Para la decisión monetaria que anunciará mañana, el Banco de México (Banxico) se enfrenta, al menos, con dos realidades incómodas.
Por una parte, en mayo de 2023, la inflación subyacente anual, que excluye los componentes del INPC más volátiles, y, por tanto, apunta la tendencia del crecimiento de los precios a mediano plazo, fue 7.4 por ciento, sólo 1.1 puntos porcentuales menos que su máximo reciente, ocurrido seis meses antes.
Por otra parte, los indicadores sobre la inflación esperada del público sugieren una falta de credibilidad de la política monetaria. Las medianas de las expectativas de inflación para 2023 y 2024, contenidas en la encuesta de especialistas recabada por el Banxico, superan las proyecciones de este instituto central. En particular, los analistas esperan que la inflación a finales de 2024, lejos de convergir al objetivo como lo estipulan los pronósticos oficiales, se ubicaría por arriba del intervalo de variabilidad en torno a la meta.
Peor aún, según el Informe Trimestral (IT) del Banxico publicado a finales de mayo pasado, las expectativas promedio de inflación de mediano y largo plazos, calculadas por este instituto central a partir de instrumentos de mercado, subieron desde 2021 y no han disminuido.
Si bien el sostenimiento de una postura restrictiva conduciría tarde o temprano la inflación al objetivo, tal política requiere llevarse a cabo. La limitada reducción de la inflación subyacente y, sobre todo, las expectativas de inflación elevadas parecerían cuestionar la disposición para esa perseverancia. El escepticismo podría estar propiciado por la falta de claridad en la comunicación del Banxico.
En años recientes, este banco central ha trasmitido sus mensajes institucionales casi exclusivamente mediante sus publicaciones. Al abarcar otros temas, estos documentos suelen quedarse cortos en desplegar, con suficiente contundencia, las intenciones de la Junta de Gobierno (JG) respecto a su compromiso con la estabilidad de los precios.
Por ejemplo, en el Anuncio de Política Monetaria de mayo pasado, la JG mostró su intención de “mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un período prolongado”, pero ni ahí ni en el posterior IT, reveló qué haría si, como apunta este último, la inflación subyacente presentara una mayor persistencia, lo cual “implicaría un escenario aún más adverso para la inflación que el pronosticado”.
La claridad del mensaje institucional no mejora mucho con las minutas. En éstas predominan los desacuerdos en aspectos fundamentales, como poner en duda la existencia de presiones inflacionarias internas, a pesar de la aceleración de la inflación subyacente de servicios, y considerar “aventurado” plantear una postura restrictiva para todo el horizonte de la política monetaria, aunque, según los pronósticos oficiales, es hacia el final de éste cuando se lograría la convergencia inflacionaria al objetivo.
Lo que ha hecho falta es la presencia predominante de la gobernadora, quien, según la ley, es la vocera de la institución. Sus intervenciones personales se han limitado a algunos foros, como las comparecencias ante el Senado de la República, y no necesariamente se han enfocado en la política monetaria.
En su lugar, un miembro de la JG ha tomado el liderazgo, participando de forma intensa en auditorios y medios diversos, lo cual se ha confundido indebidamente con la posición oficial. A pesar de que deberían ser a título personal, con frecuencia sus declaraciones han buscado interpretar e incluso anticipar las decisiones de este órgano colegiado.
Por ejemplo, recientemente ha señalado que la intención de mantener la actual tasa de interés de referencia en 11.25 por ciento significa que aplicará, al menos, en las siguientes tres decisiones, por lo que podría iniciar el ciclo de recortes en noviembre de 2023. Estas interpretaciones contrastan con las posturas de otros miembros de la JG que, según la minuta, consideraron prematuro e, incluso, incompatible con la convergencia hablar de recortes.
El vacío de la comunicación institucional no se llena invitando a igualar el activismo en medios de los miembros de la JG. La cacofonía no es la solución. Independientemente del derecho que todos tienen de expresar sus opiniones personales, la participante central debería ser la vocera del Banxico.
En particular, correspondería a la gobernadora ofrecer una conferencia de prensa, después de las decisiones de política monetaria, para esclarecer la visión compartida de la JG. Ante la aparente falta de credibilidad de la política monetaria, entre otros aspectos, convendría que aclarara si, en realidad, el Banxico está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para procurar la convergencia permanente de la inflación al objetivo.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).