La impartición de justicia en el país va de mal en peor: desde la omisión en darme unas copias, hasta una selección de asuntos a resolver convenientes para la actual administración.
Van aproximadamente 800 días desde que solicité un juego de copias de la denuncia en la que Emilio Lozoya Austin me señaló, como única mujer, y le puso como precio a mi persona y a mi trabajo el de una bolsa, para mis denuncias interpuestas en su contra por daño moral y por falsedad en declaraciones.
Gertz Manero decidió que la carpeta de investigación que se inició con motivo de la denuncia que presenté por el delito de falsedad ante autoridad, cometido por Emilio Lozoya Austin, es competencia del fuero común. Así pues, una vez más, el fiscal general se lavó las manos en asuntos que no son de su interés. Esto evidencia la falta de providencia de la autoridad y la justicia selectiva que se ejerce desde los altos mandos del gobierno.
Estamos a unos días de las audiencias en las que nos daremos cuenta si la 4T se va a juicio vs. Lozoya por Agronitrogenados y Odebrecht, por lo que le pregunto a usted, señor fiscal Gertz, ¿en esta ocasión buscará la verdad y la justicia? ¿O nos va a salir con un acuerdo en lo obscurito que beneficie a sus consentidos? ¿Se cerciorará de darle la mayor pena posible o dejará que salga a disfrutar de los 10 millones de dólares que tiene en la bolsa, en sus cuentas?
Porque en mi asunto, ni verdad ni justicia; ni debida diligencia ni lealtad; ni pronta ni expedita. Me puedo imaginar que el titular de un organismo permea su manera de actuar en su manera de trabajar. Ah, y Lozoya anda diciendo lo contrario -sigan leyendo por favor-.
#JusticiaSelectiva
Rosario Robles estuvo tres años en prisión preventiva por así convenir a los intereses del actual Presidente. El 19 de agosto de 2022 un juez de control por fin le concedió la libertad provisional bajo el argumento de que la exsecretaria padece de hipertensión y rinitis crónica, además de sus problemas de cadera y un contagio de Covid-19. No olvidemos que fue liberada horas después de que el exprocurador de la República ingresara a prisión. Mucha casualidad, ¿no lo creen?
No olvidemos tampoco el caso de Jorge Luis Lavalle, exlegislador panista y único detenido por el asunto de Odebrecht, quien fue liberado el pasado 17 de septiembre debido a su estado de salud. A él lo metieron a la cárcel por los dichos de Lozoya y, como me he cansado de escribir y de decir, Lozoya no ha podido comprobar uno solo de sus dichos. Pero aun así, siguen persiguiendo injustamente a Carlos Treviño, exdirector de Pemex que no votó la reforma energética de EPN, y a Ricardo Anaya.
Aún con el riesgo de muerte que padece el exprocurador Jesús Murillo Karam, acaba de ser regresado al Reclusorio Norte tras estar en terapia intensiva. Fiscal Gertz, ¿liberará a Murillo Karam por las mismas razones que a sus otras medallitas? ¿O le conviene correr el riego de tenerlo preso para ‘calmar las aguas’ a pesar de que se le pueda morir por su precaria salud?
Esta justicia selectiva ha tenido al país preso durante todo el sexenio. La justicia no se somete a votación, la justicia no es un medio para conseguir votos, la justicia no es populismo.
¿Qué tengo que hacer para recibir mis copias certificadas, para recibir la atención de la autoridad? ¿Qué tengo que hacer para que la fiscalía actúe conforme a derecho? ¿Tengo que incriminar a alguien? ¿Tengo que poner sobre el cuello del Presidente una medallita más? Porque al papá de Emilio Lozoya Austin lo recibían diario y con café en mano en Insurgentes 20, otorgándole hasta los mínimos caprichos para complacer a su hijo consentido.
Y a mí ni copias ni una investigación.
Esto se ha convertido en una dictadura donde hay un poder arrasador sin freno y sin límite que no protege a quienes claman justicia, y que señala a inocentes como culpables por así convenir los intereses del fiscal y sus allegados.
¿Cuánto tiempo más, México?
Lozoya es un procesado federal en custodia en un penal local. Todos sus privilegios vienen de sus acuerdos inconfesables.
Y no es por echarle más limón a la herida, pero déjenme decirles que Lozoya vive en el edificio 2 del Reclusorio Norte a todas margaritas, dirían las abuelitas. Pues ahí los presos, me dicen, tras pagar entre 300 y hasta 400 mil pesos tienen derecho al restaurante, el bar, la cancha de tenis, gym -en el cual hasta los podemos ver corriendo con IPods-, celulares y meseros. Bueno, ellos hasta escusado tienen, no letrina como los otros presos. Como Lozoya es un sapo, es decir un bocón, vive con chaleco antibalas y cinco custodios, pues ha dicho que teme por su vida, pero nunca ha levantado una denuncia formal. Raro, ¿o no?
Ah, y no menos importante es decirles que ni Juan Collado, ni Javidú ni Murillo Karam viven como el mirrey Lozoya, ¡eh!
Y aunque no están para saberlo, les cuento que hace ocho días, en su última borrachera en el Reclusorio Norte, Lozoya gritaba que -agárrense, eh, y váyanse por un fuerte- ya iba a salir, pues para que AMLO dejara de fregar iba a pagar 50 mdd. Luego se aventó un brindis por Pablo Gómez, director de la UIF, porque ya había firmado el acuerdo, por lo que sus audiencias serían mero trámite. ¡Quihúboles!
Ahora bien, ¿50 mdd es un precio justo para su libertad? Según la 4T, no. Y déjenme decirles por qué lo digo.
Ancira, por entregarle 3.5 mdd de soborno a Lozoya, tuvo que resarcir el daño con 216 mdd. Por lo que, si Lozoya recibió 10.5 mdd por Odebrecht, y aplicando la regla de 3, Lozoya debería pagar, al menos, 648 mdd.
Soborno Resarcimiento
Ancira 3.5 mdd 216 mdd
Lozoya 10.5 mdd 648 mdd
Así pues, si los 10 mdd que inicialmente le habían aceptado el agrónomo de Pemex Octavio Romero y la FGR, era poco, los 50 mdd que hoy ofrece tampoco sirven ni para tapar una muela o, mejor dicho, un barril de petróleo.
La duda es: ¿en serio Pablo Gómez, de la UIF, ya aceptó?
Lo veremos este viernes 4 y el lunes 7 de noviembre.
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