Me parece algo bueno para la competencia política y la lucha democrática que quienes aspiran a la presidencia de la República lo digan en público y argumenten sus razones. Aunque Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López sólo repiten las mismas cantaletas de su jefe y buscan agradarlo, alguna idea o expresión brotará ocasionalmente para conocer a la persona: sus atributos, sus defectos y su inteligencia emocional.
También me parece muy positivo que Ricardo Monreal (o cualquier otro integrante de la coalición gobernante) desafíe al presidente y exprese su deseo de ser candidato. Así ocurrió en 1986 y de ese movimiento surgió el Partido de la Revolución Democrática.
Sin embargo, ese proselitismo político implica riesgos políticos y legales. Primero, que se configuren actos anticipados de precampaña que rompan la equidad de la contienda de 2024. Se han presentado diez quejas ante el Instituto Nacional Electoral. El senador Osorio Chong (PRI) señaló que las denuncias deberán proceder en la inhabilitación de los tres funcionarios mencionados.
El segundo riesgo de las precampañas anticipadas es que las ‘corcholatas’ (así se asumen y así lo repiten sin pudor alguno) usen recursos públicos con fines de proselitismo, algo prohibido por el artículo 134 constitucional. No solo es el tema del dinero (por ejemplo, los sueldos de asesores, la gasolina de los automóviles y los boletos de avión), sino el recurso más preciado de un funcionario de alto nivel: su tiempo.
Los funcionarios de alta jerarquía lo son 24 horas al día, siete días a la semana. Sus responsabilidades no permiten cambiar de cachucha los fines de semana. El secretario de Gobernación, por ejemplo, es responsable de la gobernabilidad del país todo el tiempo. No puede suspender esa función los viernes a partir de las 17 horas. Lo mismo aplica para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Los asuntos de movilidad y de inseguridad de la capital del país no se detienen. Requieren su atención 24/7.
Este mismo problema se gestó en el pasado. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, usó recursos políticos y presupuestarios de la gubernatura del Estado de México entre 2005 y 2011 para fondear desde ahí su carrera hacia la Presidencia de la República y de paso fondear campañas de otros candidatos a gobernador para comprar aliados políticos que en su momento lo ayudaron a ganar la elección en 2012. Un asunto de interés personal y partidista se pagó con recursos públicos.
Finalmente, está el problema de la neutralidad política de los servidores públicos. El mismo artículo 134 exige neutralidad frente a la competencia entre partidos y ésta no solo ocurre durante procesos electorales, sino en todo momento. ¿Cómo podemos esperar que el gobierno federal sea neutral en 2024 si dos funcionarios del gabinete –con la anuencia del presidente de la República– están en plan de campaña para ser abanderados de Morena?
Si se quieren contener las precampañas y todos los problemas que entrañan, el Tribunal Electoral debe flexibilizar sus criterios para actualizar los actos anticipados de campaña. Por ejemplo, el análisis del contexto debe ser integral y no solo considerar las palabras expresadas sino el propósito político de los eventos o de la propaganda; asimismo, analizar el impacto político real de los actos de proselitismo sobre las campañas de 2024, aunque su celebración aún no haya iniciado.
La ley electoral establece obligaciones de transparencia a los candidatos una vez que inicia oficialmente la fase de precampañas y el INE tiene facultades de fiscalización. Pero en este momento hay un limbo: bien valdría la pena que cada aspirante diera cuenta de quién paga y cuánto cuestan sus actividades de proselitismo durante los fines de semana.
Asimismo, los medios de comunicación pueden ejercer su labor de investigación para detectar el posible uso de recursos públicos por parte de los funcionarios mencionados. Y las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información para pedir cuentas pormenorizadas de cada gasto ejercido durante los eventos de promoción.
En lo personal creo que el país se beneficiaría de que los aspirantes tuvieran las agallas y la convicción de ser presidente o presidenta de México, más allá del confort de ser ‘corcholata’ de López Obrador. Para ello deberían renunciar a su cargo (o pedir licencia) para hacer política de forma libre y plena y ganar el ánimo de la gente.
Sin embargo, aun así, la legislación mexicana es muy restrictiva. Impide hablar con transparencia del tema so pena de ser sancionado. Por eso los aspirantes deben simular bajo eventos de partido, conferencias y actos a puerta cerrada.
La ley electoral debe cambiarse para estimular que haya una competencia abierta, pero sin usar recursos públicos. Pero mientras se cambia, la ley debe cumplirse.