“Aunque hemos hecho todo, en los hechos la ley no se aplica en Tabasco”, me decía el sábado pasado uno de los trabajadores sindicalizados de la Universidad de la Chontalpa.
Así como han denunciado en este espacio trabajadores de Banjercito y del Bienestar que la 4T está pasando por encima de sus derechos laborales, ahora lo hicieron los trabajadores sindicalizados de la Universidad de la Chontalpa.
Les cuento. Desde abril de 2019 estos trabajadores sindicalizados de la noche a la mañana dejaron de recibir el pago de sus prestaciones y vieron violentado su contrato colectivo de trabajo por funcionarios de Morena al frente de la institución. “al parecer buscan desbaratar lo conseguido en 19 años de lucha laboral; todo ante la indiferencia o mejor dicho con el contubernio de la 4T” reconoce con cara de gran tristeza uno de los denunciantes.
Arbitrariedad, falta de pago y amenazas, son una constante para los afiliados al Sindicato Administrativo de la Universidad Popular de la Chontalpa que desde hace tres años mantienen litigios laborales contra la administración de la UPCH, encabezada por el rector Antonio Enrique del Ángel Flores, a quien acusan de retención de prestaciones laborales y cuotas salariales por más de 17 millones de pesos.
“La merma en los ingresos de quienes trabajamos en la universidad no ha parado, ya que año con año buscan de dónde más quitarnos y sin respetar nuestros contrato colectivo de trabajo”, señaló uno de los afectados.
Como leyeron, han recurrido a todos los mecanismos legales a su alcance y a pesar de haber ganado amparos, los fallos han sido desestimados por la administración de la UPCH que se niega a respetar el CCT bajo diversos argumentos como: instrucciones superiores; falta de dinero por el congelamiento de cuentas por el caso ‘La Estafa Maestra’ o simplemente al desconocer el contrato colectivo. ¡Así cómo lo están leyendo!
Y como cereza, la rectoría señala a su vez al sindicato de corrupción, de tener salarios altos y de no estar reconocidos por ninguna instancia legal aceptada. También aseguran que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no posee autoridad para ordenarles pagar.
“Como somos un sindicato ‘pequeño’, al gobierno de la 4T, a estos funcionario de Morena, se le ha hecho fácil ignorarnos y desechar nuestras exigencias, pues con todo y laudos a nuestro favor, las cosas siguen sin moverse”.
La pesadilla comenzó…
De acuerdo con los denunciantes, la suspensión de pagos se dio luego del retiro del sindicato de las pláticas previas al inicio de la negociación contractual, durante las cuales las autoridades universitarias se negaron a dejar constancia de lo platicado en minutas de trabajo, argumentando que el firmar dichas minutas implicaba un compromiso, cuando la administración no estaba asumiendo ninguno.
Al cuestionar este proceder, el personal designado por la rectoría señaló que estaban a la espera de un documento, que más adelante resultó ser el acuerdo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que declaró archivado y sin validez el contrato colectivo del sindicato.
La revancha…
Después desaparecieron prestaciones y les negaron la concesión de derechos otorgados por contrato. Esto afectó únicamente al personal administrativo sindicalizado, pues “se sabe que al personal de confianza se le siguen pagando todas las prestaciones extralegales presentes en el CCT”, aseguran.
A la par de las violaciones al contrato colectivo de 127 trabajadores administrativos en 2019, meses después, en octubre de 2021, se redujo el ingreso quincenal de estos al aplicarles, de forma arbitraria, las condiciones generales de trabajo (CGT) haciéndolas extensivas a todo el personal de la universidad, lo que afectó en particular a aquellos de menores ingresos.
Este movimiento provocó una serie de movilizaciones de los agremiados a finales de 2019.
Desde un inicio, el aparato judicial de la Universidad de la Chontalpa ha impedido que los trabajadores vean garantizados sus derechos, pues el emplazamiento a huelga que promovieron en abril de 2019 fue cancelado vía administrativa basándose en una legislación emitida en noviembre de 2016 (13 años después del registro del sindicato en el apartado A). Es decir, hicieron retroactivas leyes y cancelaron un proceso que ya estaba legalmente iniciado.
Pero ojo, eh, pues tras la consulta del pasado 7 de febrero de 2022 donde los trabajadores respaldaron por mayoría el contrato colectivo que los rige, el 9 de marzo la Secretaría de Trabajo les entregó la constancia de legitimación tras verificar que se cumplían con los requisitos y normas previstas en la Ley Federal del Trabajo y el Protocolo de Legitimación.
Con esto esperan combatir la negativa de la administración de la UPCH para validar el contrato colectivo al fin, con todo y que existe un fallo federal que lo declara como vigente.
Los trabajadores le hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se entere de las injusticias en Tabasco, donde los derechos de los trabajadores están siendo atropellados.