Me cuentan que el escándalo de la carpeta de investigación del ministro Luis María Aguilar podría dejar como un niño de brazos al exministro de la Corte Eduardo Medina Mora.
¿La razón? Que de acuerdo con las investigaciones, los malos manejos, uso de prestanombres y licitación con tufos a corrupción sucedieron mientras fue presidente de la Corte, entre enero de 2015 y diciembre de 2018. ¡Así como lo están leyendo!
De acuerdo con mis fuentes consultadas, la FGR reabrió la carpeta de investigación contra el ministro Aguilar, no sólo por presuntos actos de corrupción, sino también por la adquisición de productos y servicios para la SCJN, así como dinero encontrado en el vehículo de personal supuestamente ligado al ministro.
Baste recordar que el 10 de febrero de 2017 encontraron, en la cajuela de su vehículo oficial, estacionado a las afueras del edificio de la Judicatura Federal, 3 millones 400 mil pesos a Francisco Javier Pérez Maqueda, quien en aquellos entonces era director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial.
De hecho, a Pérez Maqueda, quien en agosto de 2019 fue inhabilitado por 20 años y obligado a pagar multas, se le acusó de haber liderado un esquema de corrupción institucional mientras el ministro Aguilar fungía como el titular del máximo tribunal del país.
También lo investigan pues siendo presidente de la Corte, se mandaron a hacer salas orales donde no eran necesarias, sí, se contruyeron más centros de justicia donde no eran necesarios, y a pesar de costar entre 50 y 100 millones, los reportaban en 200 mdp.
El poder detrás del trono…
Me cuentan que quien también anda muy nerviosa es doña Bertha Fernández García, quien el 4 de enero de 1988 ingresó con el cargo de secretaria del entonces magistrado Luis María Aguilar Morales, en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que estuvo hasta el 31 de diciembre de 1988; la plaza se transformó y estuvo de secretaria de SPS desde el 1 de enero de 1989 al 31 de julio de 1990.
El 1 de abril de 1995 se fue con el magistrado Aguilar a la SCJN, al ser designado como oficial mayor. El puesto que siguió ocupando María Bertha fue de secretaria particular y, posteriormente, el 1 de octubre de 1995 le dieron la plaza de coordinador de asesores, cargo en el que estuvo hasta el 31 de mayo de 1999.
Y así fue acompañándolo en su quehacer como su fiel secretaria, hasta que en agosto de 2006 la ascendieron al cargo de coordinadora de áreas, cargo en el que estuvo hasta el 31 de noviembre de 2009.
Luego la nombraron coordinadora de áreas en la secretaría ejecutiva del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, nombramiento que sólo tuvo vigencia del 1 al 15 de diciembre de 2009. Sí, 15 días, pues se fue con el designado ministro Aguilar Morales, nuevamente como su secretaria particular.
Cuando el ministro Aguilar asumió el cargo de presidente de la SCJN, María Bertha, obvio, fue secretaria general de la presidencia.
En dicho cargo tuvo un poder impresionante, pues no sólo realizaba funciones en la SCJN, sino también en el CJF, en el que la mayoría de los asuntos debía pasar por su visto bueno. ¡Quihúboles, ése era poder y no bromas!
Después de ese cargo, al regresar a ponencia el ministro Aguilar, María Bertha tiene el cargo de secretaria de estudio y cuenta A (el más alto), con un sueldo mensual de 169 mil 435.44 pesos, sin que realice funciones del cargo. En ese puesto le correspondería realizar proyectos de resolución para discutirse en el pleno y la segunda sala; sin embargo, no existe ninguno con su nombre ni tesis o jurisprudencias en las que haya participado.
El único jefe que ha tenido María Bertha ha sido el ahora ministro Aguilar Morales, desde que éste era magistrado de circuito.
La cercanía de María Bertha con Aguilar Morales ha sido la de la mano que mueve la cuna o la de una pareja, pues ella controlaba todo, al grado de que cuando estuvo laborando en la presidencia de la SCJN decidía las personas que subían de puesto y a quiénes se les pedía la renuncia.
Fue la persona con más poder cuando Aguilar Morales estuvo en la presidencia de la SCJN; incluso era quien le presentaba el tema y después ella misma comunicaba la decisión y giraba las instrucciones respectivas.
Banjército deja a sus empleados sin seguridad social…
El viernes les platiqué que en Banjército de Tijuana abandonaron a sus empleados a su suerte, pues a pesar de cobrarles las cuotas del IMSS, no cuentan con seguridad social y que, además, les deben sus utilidades. Bueno, pues hoy les puedo adelantar que en Tijuana mandaron a un coronel para quesque revisar el tema; sin embargo, creen que fue a averiguar quién abrió la boca y correrlo. Lo peor del caso es que me han llegado reclamos de empleados de Banjército en las mismas condiciones en todo el pais. Continuará…
#TodosSomosLoret
No puedo dejar de mandarle toda mi solidaridad y decirle no estás solo a mi compañero y amigo Carlos Loret. Por cierto, de acuerdo con el abogado Everardo Moreno: “Las declaraciones del Presidente son un delito. art. 210 del Código Penal Federal. Se llama revelación de secretos. Se ha de aplicar también el segundo párrafo del 108 constitucional. Puede iniciarse la carpeta y judicializase hasta que deje de ser Presidente”.