¿Y ustedes le creen a Emilio Zebadúa? Yo no.
Pero, increíblemente, el ex oficial mayor de Sedesol y de Sedatu, a pesar de ser un criminal confeso, no ha sido tocado por la 4T ni con el pétalo de una rosa. De hecho, pareciera que ha construido todo un entramado a su alrededor en el que están implicados funcionarios de alto nivel de la propia FGR y hasta jueces federales. ¡Así como lo están leyendo!
Zebadúa González, quien enfrenta acusaciones en su contra por delincuencia organizada, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público, admitió en una declaración ministerial, desde octubre de 2019, haber desviado recursos federales para, según él, pagar deudas de campaña y compromisos del expresidente EPN, confesión mediante la cual buscó acogerse al esquema de criterio de oportunidad (testigo colaborador).
En aquella declaración ministerial, el ex oficial mayor admitió también ser el artífice de la triangulación de recursos; pero no pudo haber actuado sólo. Para ello debió contar con todo un equipo que le ayudó a falsificar firmas, redactar convenios, acordar porcentajes y armar entregables, entre otras artimañas que permitieron el desfalco por el que es identificado y que, es de todos conocido, no es el único beneficiario económico, sino incluso sus hermanos Ramón y Lourdes, a quienes ya se les ha detectado, a través de la UIF, que hicieron gastos injustificables en casinos y casas que compraron en México y Estados Unidos.
Vale la pena destacar que, en aquella ocasión, Zebadúa omitió los nombres de sus cómplices en un afán no sólo de protegerlos, sino de que le siguieran siendo fieles y serviles, y vaya que lo ha logrado. En cambio, señaló a varios exfuncionarios de estar implicados en la firma de convenios con universidades e instituciones estatales. Léase, chivos expiatorios.
Lo increíble del tema es que –inhale y exhale– los funcionarios señalados por Zebadúa son todos aquéllos que, en su momento, tuvieron la osadía de denunciarlo –sí, a él– por falsificación de firmas, de pruebas, de facturas y entregables.
Así pues, los denunciantes, los servidores públicos decentes, se han convertido en perseguidos gracias a que Zebadúa González logró construir toda una red encargada ahora de sobornar a juces, fiscales y ministerios públicos para que sigan sus instrucciones de a quiénes deben perseguir y a quiénes no. Indignante, por decir lo menos.
La justicia, si es selectiva, deja de ser justicia
Es más, les puedo contar que, de acuerdo con mis fuentes, han sido muchos los testimonios y declaraciones que la propia fiscalía ha desechado, incluso de la ASF y de la UIF, en las que se señalan cómo, a través de convenios y múltiples documentos falsificados, acabó el dinero del erario en los bolsillos de la propia familia Zebadúa y, en concreto, de su hermano José Ramón Zebadúa, su apoderado legal, y de varios prestanombres cercanos a su familia, como secretarias, ayudantes y choferes.
¿Por qué tanta amabilidad para Zebadúa?
Me dicen que las razones no sólo son de peso y de pesos, sino también de dólares.
La puerta que gira
Antes de seguir leyendo váyase por un fuerte, pues lo necesitará.
En Polanco hay dos propiedades, obvio con prestanombres, de Emilio Zebadúa González: Tennyson 125 y Eugenio Sue 98. Y lo interesante del asunto es que, y aunque les cueste creerlo, las casas se comunican a través del jardín.
–Acomódese mejor y otro trago del fuerte de su elección se sugiere–.
En Tennyson se encuentra la empresa Servicios de Estudios Legales y Políticos, SC, cuyo director es Emilio Zebadúa González, y en Eugenio Sue 98 se encuentra el despacho de abogados Zebadúa, Murguía y Luna Ramos Abogados.
De hecho, me comentan, sin titubeos y mirándome a los ojos, que por la calle de Tenysson entran las camionetas con personajes del Poder Judicial y de la propia Fiscalía para recibir apoyos en efectivo a cambio de las declaratorias de culpabilidad o imputación que les señale Zebadúa y que cuentan con los nombres y apellidos de todos. ¡Quihúboles!
Ah, y que la casa de Eugenio Sue fue comprada en efectivo entre los años 2017 y 2018. Esta fuente tiene nombres de personal de FGR y de jueces de control que se encuentran en la nómina del ex oficial mayor de la Sedatu.
¿No son delitos graves inventar pruebas, fabricar delitos, intimidar jueces y vincular a proceso a inocentes y, lo que es peor, fabricar casos para simular un combate exitoso a la corrupción?
El tiempo apremia
El jueves de la semana antepasada, el Presidente se reunió con Alejandro Gertz y Arturo Zaldívar. Según los transcendidos, en ese encuentro se trataron los temas judiciales que le interesan a la ciudadanía en materia de combate a la corrupción. Al Presidente en particular le interesa, y lo comentó en esa reunión, que se aceleren los asuntos.
Esta reunión me hizo recordar un artículo de Raymundo Riva Palacio en el cual documentó cómo se formó el ‘Grupo de Judicialización’ y que en esas reuniones se definían los expedientes que requerían ser judicializados. Y que, como mera casualidad, en el sorteo les tocan a los mismos jueces los mismos casos (Lozoya, ‘estafa maestra’). Asimismo, que en 70 por ciento de los casos los imputados son vinculados a proceso sin argumentos jurídicos válidos, en muchas ocasiones con medidas cautelares que pueden ir desde la presentación periódica hasta la cárcel preventiva y el imputado/acusado ni las manos puede meter.
Ojo, esta forma de operar de Zebadúa, mediante un equipo bien integrado, tiene muchas similitudes con Lozoya y Froy Gracia, a quien ahora le dan calidad moral para usarlo de testigo, cuando sabemos que el dueto maravilla de Milo estaba conformado por Froy y Enríquez Autrey.
En el último mes se han acelerado los citatorios para chivos expiatorios –mera casualidad y mera coincidencia– con los jueces para formular imputaciones a exfuncionarios que, de acuerdo con Zebadúa, podrían estar vinculados con la llamada ‘estafa maestra’ y con Emilio Lozoya. Esta columna está enterada de por lo menos cuatro casos en que se nota la prisa por obtener resultados. Algunos hasta con cinco citatorios, aunque los imputados no tengan ni idea del delito que presuntamente cometieron.
El licenciado Coello Trejo narra con nitidez, en el caso Lozoya, el esquema de operación que ha utilizado el personal de la Fiscalía para crear impunemente falsas pruebas y llevar ante el Poder Judicial a diversos exservidores públicos. Ese modus operandi se repite también en la ‘estafa maestra’.
¿Y la presunción de inocencia y el Estado de derecho? ¿Dónde quedaron?
Continuará… con el capítulo: El modus operandi de Zebadúa.
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