México está en el borde de un precipicio.
El abismo se llama autocracia; se llama imposición, autoritarismo. La ley y —peor aún— la Constitución modificada y desgarrada para beneficio de un solo grupo político.
Que no del pueblo; ¡no lo engañen! Basta de la retórica de los “jueces del pueblo” y al servicio de los ciudadanos. Una engañifa barata, una falacia elegante.
¿Quién ganará un amparo en el futuro? ¿Qué juez electo por ese voto —de bajísima participación— impulsado por un partido y grupo político —aunque digan que no— se atreverá a fallar en contra del gobierno?
No habrá litigio de una empresa, corporación, institución privada de cualquier índole, que al defenderse de un atropello cometido por el gobierno, expropiación, acusación falsa, expediente abierto o, más aún a particulares, prisión preventiva oficiosa, obtengan un fallo contra la autoridad y en favor del privado. Hacia ese futuro nos encaminamos.
Le hemos brindado tanta —de forma justificada— atención al esperpento de reforma judicial, que no hemos reparado en las demás. Pero el paquete es tan sombrío, que representa el empujón final al precipicio.
La desaparición de los órganos autónomos es tan grave como la anterior.
La insensatez de “ahórrale dinero al pueblo” y de “absorber funciones en dependencias del gobierno” significa en esencia, para la comprensión genérica, que el gobierno se va a obligar a sí mismo a entregar información que pidan los ciudadanos, los medios, las organizaciones; el gobierno va a obligar a autoridades de toda jerarquía federal o estatal a rendir cuentas sobre el uso de recursos, sobre el otorgamiento de contratos, sobre cualquier asunto oficial que sea del interés de los ciudadanos. ¿De verdad alguien cree que eso va a suceder?
La desaparición del INAI significa regresar al Estado cerrado, oscuro, cuyos gobiernos no le rinden cuentas a nadie, porque para eso son autoridad. ¡Faltaba más!
Otros órganos autónomos como la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) o el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), diseñados y construidos para emparejar y equilibrar las condiciones de participación económica y de competencia abierta, desaparecerán igualmente, entregando sus funciones a dependencias del gobierno.
Usted y yo, como sucedió de hecho en esta administración que concluye, no nos enteraremos de los destinatarios de los contratos y las concesiones; no sabremos tampoco la causa por la que el 84 por ciento de los contratos de obra pública fueron adjudicados de forma directa, sin concurso, en franca y abierta violación a la ley.
Si ya sucedió cuando la ley se los prohibía, ¿imagine usted cuando esas funciones estén absorbidas por las propias dependencias? Desaparece la instancia ante la cual se pueden ejercer esos derechos. Pero no hemos abordado la peor: la de los militares y la Guardia Nacional.
Porque en esa reforma prevén modificar un texto esencial de las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, lo que significa que podrán hacer todo lo que el gobierno, la presidenta y el Congreso les autoricen.
Con el texto actual, la Constitución establece que deben dedicarse a labores propias de entrenamiento militar o labores militares.
Es cierto que ya con López Obrador esto fue pisoteado criminalmente, cuando convirtieron a soldados y marinos en obreros, albañiles, repartidores, operadores aéreos, agentes de aduanas, empleados bancarios y operadores de trenes, hasta ahora.
El gran cambio significa que ahora estarán amparados por la propia Carta Magna —modificada por supuesto— para ejercer esas y muchas otras funciones: empresarios, por ejemplo.
Una más es la que modifica la composición del Congreso federal, al eliminar a 200 diputados plurinominales y los 64 senadores correspondientes.
En los hechos, significa cerrar el paso y la puerta a toda expresión política minoritaria en México.
Adiós a las reformas múltiples que abrieron paso a la pluralidad política en México, de forma muy señalada, la del 78 con Jesús Reyes Heroles.
Se prepara un cambio total de régimen. No se trata, como muchos afirman, de un regreso al PRI más oscuro, autoritario, antidemocrático, con funciones ejercidas que rebasaban la ley. Aquí tendremos un régimen amparado por la Constitución para hacer y designar lo que un solo grupo, partido y sus aliados deseen: Morena.
A Claudia Sheinbaum, al terminar este fatídico septiembre, bien podrían llamarla emperadora. Ningún presidente de México, tal vez desde Porfirio Díaz, ha tenido tanto poder como la primera mujer al frente del Ejecutivo.
El fatídico septiembre no ofrece un futuro próspero y democrático para México.
No avizora una nación de futuro en búsqueda y construcción de soluciones que ataquen la pobreza, la contaminación, la desigualdad y el desastre energético de un modelo atrasado con más de un billón de pesos tirados por la alcantarilla.
El fatídico septiembre, de cumplirse lo que está anunciado y pronosticado, colocará a México como un país de régimen autocrático, sin pluralidad política, sin grado de inversión que alejará a empresas y capitales del mundo.