Si los votos la favorecen, el mejor desenlace para Claudia Sheinbaum sería que sus adversarios le alcen la mano el 2 de junio. Que ella pueda encabezar —verdaderamente— el proceso de transición con un liderazgo propio que deje atrás la estridencia, salvo que ella quiera continuar la polarización de su jefe.
Si gana Xóchitl Gálvez, el mejor desenlace —que no va a ocurrir— es que su triunfo sea aceptado por el presidente López Obrador y por la candidata oficial. Y si ello no ocurre, que las autoridades electorales tengan la fortaleza —junto con las Fuerzas Armadas— para garantizar una transición de gobierno a pesar de los pataleos presidenciales.
La democracia se fortalece cuando hay aceptación de los resultados. Sin embargo, el ambiente electoral que vemos todos los días anticipa un escenario postelectoral conflictivo. Estamos a tiempo de evitarlo.
Las encuestas muestran hoy una ventaja significativa de la candidata de Morena. Y, sin embargo, López Obrador acusó la semana pasada que las autoridades electorales preparan un “golpe de Estado técnico”, eso es, según sus palabras, una suerte de fraude. Es el mundo al revés.
López Obrador, de forma cotidiana, ha gestado las condiciones de la elección más inequitativa de la historia moderna de México. Tres datos.
Uno, el intervencionismo abierto e inconstitucional de López Obrador en el proceso electoral. Ataca de forma constante a la oposición y a la candidata Xóchitl Gálvez —durante el verano de 2023 la acusó de delitos fiscales y exhibió los ingresos de sus empresas— y con ello le causó un daño irreparable de altas percepciones negativas. Asimismo, AMLO apoya sin tapujos la continuidad de su proyecto, cosa que él criticaba de otros presidentes cuando era candidato opositor.
Dos, la precampaña de Morena empezó dos años antes de las fechas legales. Y tres, los gastos erogados por las llamadas corcholatas y por la candidata oficial superan los topes legales de una precampaña y de una campaña combinadas.
Sorprende la falta de vigor de la campaña opositora frente a la inequidad de la contienda. Parece que no quieren incomodar a las autoridades electorales quienes podrían ser más innovadoras y contundentes para poner orden en la cancha del juego, a pesar de que sus atribuciones legales son limitadas.
López Obrador se queja más de las autoridades electorales que Xóchitl Gálvez a pesar de que ellas han sido complacientes y timoratas frente al abuso de la autoridad por parte del presidente.
López Obrador se vacuna, como siempre, con dos narrativas contradictorias pero útiles en caso de ser necesarias. Si gana, será a pesar de las autoridades quienes preparaban un fraude. Si pierde, será por el fraude que él ya había anunciado.
Pero volvamos al asunto medular. López Obrador ya se va y lo que importa es que México siga caminando y que la nueva administración pueda dejar atrás los pleitos ficticios y gestar un nuevo liderazgo presidencial incluyente y verdaderamente transformador, gane quien gane.
Supongo que Sheinbaum preferiría ser protagonista de su propia campaña: ser quien defina los temas de la conversación y la autora de las propuestas de futuro; también creo que querría ser la piedra angular del proceso de transición en caso de triunfar.
Debería haber una convocatoria a un gran pacto de legalidad de aquí al 1 de octubre, día de toma de protesta de la nueva presidenta de México. Un pacto que permita navegar a pesar de la estridencia presidencial. Un pacto que le robe protagonismo a la figura presidencial y que se lo transfiera a las candidatas presidenciales y a las autoridades electorales.
Que sea convocado por el INE y por el Tribunal Electoral y que sean invitados todos los partidos, las candidaturas presidenciales y las personas gobernadoras de todo el país.
Un pacto por la legalidad parece redundante porque todas las autoridades y partidos están obligadas a cumplir la ley, pero sabemos que eso no es así.
Tal pacto tendría una ventaja: exhibir a quienes se rehúsen a firmar y elevar el costo de vulnerar la ley en las próximas semanas. NO metería al redil a López Obrador, pero ayudaría a asignar responsabilidades de cara a un conflicto postelectoral que debemos evitar.
Quizá este sea un pacto de buena voluntad, pero es mejor que la ley de la selva en la que estamos metidos.