El nuevo libro “El Rey del Ca$h” de Elena Chávez no debe ser motivo de escarnio, o de descalificaciones de género, o de quejas por el buen o mal timing de la publicación. Es una historia que no es nueva y que hemos visto, oído y leído varias veces, con diferentes protagonistas, en distintos momentos. Hay quien piensa que el protagonista del libro es el Presidente de la República. Yo no. El protagonista es el ca$h.
Mi amigo Juan Pardinas tiene muchas frases memorables, soundbytes, como les dice él. Quizá la mejor es “El efectivo es a la corrupción lo que el agua a la navegación”. La corrupción de montos pequeños, medianos y grandes entregados a oficiales, funcionarios y políticos en efectivo, no es posible sin la existencia del ca$h, entendido éste como el dinero fiat anónimo, impreso en papel algodón por la banca central, cuyo cambio de manos no es rastreable.
Por ello, creo que la Ley Monetaria debe reformarse a fondo. La citada ley data de 1931, y no tiene reformas respecto a cómo limitar el uso del efectivo. Simplemente le da “poder liberatorio ilimitado”. Ese eufemismo es lo que los americanos llaman “válido para pagar todas las deudas, públicas y privadas”.
En 2012, el Congreso promulgó y el presidente Calderón firmó la ley para prevención de lavado de dinero, en la cual se establecen los límites que pueden tener ciertas operaciones, y también se definen qué operaciones son susceptibles de usarse para lavar recursos de procedencia ilícita.
Desafortunadamente, en esa lista de actividades hay un montón de límites para los particulares, no así para el Estado y los partidos políticos. Claro, los individuos que militan en partidos, o que coordinan finanzas de campañas, o que compran votos, pueden ser sujetos de sanciones por usar efectivo; pero, si pescan a un funcionario público, o miembro de partido político, moviendo maletas de ca$h, casi nunca pasa nada.
Las restricciones para el uso de efectivo deberían ser para el Estado, no para los particulares. El problema de que me pesquen con millones y aquello sea competencia de la FGR es que tengo todos los incentivos a matar, robar, incendiar y pillar para que no me incauten el 100 por ciento de los recursos, y evitar la cárcel. Si en vez de procesarme penalmente, me pusieran un impuesto alto (digamos al 50 por ciento), los incentivos cambian. Usaría mi cuenta bancaria en vez de ca$h.
Un político o funcionario con ca$h raramente pisará la cárcel (¡Hola, Rosario Robles!) porque esos recursos se usan para mantener el sistema de corrupción e impunidad que permiten la compra de votos y del poder del Estado. Por otro lado, si yo presto dinero a otros sin ser entidad financiera regulada, seguro me van a quitar todo y caeré en el reclusorio. La solución sería: déjame competir por una licencia bancaria, ponme una tasa razonable en lo fiscal si soy ente regulado, y en caso contrario, que la Nación me lo demande en ca$h, no en tiempo tras las rejas.
Obviamente, si se prueba que mi dinero viene del latrocinio, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, prostitución, o cualquiera de los deportes nacionales descritos en el código penal, tendré que recibir un castigo por esa vía. Pero la simple posesión de recursos en ca$h no debería estar penada para los particulares, porque a los políticos y funcionarios no les pasa nada si hacen lo mismo. La ley viola el supuesto de igualdad jurídica al que debemos estar sujetos todos los mexicanos. La ley presupone culpabilidad, no inocencia, solamente por tener ca$h.
La ley debe imponer límites al Estado, y dar libertades a los particulares. La administración pública en México tiene principios jurídicos compatibles con esta filosofía. A los ciudadanos privados se nos permite todo lo que no esté expresamente prohibido por las leyes. A los funcionarios públicos se les permite solamente aquello que las leyes indiquen que pueden hacer dentro de sus atribuciones.
El uso de ca$h debe estar prohibido para el Estado y los partidos, y debe ser libre para los ciudadanos. Hay métodos para castigar delincuentes menos costosos para la sociedad que la presunción de que todos somos delincuentes porque tenemos patrimonio, o prestamos dinero, o compramos un inmueble en ca$h. Mientras las libertades sean para los aristócratas de la política, y no para los ciudadanos, seremos un país injusto como las monarquías totalitarias del S. XVIII. Si no queremos desenlaces violentos como los de esos regímenes, debemos llevar el poder a la gente; no mantener a poca gente en el poder a través del ca$h.