La lamentabilísima muerte de una niña de seis años de edad en el Hospital No. 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, esperemos sea la gota que derrama un vaso lleno de malos manejos, austericidio presupuestal y, para ser francos, indolencia en una institución que, por muchos años, fue -sin ser perfecta- orgullo nacional.
Más allá de que se deslinden responsabilidades por el terrible fallecimiento de Aitana Betzabé Domínguez, que se quieren trasladar exclusivamente a la empresa contratista que da el servicio de mantenimiento, el IMSS navega un turbulento mar de sospechosismos, desde contratos extraños, como el de asesoría para prevenir la corrupción, hasta los de los elevadores, donde cada día dicen algo diferente. Por lo demás, el IMSS está dirigido por un político que parece estar más enfocado en irse de campaña a Chiapas.
Agárrense
Para empezar, déjenme decirles que el contrato que ampara los servicios relacionados con elevadores en oficinas y hospitales venció hace un mes, y actualmente se encuentra en proceso de licitación. ¡Así como lo está leyendo! Mientras tanto, las necesidades se atienden a través de órdenes de servicio que, hasta cierto monto, se pueden asignar libremente, y no -como debe ser- con una relación contractual y documentada.
Lo de Quintana Roo es sólo la punta del iceberg. Inmediatamente surgieron imágenes de fallas en los elevadores del Hospital General de Zona Número 1 de Zacatecas. Pero ahí no termina la cosa.
Por ejemplo, ¿sabían que hay un contrato en la Dirección de Administración del IMSS consistente en un “Servicio de Consultoría para la Implementación de un Sistema Focalizado a Mitigar el Riesgo de Corrupción Institucional”?
No, no estoy inventando nada, aquí está el documento que prueba lo dicho. Como lo lee, necesitan ayuda para no ser corruptos. La licitación LA-050GYR019-P002-2022 le dio ese “encargo” a la empresa Expertos en Control Interno, Ética y Cumplimiento, SA de CV, por la módica suma de 8 millones 350 mil pesotes.
Nepotismo
La administradora de ese contrato es la chiapaneca Alba Fabiola Borraz Santiago y quien firma el requerimiento es un inge sin cédula profesional llamado Édgar Estudillo, también chiapaneco cercano al titular del IMSS, Zoé Robledo, y ahijado de quien fuera administrador del instituto, Humberto Pedrero Moreno, paisano of course, exdiputado federal y quien llegó a su curul simulando ser indígena originario para cumplir las cuotas correspondientes en la Cámara baja.
Anteriormente, Pedrero fue titular de Hacienda en el gobierno de Manuel Velasco, allá en Chiapas, y se ausentó temporalmente para estudiar un posgrado en la Universidad de Oxford, de donde regresó como asesor de Zoé para operar los dineros en la búsqueda de su anhelada gubernatura.
Ante las crecientes denuncias de todo tipo que culminan con el penoso suceso de Playa del Carmen, las áreas administrativas se apresuran para que la empresa contratada, supuestamente para implementar un sistema para mitigar la corrupción, entregue documentación que justifique esa erogación de más de 8 millones de pesos que huele a campaña electoral.
El desorden administrativo en el área de contrataciones del Seguro Social ha sido ya denunciado por directores de delegaciones regionales del IMSS. La queja es la misma: incumplimiento de normas, orientación de licitaciones, falta de claridad en las condiciones… en fin, un desastre, al que se agrega el dato de que durante esta administración la inversión en infraestructura es casi nula: la única unidad de medicina familiar en este sexenio será la de Tula, cuando en la administración pasada se edificaron 20 hospitales y 40 unidades de medicina familiar.
La prioridad son los contratos de servicios, área con muchos movimientos y enroques. Apenas en marzo pasado salió el coordinador de Adquisiciones del IMSS, Aunard Agustín de la Roche Waite, e inmediatamente se supo que fue premiado por su amigo Robledo para encargarse de manejar los recursos para aglutinar el esquema IMSS-Bienestar, que sustituye al malogrado e inútil Insabi. En su puesto de comprador de bienes y servicios dejó a quien fuera su secretario particular, José Gonzalo Badillo Marino. O sea, todo queda entre cuates.
Aunque todo el mundo lo sabía, finalmente el 14 de junio pasado Zoé Robledo hizo pública su aspiración a gobernar Chiapas, pero parece que el presidente López Obrador lo condicionó a arreglar su relajo y, sobre todo, terminar con la unificación de servicios de salud en IMSS-Bienestar, para justificar así el fracaso derivado de la desaparición del Seguro Popular y del invento malformado del Insabi.
En tanto, las quejas prevalecen y el responsable operativo de toda la Unidad de Administración del IMSS, Eduardo Thomas Ulloa, ni pío dice, por ejemplo, sobre la queja de que el centenar de ambulancias que operan diariamente circulan ¡sin llanta de refacción! Imagínense, un problema durante cualquier emergencia.
En fin, con lo que les cuento, y muchas otras cosas, como lo hice en agosto de 2022, al documentar que el IMSS les pagaba un millón de euros mensuales a los médicos cubanos que trajeron para dizque dar atención médica rural, el Seguro Social se suma al ISSSTE como estrellas de la destrucción institucional de la 4T.
Lo de ellos es la grilla, no la salud: ya están pensando en los sustitutos de ambos, por si se ofrece cuando Robledo vaya a su campaña y Pedro Zenteno se incorpore al equipo de Delfina Gómez en el Edomex: en el Seguro Social Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación, y en el ISSSTE -siéntese y agárrese- nada menos que Almendra Ortiz, la exgacela responsable de graves irregularidades, con responsabilidades penales que ya he documentado en este espacio. Ah, otros dicen que será el hijo de Zenteno quien esté en el equipo de Delfina.
No somos Dinamarca.