trastocado, distorsionado, interrumpido y desviado.
Es bien sabido que los morenistas y el gobierno le llaman democracia a su modelo político, pero en los hechos no lo es. Se trata de la imposición, por vía de las urnas, de un modelo unívoco, unitario, en el caso de AMLO unipersonal, que no construye ni dialoga con otras fuerzas políticas o representaciones en el país. Son ellos, solo ellos contra el mundo.
Eso no es una democracia.
López Obrador no se reunió una sola vez con los liderazgos de otros partidos en el Congreso en seis años. No pretendió dialogar, convencer, buscar consensos, aceptar negociaciones. Eso es la política, esa es la esencia de la vida parlamentaria.
Su herencia consiste en las cuatro reformas constitucionales más amenazantes y destructivas del México democrático. Ya presentadas ante el Congreso y en espera —ilusoria a mi parecer— de conseguir una mayoría calificada en las próximas elecciones.
• La eliminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como está hoy concebida en la Constitución mexicana, como un poder equiparable al Ejecutivo y al Legislativo, como un Tribunal Constitucional y como un contrapeso al poder excesivo de un presidente autoritario, impositivo —como tantos que conocimos en México—. Destituye a ministros, a magistrados, al Consejo de la Judicatura e instala un proceso ‘electoral’ para postular jueces, magistrados y ministros en urnas frente a la ciudadanía. Una aberración auténtica de cualquier aparato de justicia. Tendríamos jueces y ministros morenistas como ya hay tres, sin disimulo ni decoro o respeto alguno por la Constitución. Jueces y ministros que hagan política de acuerdo al gobernante, no de acuerdo a la ley. En síntesis, la destrucción del Estado de derecho.
• La eliminación del Consejo General del INE, como está hoy diseñado en la ley y en la Constitución. También aquí, el método de selección de consejeros, hoy establecido mediante listas, entrevistas, selección en el Congreso se cancela. En su lugar se establece un proceso electoral semejante al anterior, para que los ciudadanos votemos por los consejeros. Adiós a la imparcialidad, al equilibrio de fuerzas, al profesionalismo en la carrera electoral, tan costosa y valiosa para la democracia mexicana.
• La eliminación del Congreso federal como lo conocemos. Una Cámara de Diputados de 500 representantes populares, sería reducida en 200 diputados plurinominales eliminados, para instalar un futuro Congreso de 300 diputados de mayoría en representación por cada distrito electoral. Una composición que bajo la mayoría sobrerrepresentada de Morena, nos regresaría a los Congresos priistas de los años 50, 60, 70, previos a la reforma política de Reyes Heroles e incluso de los 80, cuando existían minúsculas y simbólicas representaciones de otros partidos. Es decir, un Congreso moreno, con unos pocos de otros partidos que pudieran sobrevivir.
De la misma forma, el Senado, hoy de 128 representantes, sería comprimido a 64, dos por estado, eliminando a los plurinominales.
El grave riesgo es que se termina de tajo con la pluralidad política del país, que es un reflejo de la diversidad nacional.
AMLO quiere heredar el país de un solo color, para siempre.
• La última reforma contempla la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y otros organismos autónomos.
Como es ampliamente sabido y comprobado, a López Obrador le estorban los contrapesos constitucionales, los organismos diseñados y largamente construidos para fortalecer la democracia, restringir los excesos del Ejecutivo, transparentar información y decisiones oficiales, equilibrar las condiciones de competencia entre todos los particulares. Es decir, un país más equitativo, de piso parejo, de ciudadanía activa e involucrada en los actos de gobierno.
¿Por qué quiere Andrés Manuel, al término de su sexenio, heredar estas desgracias nacionales? Primero porque está convencido de que quien ocupe la Presidencia no debe tener restricciones ni cortapisas —en el fondo, el pensamiento de un autócrata y un dictador—.
Segundo, por su malsana obsesión por erigirse en un monumento histórico, y ser el ‘padre’ de la nueva República unipartidista, populista y antidemocrática. Quiere su hemiciclo, como impulsor de las leyes del futuro de México, de pobreza educativa, sanitaria, inequidad creciente, violencia desatada y militares en todas las áreas de la vida pública nacional.
¿Es un exceso? ¡No! ¡Es una amenaza! Al futuro de sus hijos y de todos los mexicanos.
Nadie quiere un país unipartidista, unipersonal, guiado por falsos mesías e iluminados incompetentes. El daño es gigantesco.
Quedan unos días, reflexione usted a conciencia su voto y el país que quiere para sus hijos.