La sesión atropellada en la que la Cámara de Diputados, recién instalada hace apenas tres días, aprobó el dictamen sobre la reforma judicial el día de ayer, exhibe de forma transparente el atropello enlodado del proceso.
Hay múltiples faltas al reglamento interno, al acuerdo político de la Jucopo (Junta de Coordinación Política), al respeto entre fuerzas y partidos, incluso al mínimo conocimiento del dictamen.
Empecemos por decir que las y los legisladores no sabían qué votaban. No conocían el texto definitivo de la reforma; ¿en qué términos estaba la redacción definitiva?
Y la causa es que no hay antecedentes históricos en que una legislatura (la saliente el 31 de agosto) herede una iniciativa ‘revisada’, ‘corregida’ y votada en comisiones, a la nueva legislatura entrante (el 1 de septiembre). Nunca en la historia del Congreso de la Unión, afirman los historiadores legislativos, se ha registrado un caso como este.
Usted dirá, apreciable lector: ¿y eso qué importa? Pues la respuesta es simple: el 80 por ciento de los diputados entrantes no conocían la iniciativa y el proyecto de ley votado en comisiones.
De 500 diputados, repitieron en sus curules 101. Es decir, el 80 por ciento son diputadas y diputados de nuevo ingreso; por ende, no tuvieron tiempo de leer, revisar o estudiar la iniciativa. La votaron en absoluta ignorancia del contenido del dictamen.
Más aún, con el cambio de sede por el bloqueo en protesta por la reforma, los legisladores llegaron al deportivo Magdalena Mixhuca sin contar con los elementos indispensables para discutir la iniciativa antes de ser votada. No había copias ni impresos ni tabletas digitales ni tampoco tableros para comprobar el quorum. Nadie pudo leer lo que estaban votando.
Ese es el Congreso de Morena, el improvisado, el que vota al vapor sobre las rodillas, orgullosos por cumplir el mandato de su patrón, que reside en Palacio Nacional; no el pueblo de México, que debiera ser su verdadero y único representado.
Pero no termina ahí el enlodado camino para sacar la ansiada reforma. La oposición se enteró por Twitter del cambio de sede y de la convocatoria.
Así como lo escucha usted, no hubo un aviso formal o un llamado institucional a trasladar la sesión a otra sede a causa del bloqueo. Simplemente, se avisaron entre ellos, y si no llegan los otros —del PRI, del PAN y de MC— pues ni siquiera importan, porque Morena y sus aliados tienen mayoría calificada.
El líder Ricardo Monreal, orondo doctor en derecho, es un profesional en atropellar el proceso legislativo. De nada sirvió el discutido Parlamento abierto; de nada tampoco las expresiones del Poder Judicial en los estados, las organizaciones de abogados, los estudiantes de derecho. Nada. Todos sometidos al designio del caudillo y sus serviles legisladores.
El mandato de las urnas, real y auténtico, en voto mayoritario para el poder Ejecutivo y para la Cámara de Diputados —que no en Senadores— ciertamente les otorga la mayoría para gobernar. Pero la distorsión consiste en modificar la Constitución a su antojo, sin escuchar a las otras fuerzas políticas y a las múltiples expresiones ciudadanas en contra de la reforma. El mandato de las urnas no es un cheque en blanco para pisotear la ley o pasar por alto una orden de suspensión de una juez en Morelos, que pretendía abrir espacio a la discusión y al debate profundos de un cambio tan trascendente.
Hay que hacerlo rápido, con prisa, porque el caudillo se va y lo quiere resuelto antes de su partida, no sea que después alguien se arrepienta.
Cuando un legislador pisotea a un juez, los equilibrios de la República están rotos y no hay ya esperanza alguna de apertura democrática.
¿Por qué no escuchan las y los diputados del partido gobernante y sus aliados?
¿Son acaso invidentes ante la extensa y numerosa protesta de muchos sectores de la sociedad?
En el fondo no son representantes populares. Son legisladores activistas de un grupo político al que no interesa el clamor de un amplio sector social.
Repito, basta del maniqueo argumento del mandato en las urnas, porque ese voto no le preguntó a la ciudadanía si quería desaparecer al Poder Judicial. Se adjudican indebidamente un mandato para imponer su visión de país, bajo el ruin argumento de los intereses creados y la corrupción.
Solo queda el Senado, y la minúscula posibilidad de que un voto detenga la barbarie de esta reforma que nos mandará 30 años de regreso a los poderes omnímodos, los regímenes antidemocráticos y el populismo sin contrapesos.
Ni escuchan, ni les interesa. Esa no es democracia.