Isabel Miranda de Wallace, para muchos, es una mujer que ha perseguido como fiera a quienes señala como los secuestradores y asesinos de su hijo. ¡Qué madre no lo haría! ¿Cierto?
Desde esta historia, la señora Wallace construyó una estrategia política que la colocó, desde los tiempos de Genaro García Luna (sí, en la época de los montajes policiales y las simulaciones televisadas) como referente en la lucha contra el secuestro en nuestro país, formando a través de esto una imagen pública con la que se ha beneficiado y, también desde ahí, colocado una narrativa en favor de quienes ella señala son las víctimas de este tan odiado y temido delito.
Para otros, Miranda de Wallace está obsesionada en que ya no se revise el asunto de su hijo, quien, por cierto, según algunas versiones, no murió y fue visto vivito y disfrutando en el país vecino del norte, tiempo después del supuesto secuestro.
Ahora bien, el tema está en que, el 25 de mayo, la Primera Sala de la SCJN determinó, con cuatro votos a favor de las ministras Norma Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, atraer el amparo 34/2021 solicitado por Juana Hilda González Lomelí, acusada de haber cometido el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien está presa desde enero de 2006; sí, desde hace más de 15 años.
¿Cuáles son las razones de la Corte para atraer el caso?
Las evidencias de tortura y violencia sexual que sufrió Juana Hilda durante su proceso penal por el supuesto secuestro, mismas que, por su gravedad, podrían dar lugar a que se ordene su liberación inmediata. De hecho, desde hace un par de semanas el periodista Ricardo Raphael constataba en su columna que el expediente, de más de 70 mil páginas, al cual tuvo acceso, está lleno de violaciones a los derechos humanos, abusos a la autoridad, fabricación de pruebas, tortura, etcétera.
Uno pensaría, ¿qué mayor garantía de imparcialidad y certeza podrían tener las partes involucradas en el asunto que la intervención del máximo tribunal para verificar a profundidad el expediente? Si no hay nada que ocultar respecto al caso de Hugo Alberto Wallace, la Corte sólo ratificará las condenas a los responsables y la señora Wallace mantendrá la imagen pública que ha construido como una luchadora social contra el secuestro.
Sin embargo, doña Isabel Miranda de Wallace parece no estar de acuerdo. ¿A qué le teme?
Es por demás público que, desde hace varios años, Isabel Miranda de Wallace ha emprendido una campaña de amenazas, intimidación y persecución en contra de distintos personajes que van desde funcionarios públicos, integrantes de la Fiscalía General, jueces y defensores públicos, hasta abogados y varios colegas periodistas, entre ellos Ricardo Raphael y Anabel Hernández. Todos ellos involucrados, de una u otra forma, con la historia del secuestro de su hijo o, por lo menos, con la historia que ella ha contado.
De acuerdo con mis fuentes, quienes son muy cercanos y que conocen los movimientos de la señora Wallace, les puedo comentar que ha echado adelante una nueva campaña de intimidación.
Su blanco…
Son, ni más ni menos, altos mandos del Poder Judicial federal, en particular algunos ministros de la Corte que han atraído el caso de Juana Hilda, por lo que ahora la señora Wallace estaría fabricando ‘pruebas’ –a través de aplicaciones digitales ya demasiado conocidas y exploradas (hasta gratuitas son)– con las que simulará conversaciones digitales en WhatsApp y Telegram. Su objetivo es evitar que la Corte revise los casos de las personas que ella ha venido acusando.
Por lo que, nuevamente, surge la pregunta...
¿A qué le teme Isabel Miranda de Wallace?
De entrada, pareciera que se quieren ocultar las violaciones de derechos humanos que ejecutaron contra la supuesta secuestradora de su hijo, hecho que puede tirar la imagen de defensora social que ha construido desde hace años. Sin embargo, puede haber más que esconder.
Sí, Isabel Miranda pretende ahora chantajear a nuestros jueces con supuestos pantallazos de conversaciones digitales, algo que incluso ya adelantó con Ciro Gómez Leyva al señalar que estaba “recibiendo mucha información”. ¿Quién le manda información? ¿No será que la está fabricando ella?
El que nada debe, nada teme
Por lo que, en unas semanas, veremos de qué están hechas las y los ministros de la Corte, pues déjenme, para variar y no perder la costumbre, ser provocativa… A ustedes, ¿alguien los podría chantajear diciendo que tienen conversaciones suyas que los comprometen de alguna manera? A mí, en lo personal, que me digan lo que quieran, pues los pantallazos de conversaciones apócrifas no resisten análisis tecnológico alguno y sólo los originales tienen huella para rastrear y sostenerse como prueba cierta.
DERECHO DE RÉPLICA
Sr. Director
Escribo lo siguiente en respuesta a la columna Sobremesa, publicada el 13 de junio.
Querida Lourdes, hoy preguntas, ¿quién soy?
Soy una madre, igual que tú, con la diferencia que a mí me secuestraron un hijo, y busco justicia desde hace 17 años sin haberla obtenido aún. Te recuerdo mis reclamos para el entonces presidente Calderón porque su secretario García Luna no hacía nada para rescatar a mi hijo, y menos para ubicar a sus secuestradores, por lo cual tuve enfrentamientos públicos con este personaje y varios miembros de su institución.
También te recuerdo, que cuando quise ingresar a los Pinos a dejar una carta, el Estado Mayor me agredió.
Te aclaro que yo solicité con anterioridad el que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolviera el caso de mi hijo, y me lo negaron antes de que Arturo Zaldívar, por intereses obscuros y con ayuda de la ministra Ríos Farjat, metiera las manos para atraer el caso, para liberar a los secuestradores de mi hijo.
Te aclaro que Juana Hilda nunca fue torturada. Hay un Protocolo de Estambul que así lo prueba, además, en todo momento estuvo asistida por un defensor, contrario a lo que argumentan en la Corte.
Yo sólo soy una madre en busca de justicia, no soy ministerio público ni juez, no me digas que yo fabriqué pruebas, creo que eso lo tienes claro, quien aporta las pruebas a un juicio es el ministerio público y quien las valora es el juez, no una simple ciudadana como yo.
Atentamente
Isabel Miranda de Wallace