En el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el 20 de julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México respecto a varias medidas que, en su opinión, favorecen a la CFE y a Pemex, dañan a las empresas estadounidenses en el sector energético y, por tanto, incumplen con lo estipulado. Al día siguiente, Canadá envió una petición semejante.
El reclamo de Estados Unidos lista cuatro grupos de disposiciones de la actual administración de México, que atañen a diversas actividades en ese segmento industrial.
Primero, la modificación de la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, que da prioridad a la CFE en el despacho de electricidad dentro de la red de energía.
Segundo, el manejo de permisos e impedimentos para operar instalaciones de energía renovable; importar y exportar electricidad y combustible; almacenar y transportar combustible; y construir y operar estaciones de combustible al menudeo.
Tercero, la prórroga de cinco años a Pemex para cumplir con la exigencia de un máximo contenido de azufre.
Cuarto, el requerimiento de que los transportistas de gas natural se abastezcan de la CFE o de Pemex, así como las restricciones a la importación de ese insumo.
Desde el punto de vista estadounidense, estas acciones violan diversos artículos del TMEC, que obligan a otorgar un trato nacional y no menos favorable a los bienes, servicios e inversiones de los países socios, excluyen las prohibiciones a importar y exportar, y exigen imparcialidad en las leyes y regulaciones.
Las consultas constituyen una primera etapa dentro del mecanismo de resolución de controversias previsto en el TMEC, orientada a llegar a un entendimiento.
En caso de que las pláticas no sean exitosas, la parte demandante puede solicitar la conformación de un panel independiente que resuelva la polémica. Si este órgano encuentra violaciones, la parte demandada debe corregirlas y, en caso de no hacerlo, los afectados pueden suspenderle los beneficios del tratado por el monto del daño, en la forma de aranceles u otros obstáculos al comercio y la inversión en cualquier sector.
Este tipo de inconformidad tiene precedentes dentro del TMEC. Estados Unidos usó el mecanismo contra Canadá sobre la aplicación de compromisos en materia de cuotas canadienses a los productos lácteos, y México y Canadá abrieron el procedimiento contra Estados Unidos respecto a la ejecución de las reglas de origen del sector automotor, que se encuentra en la fase de panel.
Si bien esta y otras clases de querellas han surgido en los dos años de vigencia del tratado, la iniciativa contra México muestra características peculiares. A diferencia de otros casos en que el desacuerdo se ha enfocado a interpretaciones técnicas sobre pocos puntos, la presente impugnación abarca una amplia gama de disposiciones.
Tales medidas forman parte de la política energética, que representa un pilar central del enfoque del presente gobierno. El alcance y la materia de las diferencias complican las perspectivas de un acuerdo.
El proceso contra México puede afectar significativamente a las partes en conflicto, al implicar la dedicación de recursos humanos y financieros, por un periodo potencialmente largo, para atender sus divergencias.
Más importante resulta el hecho de que en ausencia de un arreglo, todos los países pierden: el que impone sanciones, porque perjudica a sus consumidores con precios más altos de productos, y el castigado, porque restringe la producción y el empleo. Los daños se magnificarían si, como ocurre con frecuencia, el país sancionado responde con medidas semejantes. La guerra comercial configuraría un escenario desastroso para el funcionamiento del TMEC.
En tales circunstancias, el país más dañado sería México. En importante grado, nuestra economía se ha desarrollado gracias a la estrecha integración con la de Estados Unidos y, de esta manera, con la del mundo, lo que ha impulsado la trasferencia de tecnología y la modernización de los métodos de producción. El debilitamiento del TMEC disminuiría las posibilidades de estos efectos positivos.
El problema de fondo radica en las políticas públicas de México, caracterizadas por un sinnúmero de obstáculos en múltiples áreas, no solo la energética, que afectan tanto a participantes nacionales como extranjeros.
El costo social de esas trabas consiste en la renuncia a un mayor avance económico, aspecto invisible que suele ignorar la complacencia gubernamental. Dada la continua vulneración al Estado de derecho, el TMEC constituye una de las pocas instancias que ofrece certidumbre a los inversionistas. En lugar del crecimiento de las empresas estatales, el gobierno debería buscar el crecimiento de la economía.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).