Hace unos días, al sur del Estado de México, los pobladores de Texcatitlán se enfrentaron a una célula de La Familia Michoacana. Las cifras de muertos varían según la fuente. El Financiero dijo que fueron diez los criminales abatidos. Otras fuentes, como El País, señalaron 11 criminales asesinados y tres pobladores. Los números indican que fueron los pobladores quienes ganaron. Los criminales, quienes presuntamente buscaban cobrar “piso”, se veían en los videos con camionetas blindadas, pistolas y armas semiautomáticas, equipo de protección táctico y vestimentas tipo militar. Los pobladores, algunos con rifles, otros con machetes y guadañas, los superaron en número. Al linchamiento siguió la inmolación con gasolina de los perpetradores. Las imágenes son muy fuertes, y le sugiero que no las vea. No es por el tono rubí de la nota que le escribo hoy sobre este tema. Mis razones van más abajo.
La ley de armas de fuego y explosivos mexicana, es un instrumento legal mal diseñado y obsoleto. También lo son los códigos penales locales y federal. México necesita una reforma regulatoria, que permita a los particulares el derecho a la defensa de su vida, familia y patrimonio. Con “defender el domicilio”, como expresa el artículo 10 constitucional, no basta. Los mexicanos necesitamos leyes que nos permitan cargar abiertamente con elementos materiales de disuasión criminal; entre ellos, con armas de fuego. Los necesitamos en nuestra vida diaria, en zonas rurales o urbanas, de día o de noche; no guardados en una casa ni vendidos por la Sedena a precios exorbitantes y sujetos a restricciones.
Lo más importante es hacer reformas a los códigos penales. Usted hoy no puede cargar con gas lacrimógeno, y seguramente cargar con una navaja o cuchillo le traerá problemas. La ley llega al extremo de impedirle que construya un arma con un cuchillo de cocina, mecate y un palo de escoba. Sin embargo, los grupos criminales, como los que extorsionan en distintos lugares de nuestra geografía, poseen equipo de grado militar.
El calibre de la bala en México determina la competencia y jurisdicción de los asuntos penales donde hay balazos, heridos o muertos. Eso no debe ser así. Tendría que ser responsabilidad de la primera autoridad que conoció de los hechos, y todas las demás que tengan competencia en el asunto, deben sumarse a las causas penales. Los funcionarios públicos, al más alto nivel, tendrían que reducir la incidencia de los crímenes violentos, especialmente de los homicidios. Debe haber responsabilidad penal para el funcionario que, por acción u omisión, por exceso de abrazos y falta de balazos, genere un aumento en la tasa de homicidios.
En lugar del monopolio de Sedena, necesitamos una norma oficial mexicana para las armas de fuego, que incluya dispositivos de geolocalización y notificación vía celular e internet a las autoridades cuando el arma se dispare. Necesitamos fiscales especiales a nivel municipal y estatal en materia de homicidio, elegidos por voto popular (ahí sí, AMLO; no en la Suprema Corte). Queremos justicia expedita. El costo de la justicia debe cobrarse a las partes. El expediente debe ser digital. El sistema debe privilegiar la verdad, como en los sistemas legales anglosajones. No más concursos judiciales de mentiras, de nuestra tradición legal árabe-hispana. Hay que darle ventajas procesales a quien denuncia. Es indispensable tener arreglos fuera de juicio entre los abogados de las partes y los fiscales. El ministerio público debe trabajar para el fiscal, no para el juez, y tiene que someterse a concursos de oposición periódicamente.
Todos los abogados de México deberían donar tiempo probono. Aquellos que sean más solidarios, y rebasen su cuota probono, deberían tener ventajas de celeridad procesales. La cárcel debe sustituirse por una tobillera electrónica. Al violento enviémoslo con su mamá; no lo juntemos con otros.
El servicio militar debe ser para todos, varias veces en la vida. Los soldados deben instruir a cada persona mexicana mayor de edad en el uso de armas de fuego. Incluso, un sistema como el suizo, en donde haya “un soldado en cada hijo”, como dice nuestro himno nacional, debería ser la norma. Sujeto a controles de confianza, pruebas psicométricas y entrenamiento en armas de fuego, la gente debería ganarse su privilegio de usar y cargar armas.
Echemos a andar una organización de la sociedad civil enfocada a influir en la legislación, con capítulos estatales, para que esto ocurra. ¿Quién se apunta?
El autor es asesor en Agon Economía Derecho Estrategia, Consejero MUCD