El pasado 31 de octubre se publicó el decreto de reforma constitucional que establece la inimpugnabilidad de adiciones y cambios a la Constitución Política de México.
Esta reforma, referida por sus promotores como de “Supremacía Constitucional”, tiene dos componentes. En primer lugar, modifica dos artículos de la Constitución para excluir la posibilidad de usar tres mecanismos de impugnación a variaciones constitucionales.
Específicamente, para las adiciones o reformas a la Constitución, se declaran como improcedentes las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, las cuales son juicios promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta resuelva si un asunto transgrede la Constitución, con el objetivo de preservar el orden constitucional. Tiene la particularidad de que son originados por poderes, entidades gubernamentales y partidos políticos.
Además, se determina la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. El juicio de amparo es el medio con el que cuentan las personas para protegerse ante tribunales contra violaciones de derechos consagrados en la Constitución por parte de las autoridades.
En segundo lugar, un artículo transitorio establece la retroactividad de estas disposiciones, las cuales deberán regir la resolución de “los asuntos que se encuentren en trámite”.
La reforma tiene consecuencias negativas para la democracia y la economía. Desde el ángulo democrático, los cambios invalidan al Poder Judicial como contrapeso, al limitarle el ejercicio de su misión de verificar la constitucionalidad de las acciones de los otros dos poderes.
Al parecer, la reforma buscó “blindar” la Reforma Judicial (RJ) aprobada en septiembre pasado, cuyas controversias originaron varias suspensiones por parte de jueces federales y, recientemente, la admisión de la acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN promovida por algunos partidos políticos.
Con anterioridad, en ambos casos, la presidenta Sheinbaum, así como los líderes de Morena y sus aliados habían negado la facultad del Poder Judicial para resolver sobre la constitucionalidad de la RJ. Con la nueva reforma, la administración y su partido buscaron hacer “legal” el desconocimiento de las sentencias judiciales. El desacuerdo entre el Poder Judicial y los otros dos Poderes presenta el riesgo de desatar una crisis constitucional, que dejaría al sistema jurídico en una situación de grave debilidad.
Más allá de la RJ, la reforma de inimpugnabilidad abre la puerta a futuros abusos del partido en el poder en la forma de cambios constitucionales, los cuales podrían abarcar, entre otros, regresiones en materia de derechos humanos y propiedad privada.
Desde el ángulo económico, la reforma reciente amplifica notablemente la incertidumbre sobre las “reglas del juego”, por encima de la generada por la RJ. Estas dos reformas ahondan la fragilidad del Estado de derecho característica de México e incrementan los riesgos para las decisiones empresariales y de las familias.
Para su cabal funcionamiento, una economía de mercado requiere, entre otras condiciones, seguridad en la propiedad privada, libertad de elegir y competencia. Las dos reformas constitucionales abren la posibilidad de restricciones arbitrarias a estos elementos, lo cual alejaría a México, aún más, de una economía sustentada en los mercados, y lo acercaría a una basada en la intervención gubernamental.
En ese entorno, es probable que las empresas y los particulares decidan dedicar una mayor parte de su tiempo y sus recursos a desarrollar “buenas relaciones” con las autoridades, con el fin de obtener beneficios.
Este sistema, caracterizado por la “búsqueda de rentas”, presenta serios inconvenientes: es ineficiente porque sacrifica recursos productivos para conseguir favores gubernamentales; es injusto porque no trata a todas las empresas y personas de forma igual frente a la ley; y es regresivo porque los más favorecidos son los que poseen más recursos para realizar “arreglos” con el gobierno.
En tal economía, el éxito no se deriva de la productividad, la innovación y la capacidad de proveer los mejores bienes y servicios al consumidor, precondiciones para la expansión sostenida de la economía, sino por la cercanía con el gobierno. En lugar de la competencia con reglas equitativas prevalecería el “capitalismo de cuates”.
La presente administración está a tiempo de corregir el rumbo de sus decisiones, para fortalecer el Estado de derecho y garantizar las condiciones que conducirían a una prosperidad económica verdaderamente compartida.