La acusación del fiscal de Distrito de NY vino a confirmar lo que los mexicanos, pero sobre todo los sinaloenses, ya sabíamos: Rocha Moya es un narcopolítico.
El texto del caso S9 23 Cr. 180 (KPF) detalla una conspiración de gran alcance entre el Cártel de Sinaloa (específicamente la facción de Los Chapitos) y altos funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, como Rubén Rocha Moya.
Agárrense
Pues lo que seguro no saben es que Rocha Moya, probablemente, es el hombre que mejor ha entendido el sistema de seguridad social en la historia de México. Así como lo están leyendo.
Redoble de tambores
Pues cobra tres pensiones: una de la UAS, otra del ISSSTE (por viudez) y una más del IMSS. Lo curioso, por decirlo de alguna manera, no es que reciba 1.5 millones de pesos anuales solo de pensiones, sino que una de ellas es del IMSS, cuando toda su vida laboral ha sido en el sector público. ¿Camuflaje de sobornos?
Enrique Inzunza Cázarez (senador y exsecretario general): Acusado de reunirse con líderes del cártel para planificar el apoyo gubernamental a sus actividades criminales.
Según su declaración patrimonial, Inzunza reportó un ingreso en 2023 de 2,177,109 pesos. De esta cantidad, 1,624,976 pesos provinieron de su jubilación (135,000 pesos mensuales, promedio). Pero… Inzunza trabajó en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa durante un periodo acumulado de aproximadamente 13 años y 10 meses; sin embargo, ese tiempo no le alcanza para justificar contar con una pensión. ¿Otro camuflaje? En 2024 (enero a agosto), se hace bolas con las cuentas, porque la jubilación baja drásticamente a un promedio de 39,487 pesos mensuales. Casualmente, Inzunza registró la compra de dos vehículos de contado: un Land Rover 2014, adquirido el 14 de junio de 2022 por 350,000 pesos, y un GMC 1970, adquirido el 7 de julio de 2023 por 100,000 pesos. Y mantiene un seguro de vida con Grupo Nacional Provincial (GNP) denominado en dólares estadounidenses.
Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas): Presuntamente entregó nombres y direcciones de oponentes políticos a Los Chapitos para que fueran amenazados y forzados a abandonar la contienda electoral.
Punto y aparte, en su declaración patrimonial, Díaz Vega documenta una fortuna en propiedades que supera los 100 millones de pesos, y una red empresarial activa. Entonces, el dinero no era su objetivo, sino la viabilidad operativa con la protección de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa.
Estos tres altos funcionarios habrían recibido millones de dólares.
Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal general de Sinaloa): Se alega que recibía sobornos mensuales, 385,000 USD anuales, para proteger a miembros del cártel de ser arrestados y filtrar información sobre operativos.
Mandos policiales (Marco Antonio Almanza recibió 960,000 USD; Alberto Contreras, 624,000 USD; Gerardo Mérida habría recibido al menos 1.2 mdd, y José Hipólito, 864,000 USD, aprox.): son acusados de escoltar cargamentos de droga, liberar a miembros del cártel detenidos y avisar sobre redadas en laboratorios.
Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán) habría recibido más de 470,000 USD y Juan Valenzuela Millán recibió 41,000 USD mensuales para distribuir entre él y otros oficiales de su fuerza desde 2018 hasta 2024: Se les acusa de poner a la Policía Municipal a disposición del cártel.
Los “papelitos” que tanto criticó Sheinbaum
En el contexto de investigaciones federales sobre narcotráfico y corrupción, este tipo de documentos –conocidos como “libros contables” o “nóminas del cártel” suelen ser piezas centrales de la evidencia por varias razones que el documento detalla.
No es una lista encontrada al azar. Según el documento, estas listas fueron recuperadas en México como parte de la investigación y estaban vinculadas directamente al “jefe de plaza” de Culiacán. En el esquema operativo del cártel, estas listas no viajaban solas: acompañaban físicamente a cajas con grandes cantidades de dinero en efectivo que se entregaban mensualmente para el pago de sobornos.
La fiscalía no solo presenta el papel, sino que lo vincula con la estructura jerárquica y los alias de los acusados, y explica que nombres como “R1” corresponden al jefe de la Policía de Investigación (Almanza Avilés y luego Contreras Núñez), mientras que “Tornado” y “Juanito” son los alias directos de los comandantes Hipólito y Valenzuela Millán, respectivamente.
Las listas muestran pagos mensuales exactos, como los 200,000 pesos para “Culiacán Regio” (identificado como el vicefiscal Castro Zaavedra) o los 300,000 pesos para “R1”.
Explica la justicia americana que, en el mundo del crimen organizado, no existen transferencias bancarias ni contratos formales. Estos documentos son la única forma de control financiero que tienen los líderes para verificar que sus subordinados no se queden con el dinero de los sobornos.
Aunque parezca un documento frágil en México, en un juicio en tribunales americanos suele ir acompañado del testimonio de la persona que escribió la lista o de quien entregó el dinero (testigos colaboradores), lo que transforma ese “papelito” en una prueba difícil de refutar para la defensa.
En resumen, no es solo una lista: es la prueba física del flujo de dinero desde el narcotráfico hacia las oficinas gubernamentales de Sinaloa.
Cruz Azul, desnudo frontal
No bastó con los 50 mdd de coque que pagó “la señorita de los tokens”, María Alejandra Velázquez, con la firma de “Rafa” Anzures, del que faltó que les entregaran 20 mdd de producto y que, por inconformarse, puso a Juan Manuel Briseño en prisión preventiva por un caso fabricado.
Sino que, y como lo di a conocer en exclusiva en mi red social de X, Anzures se estrenó como abogado personal de Víctor Velázquez en la cooperativa, con un contrato de 2.5 mdd y múltiples facturas millonarias. Y otro más por asesorías con valor de siete millones de pesos más IVA.
También revelé en exclusiva que Víctor Velázquez tiene a su hija Renata en la Suprema Corte, enquistada con Loretta Ortiz, y el CEO de Cruz Azul tiene a dos ministras y tres fiscales a sus órdenes.
¿Qué más falta por ver? Mucho.
Y sobre todo en Estados Unidos por el presunto fraude de los 50 mdd de coque, orquestado por Bobth Trading LLC, la empresa norteamericana creada un mes después de la firma del contrato. El que calla ¡confirma! Y si lo acompañan de despidos masivos a los Briseño, a pesar de ser socios cooperativistas de Cruz Azul, en la misma semana, ustedes dirán.