En varios países iberoamericanos, como Chile a principios de los años 70, utilizaron a los militares para sostener un régimen corrupto, con políticas estatistas, un gran déficit presupuestal, deudas, inflaciones y devaluaciones. Ante esas políticas los militares tomaron el poder con el apoyo de la mayoría de la población, vea en internet, el estudio de mi autoría ¿Qué paso en Chile bajo el régimen socialista?, publicado a finales de 1972 por cisle.org.mx
En Venezuela, la táctica del gobierno del Maduro es corromper al Ejército. Les dio a administrar unas minas de oro y otras empresas, y no les pide cuentas.
En México, ante la corrupción de varios de sus colaboradores, el presidente López Obrador usa al Ejército para funciones que no son propias de las Fuerzas Armadas.
No estamos de acuerdo con que “el Ejército a sus cuarteles”, pues una de sus funciones es “garantizar la seguridad interna”. No es solo repeler una invasión externa, que hace más de un siglo no se da.
El Ejército mexicano es constitucional no caudillista, como el de Villa, villista; de Carranza, carrancista, y de Zapata, zapatista. El actual Ejército no es lopezobradorista, sino constitucionalista.
Construir el tren maya no es su función, ni administrar un aeropuerto, bienes inmuebles o controlar los permisos de las importaciones, que pueden ser militares en retiro, pero no en activo. La función de las Fuerzas Armadas es mantener la seguridad interna. La Guardia Nacional, con el mismo fin, debe estar bajo las órdenes del Ejército y la Marina, lo que no implica la militarización del país.
Es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas donde el crimen organizado rebasa a las policías municipales y estatales en personal, modernidad y calidad de armamento, y en preparación.
Aunque los presupuestos del Ejército y Marina juntos son menores que las pérdidas de Pemex y la CFE, tienen la obligación constitucional de garantizar la seguridad interna a los ciudadanos. No se debe limitar a las Fuerzas Armadas con la consigna de “abrazos y no balazos”, que nadie los quiere, pero a veces son necesarios para evitar que el crimen organizado tome el control de más territorio en el país.