Muchas diferencias enfrentarán los gobiernos de México y Estados Unidos en los siguientes meses y años.
Diferencias de enfoque y abordaje de problemas tan complejos como la inmigración; el tráfico de sustancias y precursores al lado del mercado más demandante del mundo; el tráfico de armas; la seguridad regional y fronteriza; los encontronazos en materia comercial, aranceles, TMEC, etc.
Pero a estos temas y capítulos, cada uno con su propia complejidad y problemática, prevalecerán los estilos, el lenguaje y el discurso de cada uno de los presidentes.
Trump es un acosador amenazante, que utiliza su fuerza y lenguaje cavernícola para amedrentar a colegas, contrapartes y líderes de otras regiones.
Sheinbaum es una política-científica de izquierda, con un bagaje abundante de carga ideológica, aunque con algunas aparentes tendencias de una visión pragmática orientada a los resultados.
No podrían ser más distintos, pero tendrán que sentarse a la mesa, en persona o a través de sus representantes, para buscar soluciones comunes, porque los problemas son compartidos.
La única semejanza, tal vez, sea que ambos encabezan gobiernos sin contrapesos.
Trump controlará ambas cámaras del Congreso; es el amo absoluto de su partido, que lo obedece sin chistar —bajo la certeza de que los disidentes son expulsados y enviados al gulag— y, además, con un amplio respaldo —casi mayoritario— en el poder judicial, los tribunales y la Suprema Corte.
La oposición real y existente, el Partido Demócrata, enfrentará un profundo proceso de reconstrucción interna, ante sus derrotas y la carencia de líderes visibles.
En México, Sheinbaum es igualmente una presidenta con enormes niveles de poder político: controla ambas cámaras, es la dueña absoluta de su partido —con los matices que marcan la sombra y la larga influencia de AMLO— y muy próximamente controlará también el Poder Judicial después de la trágica elección de jueces y magistrados el próximo mes de junio.
Los gobiernos sin contrapesos serán negativos para el fortalecimiento de la democracia, para la libertad de los ciudadanos, aunque los discursos de ambos afirman lo contrario.
La concentración de poder en Estados Unidos, apunta —lo dijo Biden en su discurso de despedida— a la conformación de una oligarquía, compuesta por empresarios poderosos y con enormes fortunas que ahora tendrán acceso ilimitado a las decisiones en política pública.
En México, la concentración de poder en torno a Claudia y Morena representa la conformación de una clase política única, sin una oposición real, vital, con reconocimiento ciudadano, que bien puede desembocar en un partido monolítico que tarde o temprano se fracture al interior.
La gran pregunta es: ¿qué harán con tanto poder? ¿Hacia dónde enfilarán sus enormes recursos políticos para fortalecer sus partidos, sistemas, gobiernos y base electoral?
Trump quiere una economía potente, líder del mundo, con el resto del planeta subordinado al gran poder hegemónico.
Claudia consolidará la fuerza de su partido, defenderá la imagen, memoria y legado de AMLO, aun cuando las decisiones sean contrarias al presupuesto, al equilibrio económico o a los acuerdos internacionales.
México ha entrado en una fase de descomposición institucional desde los golpes que el gobierno anterior propinó al INE, la CNDH, la Corte, los tribunales, y por supuesto, los organismos autónomos ahora desaparecidos después de la aprobación de su reforma ya en el gobierno de Sheinbaum.
Morena quiere un presidente imperial, al viejo estilo priista. Claudia lo será, siempre y cuando pueda sacudirse la sombra, los resortes y los manejos de su padrino y tutor.
En Estados Unidos se construirá una poderosa clase política-empresarial, que cruzará la línea legal sin prurito alguno, para hacer negocios desde el poder. El vicepresidente de facto parece más Elon Musk que el senador Vance.
La primera prueba de fuego serán las sanciones que la Comisión de Bolsa y Valores acaba de imponer a Musk por una compra oscura de Twitter. ¿Cómo va a reaccionar el nuevo gobierno?
Trump lanzará una cascada de órdenes ejecutivas el mismo lunes de su toma de posesión, decretos presidenciales de ejecución inmediata. Entre ellos estarán los migratorios (deportaciones), los comerciales (aranceles) y los de seguridad y combate al narco (probable declaración como grupos terroristas).
Tendrán el apoyo completo del Congreso y del uso de fuerzas de seguridad (la Guardia Nacional) para el inicio de la detención y expulsión exprés de inmigrantes ilegales.
El gobierno de Sheinbaum prepará centros de acogida en coordinación con gobiernos fronterizos, pero el canciller pretende —ilusamente— una defensa legal mediante miles de abogados en consulados mexicanos.
Veremos en la práctica la estrategia y efectividad de cada gobierno al implementar sus propias medidas.
La única esperanza para los mexicanos es la negociación inteligente, diplomática, profesional y con firmeza. Abrir canales de diálogo y negociación con áreas del gobierno, con la Casa Blanca y con el Congreso republicano. La defensa del discurso y la añorada soberanía no sirven para detener las acciones de un gobierno fuerte y monolítico.