El próximo 9 de septiembre Ana Georgina Domínguez Macías cumplirá 13 años privada de su libertad por delitos que le fueron fabricados, pues a pesar de que no existen pruebas que demuestren su culpabilidad, su proceso, llevado en el Juzgado Quinto de Distrito en Toluca, se encuentra en el olvido. ¿La excusa? No hay tóner ni papel para imprimir los documentos que le den seguimiento al caso.
“Llevo 13 años sin abrazar a mis hijos, exijo justicia y mi liberación. Yo no cometí ningún delito y ahí están las pruebas. ¿Quién me va a regresar esos 13 años y lo que falta?”, reclamó la mujer.
La agonía de Georgina comenzó cuando apenas tenía 26 años de edad. Esa madrugada, sin orden de cateo ni de aprehensión, presuntos militares encapuchados de la Sedena irrumpieron en su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el pretexto de haber recibido una denuncia anónima sobre presuntos miembros del crimen organizado en ese lugar.
Con apenas poco tiempo de casados, tanto Ana como su esposo, Eduardo, fueron testigos de cómo los soldados destruían con mazos su hogar y robaban sus pertenencias. Luego fueron golpeados, amarrados y vendados de los ojos frente a sus dos pequeños hijos.
En entrevista, Ana Georgina me contó que durante su detención fue sometida a diversos actos de tortura y abuso sexual, hechos que fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos por su pareja, quien la noche de los hechos fue liberado a la orilla de una carretera, no sin antes recibir amenazas de muerte.
“Me golpearon, me fotografiaron desnuda, abusaron de mí sexualmente. Yo creo que me iban a matar, pero no pudieron por esa denuncia que existe a favor en mi proceso, por esa denuncia ellos no pudieron de alguna forma matarme”, recordó.
Señalada como la contadora del Cártel del Golfo, fue vinculada a proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; todo ello mientras ella y su familia eran amedrentados y abusados.
“Me enseñaban fotografías de mis hijos y me decían que si no colaboraba los iban a matar a todos, incluso me decían que identificara a otros miembros del cártel y que si no lo hacía me iban a refundir en la cárcel”.
Georgina asegura que un punto clave de su vinculación fue una mujer policía identificada como Santa Mónica Mujica García, quien actuó como testigo protegido y la acusó de ser quien pagaba la cuota a los miembros del crimen organizado; sin embargo, más tarde retiró sus declaraciones, pues la SEIDO, que era la dependencia que llevaba su caso, supuestamente no cumplió con el trato que le ofrecieron.
Pero lo más increíble es que, además, también existen pruebas que confirman que Ana Georgina fue operada, léase intervenida quirúrgicamente, el 14 de abril de 2009, un día antes de la fecha en que se afirmó que ella entregó dinero a presuntos miembros del crimen organizado, hecho que fue declarado y confirmado ante la fiscalía por su médico.
Luego de pasar 11 años en penales federales: cinco en el de Nayarit y seis en el de Morelos, la defensa de Ana por fin logró que en 2021 fuera trasladada a Almoyolita de Juárez, en Toluca. Sin embargo, la justicia no ha llegado, pues Ana está cerca de cumplir 13 años sin recibir sentencia.
Aunque el pasado 2 de febrero el caso fue expuesto ante Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera y el propio Presidente pidió que se atendiera, a la fecha esto no ha ocurrido.
Gracias al trabajo de su familia y abogados, Ana Georgina ya fue absuelta del delito de enriquecimiento ilícito, pero su proceso por delincuencia organizada está detenido por inconsistencias y el pretexto de que faltan copias y certificaciones de éstas. Por ello, en julio ingresó un amparo por exceso de prisión preventiva, el cual tampoco ha sido resuelto.
“Realmente es desesperante de verdad, es muy muy desesperante que no resuelvan. Yo sé que no soy la única, son miles de casos, son miles, miles, pero ya nos dimos cuenta que si uno no alza la voz y no dicen, ‘eh, está pasando esto y pasó y sucedió esto’, nadie hace caso, nadie hace nada, y ellos siguen haciendo y deshaciendo con este tipo de casos de fabricación de delitos”.
Si creían haberlo leído todo, también en febrero, el juez Ernesto Vladimir Tabera Villegas, del Juzgado 2 de Matamoros, dictaminó la libertad absolutoria en favor de Ana Georgina, al no haberse encontrado pruebas suficientes ni contundentes de sus delitos, fallo que ya fue adherido al proceso de delincuencia organizada, pero ni así el Juzgado Quinto de Distrito en Toluca quiere resolver su situación jurídica: “No actúan, ni reaccionan y siguen aplazando”.
La justicia tiene que ser pronta y expedita. Ministro Arturo Zaldívar, usted nos dijo, en la presentación de Caníbal, que alcemos la voz y exhibamos a los funcionarios públicos, a los MP y jueces que no hacen su trabajo... Así pues, al menos yo ya le tomé la palabra.