Hace algún tiempo, esta columna afirmó que tendríamos una crisis fiscal de fin de sexenio. Me parece que el consenso entre expertos es que la crisis ocurrirá, pero hay dudas de la fecha. Muchos creen que será después de la elección de 2024, y le tocará al gobierno que sea elegido entonces. Debido a las dudas sobre las fechas, y al cuidado con el que las empresas calificadoras han evitado el tema, me propuse revisar los números con los datos del primer semestre de 2022, que se publicaron el viernes pasado. Ya lo hice.
Mi conclusión es que la crisis fiscal no ocurrirá en el futuro próximo. La crisis fiscal ya está con nosotros. Nada más falta que lo reconozcamos, pero ya no hay salida. Le ofrezco algunas cifras, pero para más detalles, lo remito a www.patreon.com/macariomx. Este análisis se publicará el domingo.
Una crisis fiscal, como la concibo, ocurre cuando el déficit en las finanzas públicas supera claramente 3 por ciento del PIB, con una trayectoria negativa, es decir, un déficit creciente en el tiempo. Puesto que México tiene una deuda pública muy cercana al límite razonable (dado el nivel de la recaudación), bastan tres años con ese nivel de déficit para complicar las cosas. En los últimos 18 meses hemos estado muy cerca de 3 por ciento, pero aparentemente sin problema. La razón, sin embargo, es una contracción extraordinaria en el gasto del gobierno.
Para poder evaluar adecuadamente, considero el gasto programable del gobierno federal, descontando las llamadas ‘operaciones compensadas’, que son las pensiones, y también las transferencias que el gobierno hace subrepticiamente a Pemex. Ese gasto, entre 2000 y 2018, promedió 10 por ciento del PIB. Es un gasto bastante pequeño, que impide ofrecer educación, salud y seguridad pública razonables a todos los mexicanos, pero es el que hemos tenido. Ahora, sin embargo, ese gasto está en 9.1 por ciento del PIB. El gobierno del presidente López Obrador ha decidido acabar con toda la gestión pública para poder ‘rescatar’ a Pemex sin que parezca que trae un desorden monumental en las finanzas. Para ello, ha reducido el gasto de Agricultura en 40 por ciento, de Comunicaciones y Transportes en 60 por ciento, de Economía en 80 por ciento. Como no alcanza, la caída también ocurre en procuración de Justicia (-15 por ciento), en Seguridad Pública (-35 por ciento), incluso en Educación (-12 por ciento). Sólo crece el presupuesto de sus caprichos (Energía, Trabajo, Bienestar y Tren Maya, digo, Turismo).
Para recuperar el nivel de gasto del gobierno habría dos opciones: eliminar las transferencias a Pemex, con lo que sería evidente que esa empresa ya no tiene remedio, o ser transparente con el déficit, que estaría rondando 4 por ciento del PIB. Lo primero haría a Pemex insalvable; lo segundo se llevaría el grado de inversión del soberano. En el fondo, es lo mismo.
Este año podría salvarse eliminando el subsidio a gasolinas y diésel, pero los siguientes ya no. Sin hacer nada, simplemente por la dinámica demográfica (pensiones), las deficiencias de Pemex y CFE, el gasto estructural, la inercia y el impacto de tasas de interés crecientes, el déficit público sería de 5 por ciento para 2023 y de casi 6 por ciento para 2024, simplemente manteniendo un gasto programable equivalente al promedio de 2000 a 2018, como le he comentado.
Para evitar que eso se vea, López Obrador está ahorcando toda la gestión pública, en algo que él califica de ‘pobreza franciscana’. Pagan salarios, pero prácticamente nada más. No hay papelería, no hay gasolina para los autos, no hay manera de que se cumplan funciones básicas del gobierno. López prefiere que el gobierno abdique de su responsabilidad, antes de asumir él la propia.
Entonces, ya no hay que esperar. La crisis está con nosotros. Su expresión tal vez sea diferente, pero eso es todo.