En la Cámara de diputados discutieron durante 14 horas si la Guardia Nacional debe estar bajo la dirección del Ejército o de autoridades civiles del gobierno federal, del cual forma parte el ejército y la marina, o del gobernador de cada Estado.
Si leemos el artículo 21 de la Constitución dice en uno de sus párrafos: “Las autoridades de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Ese párrafo es el fundamento para quienes rechazan que sean las fuerzas armadas las que manejen la Guardia Nacional, aunque también ese párrafo dice “…disciplinado y profesional.” Esos requisitos solo los cumplen las fuerzas armadas.
Hay quienes pregonan: “Los militares a sus cuarteles”, y afirman que solo deben salir si nos ataca un país extranjero, lo que no sucede desde hace 108 años. Olvidan que entre las funciones del ejército está la de garantizar la seguridad interior, y su jefe máximo es un civil, el Presidente de la República (art. 11, Ley del Ejército y Fuerza Aérea, lo mismo en la Marina).
Aunque los presupuestos del Ejército y Marina juntos son 3.5 veces menores a las pérdidas de Pemex y CFE, es un desperdicio tener a los militares en sus cuarteles y que solo salgan a marchar el 16 de septiembre, mientras diversas partes del país son controladas por el crimen organizado, que en algunas zonas cuenta con mejores armas que el ejército y la marina, y tienen a su servicio a policías municipales y estatales, cuya única opción es la de “plata o plomo”, pues no cuentan con la capacidad para enfrentarse al crimen organizado.
El artículo 129 constitucional dice que en tiempos de paz el ejército no debe intervenir en la vida pública, en lo que estoy de acuerdo, pero nos preguntamos, hay paz y seguridad en Estados y municipios donde las policías municipales y estatales los rebasa el crimen organizado, que ha generado un récord de muertes, y existe una situación donde prevalece la extorsión y ejecución a quienes no pagan el derecho de piso.
Que el ejército y la marina combatan al crimen organizado y dirijan la Guardia Nacional no significa la militarización del país, aunque no deben utilizarse para otros fines, como construir el Tren Maya o sucursales del Banco del Bienestar, pues no son “mil usos”, pero son los más indicados y preparados para manejar la Guardia Nacional y rescatar la pérdida de seguridad interior en diversos territorios, donde los gobernantes ya no gobiernan, sino el crimen organizado.