En México es necesaria una nueva reforma al esquema de pensiones para que una mayor cantidad de personas reciban pensiones superiores a la garantizada, que permitan una vida digna durante la vejez y que contribuya a que la formalidad sea aún más atractiva.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la pensión cubra el 100% del último salario de la persona trabajadora. Esta política, focalizada a las personas que menos ganan, podría revertir en cierta manera la reforma neoliberal de 1997 sin afectar a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
México cuenta con tres tipos de pensiones: 1) Las contributivas, donde la persona ahorra en una cuenta individual administrada por una Afore, y con esos recursos se jubila al alcanzar un periodo mínimo de cotización. Esto aplica a quienes entraron a trabajar a partir de 1997 (2007 para trabajadores del Estado).
2) Las no contributivas, donde las personas no tienen una cuenta individual, sino que desde un fondo común complementado con fondeo del Gobierno reciben una pensión acorde a ciertas características, como el salario promedio que recibió en los últimos años y la edad de jubilación (régimen de 1973).
3) La Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores (PBPAM), también no contributiva, tiene como característica principal que es universal, ya que todas las personas mayores de 65 años la pueden recibir, independientemente de si cotizaron o incluso si nunca trabajaron.
En 2020 se aprobó una reforma al régimen de 1997, ya que, en promedio, pocas personas se habrían pensionado, al exigir un número elevado de semanas cotizadas y con altas comisiones de las Afores. La reforma redujo el número de semanas necesarias para pensionarse, pasando de mil 250 a 750 en el primer año, aunque se irán incrementando hasta mil en 2030. Además, aumenta la cuota que aporta el sector patronal y hace una distribución de pagos tripartitos para que la suma de las aportaciones alcance 15 por ciento del salario base de cotización (antes era del 6.5 por ciento).
La reforma también modificó lo que se paga de pensión mínima; una vez que se cumple con la edad y el número de semanas cotizadas, dependiendo del ingreso, está en un rango de entre 4 mil y 8 milpesos mensuales. Finalmente, la reforma puso un tope máximo de cobro de comisiones que pasaron de 0.92 a 0.56 por ciento.
En este contexto, la reforma de alguna manera arregló el problema para las generaciones que empiecen a trabajar a partir del 2030, ya que tendrán tasas de reemplazo cercanas al 100 por ciento. Además, actualmente, las personas en el régimen de 1973 ya tienen tasas de reemplazo cercanas al 100 por ciento. Sin embargo, falta corregir a las personas que cotizamos con aportaciones muy bajas de 1997 a 2030; por lo que la propuesta del Presidente es sumamente importante.
La reforma mantiene las cuentas individuales y busca complementar para alcanzar el 100 por ciento de tasa de reemplazo, enfocándose en las personas trabajadoras con ingresos más bajos. Se utiliza el salario promedio del IMSS como un umbral para beneficiar más a quien gane por debajo de éste. Con esta focalización los costos fiscales no se disparan, el esquema no es regresivo, y es viable una pensión digna para todas las generaciones. Es importante mencionar que la reforma tiene contemplado beneficiar a todas las personas trabajadoras del Estado que no fueron parte de la reforma de 2020. Además, el subsidio para alcanzar el 100 por ciento sólo aplica para quienes alcancen el número de semanas estipulado en la ley y, al igual que la pensión garantizada, los recursos públicos se ejercen una vez agotado el ahorro de la propia persona.
Quienes ganan por abajo del salario promedio del IMSS tienen como garantía una pensión del 100 por ciento de su último salario, pero a quienes ganan más, se les garantiza el salario promedio del IMSS, que el año pasado fue de 16 mil 777 pesos.
Para hacerlo sustentable, es importante buscar fuentes de financiamiento. El fondo semilla que se propone en la reforma, según estimaciones de Conasami, el Infonavit, el IMSS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alcanzaría hasta el año 2040. Esto se debe a que, en los primeros años de la reforma, el número de jubilados es bajo. La presión fiscal más fuerte vendría en 2057. Es por eso que se plantea que el fondo se revise cada ocho años, siendo esta una bondad de su diseño, lo que permitiría que el Banco de México y la SHCP propongan cambios para mantener la solvencia del fondo y hacerlo sostenible.