Durante la primera mitad de 2023, las finanzas públicas continuaron reflejando la postura de la actual administración de procurar la contención del desequilibrio fiscal.
Respecto al programa, el déficit presupuestario fue menor, como resultado de un ajuste a la baja en el gasto, el cual contrarrestó sobradamente la falta de ingreso. Al menor déficit contribuyeron tanto el gobierno federal como la CFE, el IMSS y el ISSSTE, siendo Pemex la única excepción, y cuyo desequilibrio rebasó, por mucho, el proyectado.
La limitación del déficit presupuestario, aunado a la recuperación de la economía mexicana, resultó en una mejoría de la situación financiera del sector público. Por ejemplo, en junio de 2023, el concepto más amplio de deuda pública neta se ubicó en 45.8 por ciento del PIB, proporción inferior a la de los tres años previos.
Si bien muchos analistas suelen interpretar los indicadores favorables de balance y endeudamiento del sector público como reflejo de una política fiscal “prudente”, las finanzas gubernamentales siguieron exhibiendo debilidades y desafíos.
Durante enero-junio de 2023, las fragilidades se manifestaron tanto en los ingresos como en los gastos. Así, respecto a igual lapso del año anterior, los ingresos del sector público se contrajeron 1.6 por ciento en términos reales.
Con base en la clasificación más general, la caída de recursos provino de los ingresos petroleros. Esta merma reflejó los menores precios del petróleo y tipo de cambio, pero también la prolongación del descenso en la producción de petróleo sin condensados. El deficiente desempeño operativo de Pemex continuó representando una restricción estructural de los ingresos públicos.
Aunque, durante el periodo de referencia, los ingresos no petroleros se incrementaron en términos reales, su principal componente, los ingresos tributarios, se redujo, si se excluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de combustibles. En otras palabras, el aumento de los ingresos tributarios se debió exclusivamente a los menores subsidios otorgados por el gobierno para “estabilizar” el precio de los energéticos. En un ambiente de reanimación económica, la estructura de los ingresos tributarios no mostró una fortaleza clara.
Los cuestionamientos a las finanzas públicas pueden ser más serios si se examina la distribución del gasto público, sobre todo a la luz de las tareas supuestamente asignadas al Estado.
Durante el período de referencia, el gasto total de sector público aumentó, en términos reales anuales, 3.7 por ciento. Este incremento reflejó, exclusivamente, la expansión del costo financiero de la deuda, como resultado de las mayores tasas de interés, ya que el “gasto primario”, definido como el gasto total menos ese costo, exhibió un virtual estancamiento.
Por su parte, el gasto programable, principal componente de los desembolsos totales, se contrajo 0.9 por ciento en términos reales. Dentro de la clasificación funcional de estas erogaciones, uno de los rubros más importantes que resultó inferior respecto tanto al programa como al año anterior fue el referente a salud. Esta deficiencia es preocupante si se toman en consideración las cuantiosas carencias en materia de atención médica y suministro de medicamentos en los sistemas públicos de salud.
La asignación ineficiente de recursos se confirmó, además, con el hecho de que el gasto dedicado a combustibles y energía, representó 1.2 y 1.6 veces el orientado a educación y a salud, respectivamente.
Dentro de la composición administrativa del gasto, destacó la reducción real anual de 1.2 por ciento para los ramos autónomos, con una contracción importante del destinado al INE y un estancamiento del aplicado al Poder Judicial. La “austeridad” en estos renglones parece corroborar la intención de debilitar instituciones clave para el funcionamiento de la sociedad y la economía.
Dentro de la categorización económica del gasto, sobresalió el incremento real anual de 12.1 por ciento de la inversión física directa. Si bien la inversión pública tiene el potencial de apoyar el crecimiento futuro de la economía, es probable que, en el mejor de los casos, su contribución sea reducida, a juzgar por la dudosa rentabilidad productiva y social de los proyectos emblemáticos oficiales, los cuales concentraron la mayor parte de las erogaciones gubernamentales de capital.
Finalmente, las finanzas públicas enfrentan ingentes presiones de gasto, si se tienen en cuenta, al menos, tres grandes realidades: la creciente inseguridad, que requiere un fortalecimiento drástico de la procuración de justicia; el envejecimiento de la población, que conlleva explosivos requerimientos de atención sanitaria y de pensiones; y el rezago educativo, que demanda un mejoramiento a fondo del sistema escolar.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).