Después de varias semanas de intercambios de opiniones jurídicas y políticas, por acuerdo mayoritario del pasado 21 de octubre, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores tomó una decisión, en mi opinión, correcta, dándole reconocimiento formal a lo que de facto ya existía, la agrupación autodenominada Grupo Plural.
Más allá de los preceptos legales y reglamentarios, la Jucopo sustentó su decisión en el imperativo de mantener y dar cauce a la pluralidad de las distintas corrientes políticas, a las libertades de agrupación e individual de las y los senadores para que trabajen en la consecución de los fines políticos e ideológicos que correspondan. Bien por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Se trata de un acuerdo histórico dado que es la primera vez que se da reconocimiento a una agrupación de estas características que, si bien no le otorga el rango de grupo parlamentario, por regulación expresa tanto de la Ley Orgánica del Congreso como del Reglamento del Senado, sí garantiza la libertad de expresión, de las y los cinco senadores. No tendrán acceso a recursos públicos como las bancadas ya constituidas, pero sí a los que corresponden a su investidura, pudiendo formar parte de comisiones sin poder presidirlas y tendrán representación con derecho solo a voz en los órganos de gobierno de la Cámara.
La trascendencia del Grupo está en la posibilidad de construir mejores circuitos de deliberación de los temas legislativos que son competencia de la Cámara alta. No se trata de ser una oposición a ultranza, de rechazar sin más las propuestas del grupo parlamentario de la mayoría o las provenientes del gobierno, sino de buscar que la emisión de leyes se dé con los sustentos teóricos y fácticos que correspondan, que haya análisis y debate con argumentos, datos y diagnósticos técnicos y que el Senado no sea una caja de resonancia del Ejecutivo.
El reconocimiento al pluralismo político debe darse en todos los órganos deliberativos del país y debemos asumirlo como un reconocimiento expreso a la diversidad y considerarlo como un componente esencial de nuestro entorno democrático. Construir un diálogo permanente y productivo entre legisladores que cumplen un mandato popular debe ser un desiderátum que, de alcanzarlo, nos podría llevar a evitar, por ejemplo, los bochornosos incidentes vividos en la Cámara de Diputados, a propósito de la reciente discusión y aprobación de la Ley de Ingresos para 2022.
El fortalecimiento de nuestra democracia exige de consensos que solo se lograrán con respeto real a la diversidad de valores y posturas políticas que deben deliberarse para llegar a acuerdos en lo fundamental, erradicando enfrentamientos estériles. Lograr un debate informado que genere beneficios tangibles a la sociedad no es tarea única del Grupo Plural, pero sí misión urgente en la que sus integrantes deben empeñar su esfuerzo y en la que deben demostrar la autenticidad de los compromisos ya expresados para defender la posibilidad del Grupo en los días anteriores.
Ser plurales y defender los puntos de vista propios en democracia no significa ser una encarnación demoníaca para el partido mayoritario ni para el gobierno, menos aún, un obstáculo insalvable en la construcción de acuerdos parlamentarios, todo lo contrario. Como ciudadanos, aspiramos a la existencia de una auténtica división de poderes que permita la defensa de los derechos de las personas y el funcionamiento armónico de la democracia en nuestro país. Veremos qué sucede y qué rol jugará el Grupo Plural.