Claudia Sheinbaum es ya presidenta electa. El miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó la elección y certificó su triunfo. Obtuvo 60 por ciento de los votos, del 60 por ciento de los mexicanos que asistieron a las urnas, participación baja para una elección presidencial. Eso, de hecho, era uno de los elementos para tener dudas del resultado. Así como en 2021 el crimen organizado obstaculizó a la oposición en los estados del Pacífico, para favorecer a Morena en las elecciones locales, así parece haber ocurrido el 2 de junio pasado. No llegamos al 65, o incluso 68 por ciento que algunos esperaban.
Por otro lado, los magistrados (no en su totalidad) hicieron caso omiso de los tres años de campaña, financiados desde el gobierno, así como de la participación de los siervos de la nación, también pagados con nuestros impuestos, que se dedicaron a difundir la idea de que si no ganaba Claudia, los ciudadanos perderían becas y pensiones. Tampoco tomaron en consideración la participación, franca y abierta, de López Obrador en el proceso, violando la Constitución. Mucho menos podrían entonces haber entrado en detalles como evidenciar la propaganda negativa, la violación al secreto fiscal o la descalificación continua de ese ente que él llamaba PRIAN.
Asuntos subjetivos, como la sorpresa que causaron los resultados la misma noche de la elección, incluso entre los líderes de Morena, o la ausencia de cualquier tipo de festejo, no podrían ser elementos de análisis de los magistrados. Mucho menos si los datos objetivos los pasaron por alto sin ninguna dificultad. No en balde habían desplazado a Reyes Rodríguez de la presidencia del tribunal y acosado a Janine Otálora. Los otros tres magistrados, mayoría en ese tribunal tullido, eran parte del arreglo, como lo fueron la consejera presidenta del INE y otros cuatro consejeros, que debilitaron al instituto incluso en capacidad organizativa.
Difícilmente actuarán distinto en la calificación de la elección de diputados y la conformación de la cámara. De lo que se trataba, y está en proceso de consumarse, era de dar un golpe a la democracia desde el poder para hacerlo propio. En dos semanas se instalará la nueva legislatura, y procederá a eliminar las pocas instituciones que habían logrado soportar un sexenio de destrucción.
Formalmente, inicia el cierre del proceso electoral, y con él, de una época en la historia de México. Breve tránsito por la democracia de un país que ha vivido la mayor parte de su historia bajo la violencia o bajo el autoritarismo. No parece haber enraizado, porque rápidamente se acomodan a la nueva realidad casas encuestadoras que hasta mayo medían la popularidad del Presidente apenas encima de 50 por ciento, y de golpe se les ha multiplicado; los medios de comunicación que aprovechan para refrescar sus firmas; los firmantes mismos, que le van encontrando virtudes a la científica.
Hay que cerrar también cualquier discusión acerca del proceso, sin olvidar el papel que cada uno cumplió en él: traidores, esquiroles, de brazos caídos. Pero las elecciones ya son ‘verdad histórica’, como gustan decir a los hechos jurídicos consumados.
A partir de ahora vivimos en un régimen (formalmente) autoritario, con inclinaciones aislacionistas, que redundará en una economía extractiva y no productiva. Hace cincuenta años, con menos de la mitad de la población actual, eso nos llevó a la miseria. Ahora no será diferente.
Los derechos desaparecen para regresar a las ‘garantías’ que ese Estado autoritario ofrezca; las oportunidades económicas estarán asociadas a la cercanía con el poder. Sin embargo, no hay que menospreciar las tensiones al interior del informe grupo que se ha hecho del poder. Arribistas, nacionalistas, izquierdistas, informales, ilegales y criminales tendrán que encontrar un equilibrio de fuerzas, no siempre de manera pacífica. Ah, y habrá dos árbitros.