En dos semanas termina el periodo de precampaña. Después, vienen seis en las que no ocurre nada (en teoría), y las campañas inician formalmente el 1 de marzo, para terminar tres meses después con la elección el 2 de junio.
Estos plazos, como todos los anteriores, son una ficción, porque el gobierno mismo ha decidido no cumplir con ellos, ni con la ley o la Constitución. Aquel que se quejaba en todas sus campañas presidenciales por cualquier nimiedad, hoy actúa sin recato: compra votos con programas sociales, amenaza periodistas y medios, controla la información que recibe la mayoría de los mexicanos, promueve el voto a favor de su candidata y en contra de la adversaria. Todo lo que la ley prohíbe, se hace desde Palacio.
No tienen empacho en hacerlo porque saben que no se les aplicará la ley. Los organismos encargados de eso están bajo su control, así sea parcial: el INE y el TEPJF. Más aún, hacen uso faccioso de la ley para su beneficio, sea encarcelando al fiscal de Morelos o buscando a toda costa la permanencia de la fiscal de la Ciudad de México, o imponiendo una persona incapaz, pero leal, en la Suprema Corte. Insisto, no hay límite alguno.
Debido a ese accionar ilegal, les ha sido posible mantener niveles artificiales en las encuestas. El ‘cerco informativo’ que nunca enfrentó López, lo aplica ahora en su beneficio, es decir, en su intento de mantener el poder. Los tontos útiles de siempre lo validan, afirmando que no hacen otra cosa que ser imparciales.
Mientras el gobierno entero se concentra en servir al enfermo, la gobernabilidad se derrumba. Las masacres ocasionales de las que se reía hace algunos años son ahora fenómenos diarios. El crimen controla cada vez más territorios, impone tributos, aplica sus reglas: se convierte en un Estado paralelo.
En suma, estamos en guerra. El gobierno contra la sociedad, a la que no quiere pedirle opinión; el crimen contra la sociedad, de la que quiere extraer tributos. Gobierno y crimen no se enfrentan, porque aparentemente tienen objetivos distintos. No es así, y eso será evidente en muy poco tiempo. Cuando se enfrenten, podremos constatar que la destrucción institucional y la distracción de los militares no han sido buenas ideas.
Muchos seguidores del mesías creen que lo único que está ocurriendo es un cambio de régimen, de una ineficaz democracia burguesa a un movimiento popular transformador. No han podido entender que el fortalecimiento personal ha implicado el debilitamiento estructural. No se dan cuenta de que nada está funcionando como debería. Apenas la inercia permite que el SAT siga cobrando y el sistema financiero funcione. Miles de empresas no han podido cobrar al gobierno sus servicios; las aduanas se han convertido en un obstáculo; millones de mexicanos que se instalaron en la economía informal para no pagar impuestos, pagan ahora tributos. Pemex opera, sin pagar a proveedores, gracias a mil 500 millones de pesos que se le transfieren cada día. Comisión no tiene líneas de transmisión para soportar un incremento menor en la demanda.
Pero los medios reproducen la mañanera, celebran inauguraciones ficticias, le encuentran virtudes a cualquier lagartija, porque temen perder su concesión. E insisten en que hay cosas buenas en este gobierno, pero no pueden salir del superpeso (que nos cuesta mil millones de pesos al día) y del salario mínimo, cuyo efecto en la masa salarial real, frente a los precios de alimentos, es de 0.5 por ciento anual. Con esos dos pírricos elementos defienden la destrucción del Estado. Que aproveche.
Le reitero, es la guerra. De un desquiciado megalómano, rodeado de ambiciosos incapaces, que no quiere que la sociedad exprese sus preferencias, y de un crimen organizado que ya ha reemplazado al Estado en buena parte del territorio. A ver cuánto podemos rescatar.