Hoy les voy a contar la historia de Alejandra Cuevas Morán, de 68 años, quien lleva casi siete meses en Santa Martha Acatitla porque el hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la acusó de homicidio junto con su hermana y su mamá.
Alejandra fue detenida el 16 de octubre de 2020 y tres días después le dictaron auto de formal prisión; el 19 de octubre de 2020 fue recluida en la cárcel de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Y aunque no están para saberlo, en la ficha de ingreso le pusieron concubina, siendo eso mentira.
Su familia ha sufrido un sinfín de amenazas por quererla defender y decir la verdad. De hecho, si alguien en su caso hubiera podido ser culpable de negligencia sería la pareja de Federico, con quien vivía, léase la mamá de Alejandra.
HISTORIA…
El hoy fiscal acusó en 2015, siendo el rector de la Universidad de las Américas, de homicidio a Laura Morán, madre de Alejandra, quien fuera la pareja por casi 50 años del hermano del fiscal, Federico Gertz. En dicha denuncia también aparecieron las hijas de Laura, Alejandra y Laura, que no vivían con ellos y que tampoco tomaban decisiones sobre la salud de Federico.
Laura Morán Servín y Federico Gertz Manero se conocieron en 1968 y estuvieron juntos 47 años hasta que, en 2015, Federico falleció a los 82 años; para entonces, se le había colocado un marcapasos cardiaco; su vista era escasa, casi nula, lo cual lo desmoralizó muchísimo, recuerda Laura, su expareja.
SEMANA CAÓTICA
Por lo que, el 24 de agosto, Laura decide llamarle a Alejandro para informarle que su hermano está delicado de salud; acto seguido se presenta en su casa y le informa a Laura que él se hará cargo de Federico y dispuso que dos médicos que trabajaban para él en la Universidad de las Américas se encargaran de su salud: Hugo Mancilla y Homero Aguirre. Más tarde, también contrató los servicios del doctor Miguel Ángel Ceñal Martínez, según refirió, “el mejor geriatra de México”.
Pero el 29 de agosto de 2015, el hoy fiscal llegó a casa de Laura y Federico junto con su abogado, Juan Ramos, personal del MP y policías, y sin contar con una orden de cateo, se lo llevó y lo internó en el Hospital ABC de Observatorio, donde falleció un mes después, a los 82 años de edad, sin volver a ver a Laura, pues le prohibió la entrada, amenazándola que si se presentaba al hospital la mandaría arrestar. Además, en ese momento le informó a Laura, de 88 años de edad, que la había denunciado por intento de homicidio.
En su testamento, Federico dispuso que su hermano Alejandro fuera su heredero universal, imponiéndole hacerse cargo de los gastos médicos y de darle una pensión a Laura.
VIACRUCIS…
Alejandro denunció a Laura y a sus dos hijas (Alejandra y Laura) de homicidio por la muerte de Federico. Durante seis años su abogado, Alfonso Jiménez O´Farril, ganó todas las instancias judiciales con declaraciones de los médicos, los dictámenes periciales, testimonios y pruebas. Por lo que se propuso el no ejercicio de la acción penal, por no existir elementos que acreditaran la existencia del homicidio.
Sin embargo, pasaron los años y Alejandro se convirtió en el fiscal general de México, y a mediados de 2020 la misma Fiscalía de la CDMX, que en dos ocasiones había determinado el no ejercicio de la acción penal, reactivó el caso y procesan a Laura, de 94 años, y a su hija Alejandra. Ahora bien, la otra hija, Laura (suegra de Alfredo del Mazo) que también fue denunciada desde 2015, es apartada del caso.
¿Y EL DEBIDO PROCESO?
El 21 de septiembre, el abogado de Alejandra, Alfonso Jiménez O´Farril, llama para informarle que estaba renunciándole, por presuntas amenazas en su contra y de su familia, por lo que, de un día para otro, se quedó sin defensa y dejando tirada tanto la indagatoria como los amparos en trámite en los cuales se leía porqué no podía atribuírseles ni a ella ni a su madre la ejecución de alguna conducta que llevara a la muerte de Federico.
Así pues, el 25 de septiembre se ejercitó acción penal y el 2 de octubre se libró la orden de aprehensión, y 16 días después fue detenida cerca de su casa por personas que no acreditaron ser policías de investigación, ni traían orden alguna, y justo dos días antes de que venciera un amparo que la protegía contra cualquier detención.
Alejandra jamás vivió en la casa de su mamá y Federico, y jamás le dio medicina alguna o se encargó de su salud o de dar instrucción alguna de cómo debía ser cuidado. Hoy está acusada de homicidio doloso por omisión por auxilio.
De acuerdo con la familia, Alejandro Gertz les exigió la entrega de varios objetos que estaban en la casa de Laura y Federico (cuadros, esculturas, tapetes, entre otros) que, de acuerdo con el testamento, le pertenecen a Laura, pero por temor a represalias se las entregaron. También que Laura renunciara a su pensión y le entregara 3.5 millones de pesos de una cuenta mancomunada que tenía la pareja.
“Accedimos a todo con la esperanza de que dejara en libertad a Alejandra, pero ella sigue presa. No nos vamos a callar, pues nuestra madre es inocente. Sólo estamos diciendo la verdad. Si nos quedamos callados, hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera. Exigimos justicia”.
Alejandra, me cuentan viéndome a los ojos y dibujándoseles una sonrisa al recordarla, tiene el don de la alegría, y aunque se la está pasando mal en la cárcel, ya tiene muchas amigas y está viendo cómo poderlas ayudar. “Imagínate, me dicen, hay una señora que lleva cinco años por robarse un pelón”. Una de las guardias en Santa Martha le dijo: “El chiste es que sufran, que estén purgando por lo que hicieron afuera, no se van a morir de Covid, sino pagando lo que hicieron. Pudriéndose aquí”.
Su defensa ha interpuesto un amparo esperando que la justicia se aplique conforme a derecho y de forma imparcial.
“¿Por qué nos está haciendo esto el fiscal?”, se pregunta la familia.
Ya con su madre encarcelada, que ellos también reconozcan su responsabilidad.
Quiero terminar diciendo, al igual que en el caso de Rosario Robles, yo no soy abogada para defenderla, ni fiscal para acusarla y mucho menos juez para sentenciarla, pero lo que nos debe de preocupar y ocupar es que se respete el debido proceso.