Hoy les traigo el cuarto capítulo, ‘Las traiciones’, de la serie ‘Zebadúa, el comesolo’.
Cuando a finales de 2019 un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, derivada de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, Zebadúa decidió huir para refugiarse en Canadá, donde estuvo escondido durante poco más de tres meses.
Durante ese tiempo dejó a cargo de sus ‘negocios en México’ a dos de sus más cercanos cómplices: su hermano José Ramón Zebadúa, en calidad de apoderado legal, y a un personaje sombrío de nombre Alejandro Hinojosa como operador financiero y quien, durante la estancia de Zebadúa en la administración de EPN, fue quien se dedicó a negociar los convenios con universidades sin tener un cargo público para ello.
No obstante, cuando José Ramón y Alejandro se dieron cuenta de que las pesquisas contra su ‘jefe’ por parte de la FGR iban en serio, ambos decidieron traicionarlo y se fugaron con más de mil mdp, tanto en bienes muebles, activos, cuentas bancarias y dinero en efectivo, dando por hecho que Zebadúa sería capturado y encarcelado. ¡Quihúboles!
La traición, obvio, desató la ira de Emilio y provocó el inicio de los ‘acuerdos’, mediante repartición de dinero en efectivo con funcionarios de la Fiscalía, de la ASF y jueces federales, como ya he mencionado en esta serie
Acto seguido, ‘el comesolo’ preparó su regreso a México, no sólo para recuperar lo que su hermano Ramón y Alejandro Hinojosa le habían ‘robado’, sino para terminar de construir todo el entramado de corrupción que ya conocemos.
Mediante artimañas legales y financieras, Zebadúa logró recuperar gran parte de lo que le ‘robaron’.
Para su fortuna, aún contaba con la ‘lealtad’ de varios de sus colaboradores que le ayudaron a construir todo el andamio que derivó en la desviación de miles de millones de pesos para su beneficio, a través de la triangulación de recursos con universidades públicas y utilizando para ello las bondades del artículo primero de la Ley de Adquisiciones que, por cierto, Morena no sólo no ha querido corregir, sino que sigue utilizando.
Así, con su equipo de colaboradores, entre quienes se encuentran Francisco Báez, Enrique Prado, Rosalba Camacho, Claudia Morones y Humberto René Islas, entre otros, inició la operación para corromper a autoridades influyentes en el sistema de justicia de nuestro país. Para tal efecto, Zebadúa utilizó el membrete de un supuesto despacho de abogados, Murguía & Luna Ramos Abogados, que comenzó a operar en Eugenio Sue 98, en Polanco, y que, como ya dije, Zebadúa lo compró en cash por 69 mdp.
Desde ese lugar realiza la distribución del cash, como parte de los acuerdos que Zebadúa alcanzó con FGR para garantizar su protección e involucrar a chivos expiatorios. Ah, y para ello decidieron utilizar nombres claves para referirse a las personas involucradas, para no poner en ‘riesgo’ sus verdaderas identidades: a Emilio Zebadúa se le asignó el alias de El Capitán; a su chofer y prestanombres, Roberto Gómez, El Morelos; en la fiscalía están El Diamante y la Espada, y hay un abogado al que le pusieron El Sombrero, entre otros.
El secreto mejor guardado
En su declaración ante la FGR, Emilio Zebadúa señaló, de manera textual, que los recursos desviados provenían de la “Subsecretaría Operativa de la Sedatu”. En ese entonces, la dependencia federal contaba con tres subsecretarías y la única que tenía recursos para operar por casi 6 mil millones en ese año, 2016, era la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, comandada en aquel entonces por el poblano Juan Carlos Lastiri. En la nota técnica de la ASF para la Cuenta Pública 2016, dada a conocer en 2017 (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016II/index.html#0), se señala de dónde salían los recursos y que el origen era la Unidad de Infraestructura de la subsecretaría de Lastiri.
Por cierto, llama la atención que, aunque nunca Zebadúa lo menciona por su nombre, la ASF sí lo hace en el referido informe.
Cómo dejar de recordarles que, a finales de 2019, se sabe, Lastiri fue asaltado en su casa en el lujoso fraccionamiento La Vista, en Atlixco, Puebla, de donde los delincuentes se llevaron más de 50 mdp en efectivo; ¡como Zhenli Ye Gon, pero poblano!
Ah, y ‘casualmente’ meses atrás, el ‘exsubse’ inauguró hoteles a nombre de su familia y hermanos: uno campestre y otro boutique en Zacatlán de las Manzanas, de donde fue alcalde.
Luego, en 2020, fue detenido por un comando armado y se pensó, en un principio, que se trataba de un supuesto secuestro. Sin embargo, el propio gobernador Miguel Barbosa señaló que el exfuncionario de la Sedatu había sido asegurado por personal de la FGR y se encontraba declarando en el Reclusorio Oriente de la CDMX, de donde fue liberado horas más tarde.
Después de esa ‘reunión’, a Juan Carlos Lastiri no se le ha vuelto a molestar, ni ha sido vinculado a ningún proceso legal por parte de la Fiscalía. De seguro los convenció de su inocencia.
No obstante, muchas empresas constructoras poblanas hablan de ‘los apoyos’ que le dieron al exsubsecretario en la etapa de reconstrucción por los sismos de 2017, donde fungió como coordinador general.
Uno de los convenios más altos (380 mdp) que Lastiri firmó con una de las constructoras se hizo a través de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Y aunque falta averiguar si su firma fue falsificada, como en el caso de otros convenios, les cuento que este documento desapareció de la Sedatu, de la FGR y de la universidad, pero, a decir de la ASF, esos gastos sí se ejercieron.
Existen muchos cabos sueltos que ni la FGR ni la ASF han querido terminar de atar, pues en el caso de Lastiri decidieron no seguir el hilo de la auditoria forense ya citada.
La duda es: ¿por qué Emilio Zebadúa no menciona expresamente de dónde salían los recursos desviados y a qué acuerdos llegó Lastiri con la FGR para convertirlo en ‘el secreto mejor guardado’ en el caso de la ‘estafa maestra’?
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